La gestión de Martín Recamán al frente del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones acumula una serie de controversias que involucran al sector productivo, organizaciones ambientalistas, comunidades mbya guaraníes y empresas industriales. Distintas decisiones administrativas que debieron ser revisadas, denuncias por procedimientos cuestionados y conflictos vinculados con los controles ambientales marcaron el funcionamiento de la cartera durante los últimos tres años.
Uno de los episodios más recientes se produjo en noviembre de 2026, cuando el Ministerio dispuso la suspensión preventiva de las aplicaciones de productos fitosanitarios mediante drones. La medida respondió a denuncias de familias productoras de San Javier y Pozo Azul, que atribuyeron a la deriva de agroquímicos problemas de salud y daños en sus cultivos.
La decisión generó resistencia entre empresarios y productores que ya habían incorporado esta tecnología a sus actividades. El conflicto también expuso una demora regulatoria: aunque el uso de vehículos aéreos no tripulados estaba contemplado en la legislación provincial desde 2022, todavía faltaban parámetros técnicos específicos para establecer alturas, condiciones de vuelo y distancias de resguardo.
La Disposición 104/2026, firmada por el subsecretario Facundo Ringa, fue inicialmente interpretada como una restricción por tiempo indeterminado. Ante las objeciones, Ecología aclaró que la suspensión se extendería durante cinco días hábiles y convocó a una mesa técnica para analizar la situación.
El episodio volvió a poner sobre la mesa las dificultades para establecer criterios regulatorios antes de que los conflictos lleguen a una instancia de intervención administrativa.
Resoluciones derogadas y reclamos del sector productivo

La controversia por los drones no fue el único caso en el que una disposición del Ministerio terminó siendo revisada. En julio de 2026, la cartera ambiental creó el Registro Provincial de Infractores Ambientales (RePIA), mediante la Resolución 182/26.
La iniciativa buscaba establecer un mecanismo para identificar y realizar un seguimiento de quienes incumplieran las normas ambientales. Sin embargo, recibió cuestionamientos de AMAYADAP, APICOFOM, la Confederación Económica de Misiones y la Sociedad Rural.
Las entidades objetaron las facultades del Ministerio para implementar el registro mediante una resolución y advirtieron sobre la posibilidad de incluir empresas con expedientes administrativos abiertos, incluso cuando todavía no existieran sanciones firmes.
Las presentaciones y amenazas de recurrir a la Justicia derivaron en una rápida modificación de la decisión. El 17 de julio de 2026, Recamán firmó la Resolución 248/26 y derogó la normativa que había creado el registro, apenas días después de su implementación.
A este antecedente se agregan los reclamos del sector forestal. En septiembre de 2024, más de 130 representantes de asociaciones empresariales e industriales se reunieron con el ministro para denunciar demoras de hasta seis meses en la aprobación de carpetas de aprovechamiento, falta de digitalización y sanciones que consideraban desproporcionadas.
Los planteos reflejaron las dificultades administrativas que enfrentaban las empresas para desarrollar sus actividades y cuestionaron la falta de previsibilidad en los procedimientos del organismo.
El traslado de Pará y las denuncias de organizaciones ambientalistas

Las actuaciones vinculadas con la fauna silvestre también generaron cuestionamientos durante la gestión de Recamán.
En febrero de 2026, el traslado de la yaguareté Pará desde la zona de las 2.000 Hectáreas de Puerto Iguazú hacia un área protegida provincial despertó preocupación por la falta de localización de sus dos cachorros durante el operativo.
La situación motivó actuaciones para esclarecer lo ocurrido y abrió interrogantes sobre la planificación y el seguimiento del procedimiento.
El 13 de noviembre, el propio Ministerio difundió imágenes obtenidas mediante cámaras trampa en las que se observa a Pará junto a dos crías en la Reserva de Biosfera Yabotí. El registro aportó información sobre la situación de los animales, aunque no eliminó los cuestionamientos que habían surgido durante los meses posteriores al traslado.
Otro conflicto involucró al Centro de Rescate de Fauna Silvestre Ohana. En julio de 2026, la organización denunció que había sido bloqueada de las redes sociales y los canales oficiales del Ministerio y de funcionarios de la cartera ambiental, después de expresar críticas sobre el tratamiento de investigaciones relacionadas con el tráfico ilegal de animales.
Su director, Fernando Piesco, calificó lo sucedido como un “atropello institucional enorme porque están utilizando la fuerza pública del Estado para discriminar a una organización”.
La denuncia abrió una discusión sobre el vínculo entre el organismo provincial y las entidades que trabajan en el rescate, la rehabilitación y la protección de especies silvestres.
Papel Misionero: una multa superior a los $70 millones por irregularidades ambientales

Uno de los expedientes más importantes de los últimos años se originó en marzo de 2024, después de que pescadores y vecinos denunciaran la presencia de una extensa mancha de espuma blanca sobre el río Paraná.
El episodio derivó en una inspección a la planta de Papel Misionero, ubicada en Puerto Mineral, municipio de Puerto Leoni. La actuación quedó registrada en el expediente administrativo N.º 9900-101/2024.
Durante el procedimiento del 9 de marzo, realizado con participación de Prefectura Naval, los inspectores detectaron la rotura de un caño de descarga de efluentes por encima del nivel del agua. Los análisis del Laboratorio Central de Misiones también identificaron valores que superaban los parámetros ambientales permitidos.
En agosto de 2024, el Ministerio impuso dos sanciones que totalizaron $70.550.480. Una correspondió a deficiencias en la purificación de los efluentes y la otra a irregularidades en el tratamiento y disposición de residuos industriales. También se detectaron incumplimientos relacionados con el apeo forestal dentro de una reserva.
Posteriormente, la empresa avanzó con obras de adecuación y construyó una pileta de contingencia destinada a contener líquidos industriales. Los trabajos fueron objeto de inspecciones y seguimiento durante 2025 y marzo de 2026.
Aunque la sanción representó una intervención económica importante sobre una de las principales industrias de Misiones, el caso también dejó planteada una cuestión sobre la capacidad preventiva del organismo: la contaminación llegó a ser visible en el río antes de que se concretara la intervención que terminó con la multa millonaria.
Una multa de $34 millones a una comunidad mbya que debió ser suspendida

Los procedimientos administrativos con comunidades originarias también quedaron bajo cuestionamiento.
En julio de 2024, Ecología aplicó una multa de $34 millones al cacique Romualdo Benítez, integrante de la comunidad mbya guaraní Mirí Marangatú, por presuntas infracciones relacionadas con el apeo de árboles nativos.
La sanción debió ser suspendida luego de que surgieran objeciones sobre el procedimiento de notificación. Según lo denunciado, Benítez no sabía leer y había firmado documentación cuyo contenido desconocía. También se cuestionó que no hubiera intervenido la Dirección de Asuntos Guaraníes.
El episodio puso en discusión las garantías que deben respetarse cuando las actuaciones ambientales involucran a pueblos originarios, particularmente por las diferencias culturales, lingüísticas y jurídicas que requieren una intervención estatal adecuada.
Otro antecedente se registró en la Reserva Ambiental Privada Tomo, ubicada en Santiago de Liniers. En marzo de 2024, sus propietarios denunciaron que se había autorizado un plan de aprovechamiento forestal sobre aproximadamente 1.441 hectáreas de monte nativo sin su consentimiento.
Ante la denuncia, Recamán ordenó una auditoría interna para determinar cómo se había aprobado el procedimiento y qué funcionarios habían intervenido. Sin embargo, según la información reunida para este informe, no se conocieron públicamente conclusiones definitivas ni eventuales sanciones contra los responsables.
La falta de información sobre el resultado de esa investigación administrativa mantiene pendiente una explicación sobre el funcionamiento interno del Ministerio.
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Los indicadores de conservación y las cuentas pendientes de Ecología
En medio de los cuestionamientos, el Ministerio también presentó estadísticas para respaldar los resultados de su política ambiental.
De acuerdo con los datos oficiales, Misiones registró 4.118 hectáreas deforestadas durante 2025, un 18% menos que el promedio histórico. La cartera informó, además, que la reducción de la deforestación se produjo por tercer año consecutivo.
Entre las medidas destacadas por el organismo también figura la suspensión de nueve planes de manejo forestal por incumplimientos y la defensa de la aplicación de la Ley de Bosques Nativos.
Estos indicadores forman parte del balance de la gestión y representan resultados que deben considerarse al evaluar la política de conservación provincial. Sin embargo, no responden por sí solos a las objeciones relacionadas con los procedimientos administrativos, la planificación y la capacidad de fiscalización.
Los conflictos por la regulación de los drones, la derogación del registro de infractores, los reclamos forestales, el expediente de Papel Misionero, las denuncias de organizaciones ambientalistas y las actuaciones con comunidades originarias muestran diferentes dificultades en el funcionamiento de la cartera.
A tres años de la llegada de Martín Recamán al Ministerio de Ecología, el balance combina estadísticas oficiales de conservación con una sucesión de controversias que todavía requieren explicaciones y resultados verificables. La resolución de esos cuestionamientos, la transparencia de las auditorías y la capacidad de anticipar los daños ambientales aparecen entre las principales cuentas pendientes de una cartera cuya responsabilidad es administrar y proteger los recursos naturales de Misiones.
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