El secretario general del Sindicato de Obreros de la Industria de la Madera de Posadas (SOIMP), Agustín Báez, advirtió en Radio Up que la situación de los trabajadores del aserradero Linor no cambió a seis meses del cierre. El dirigente reclamó a la jueza y al síndico la liberación del fondo embargado en el Banco Macro de Apóstoles para que los operarios comiencen a cobrar.
Báez precisó que el juzgado comercial de Posadas solicitó que ese fondo pase a una cuenta judicial. "Quedamos a la espera de que eso sea liberado", señaló el sindicalista, quien aclaró que el monto es reducido, pero permitiría que los trabajadores perciban una parte de lo que se les adeuda. La empresa fue desmantelada y el sindicato realizó la denuncia correspondiente.

El dirigente apuntó a una mala fe prolongada del titular de la firma, Juan Carlos Lorenzo. Recordó que el SOIMP advirtió durante años sobre las retenciones de aportes, en especial los destinados a la obra social. "La empresa no pagaba", afirmó Báez, y agregó que la investigación sindical reveló un listado de juicios que anticipaba una situación compleja.
Báez describió el desmantelamiento del aserradero. Relató que tras el cierre la empresa mantuvo seguridad apenas diez o quince días y luego la abandonó, y que los propios trabajadores alertaron sobre el ingreso de personas para sustraer cables, motores y transformadores. "Nada sirve cuando ya las cosas fueron sustraídas", lamentó.
El secretario general del SOIMP sostuvo que los trabajadores atraviesan una situación crítica. "No tienen ni un paquete de arroz en la casa", afirmó, y recordó que la cosecha de yerba mate terminó en septiembre y que en Azara no hay changas. Los más jóvenes migraron a Brasil y a empresas de Corrientes, mientras un grupo armó un comedor comunitario con colaboración sindical.
El cierre dejó en la calle a unos 130 trabajadores, entre 99 registrados y cerca de 30 informales, que aún esperan tres quincenas, aguinaldos, vacaciones e indemnizaciones de hasta 15 millones de pesos según la antigüedad. La Justicia elabora un informe laboral individual para garantizar la prioridad de cobro en el remate y los operarios subsisten con un seguro por desempleo de alrededor de 300.000 pesos.
Báez reclamó al síndico y a la jueza que liberen el fondo embargado. "Los trabajadores pusieron en el cuerpo todo este tiempo y merecen mínimamente que algo empiece a ingresar en su bolsillo", sostuvo el dirigente. La empresa les debe dos meses, además de la indemnización, y el sindicato aguarda una definición judicial.
La quiebra indirecta de Linor SRL fue decretada el 15 de septiembre de 2026 tras comprobarse el incumplimiento del acuerdo preventivo de acreedores. La firma, dedicada a la fabricación de pallets y con más de dos décadas de trayectoria, arrastraba un concurso preventivo desde 2020 y una deuda cercana a los 500 millones de pesos con ARCA, lo que provocó el embargo de sus cuentas bancarias.
El dirigente admitió que el final del caso es incierto. "Es el primer caso que me pasa y no puedo decir algo que después no vaya a suceder", afirmó Báez, quien evitó generar falsas expectativas entre los trabajadores. La Justicia ya prohibió la salida del país al dueño de la empresa.
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Báez cuestionó la lentitud de la Justicia y apuntó a la política laboral del Gobierno nacional. "Se están viendo más empresas que despiden de las que se crearon", afirmó. El caso Linor sigue abierto, con la empresa desmantelada, los trabajadores sin indemnización y un fondo embargado que espera una definición judicial para empezar a pagar.



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