El Gobierno nacional modificó la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y amplió las condiciones para que empresas radicadas en Argentina puedan participar como proveedoras de los proyectos alcanzados por los beneficios del programa, independientemente de la nacionalidad de sus accionistas o del origen de su capital.
La medida quedó formalizada mediante el Decreto 1366/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
La disposición modifica el Decreto 749/2024, que reglamentó el capítulo de la Ley Bases correspondiente al RIGI. De acuerdo con los fundamentos del Ejecutivo, la experiencia recogida desde la implementación del régimen hizo necesario introducir adecuaciones para precisar determinados aspectos de su funcionamiento.
El RIGI amplía la definición de proveedor local
Uno de los principales cambios establece que una empresa constituida y radicada en Argentina podrá ser considerada proveedora local, aunque sus accionistas sean extranjeros o su capital esté integrado mayoritariamente por inversores de otros países.
Con la nueva redacción, la categoría comprende a las personas humanas con domicilio fiscal en el país y a las sociedades constituidas y domiciliadas en territorio argentino que suministren bienes o presten servicios a proyectos adheridos al régimen.
El Gobierno fundamentó la modificación en la necesidad de incorporar a las empresas instaladas en Argentina a las cadenas de suministro vinculadas con las grandes inversiones. Bajo este criterio, la nacionalidad de los propietarios o el origen del capital no constituirán, por sí solos, un impedimento para acceder a esa condición.
En el caso de los bienes, continuará vigente el criterio de origen nacional establecido por el Mercosur, por lo que la modificación no elimina las condiciones previstas para determinar la procedencia de los productos.

Una fecha límite para la inversión mínima de los proyectos estratégicos
El decreto también introduce precisiones para los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo, que cuentan con condiciones particulares dentro del RIGI.
La nueva reglamentación establece una fecha límite única para alcanzar el monto mínimo de inversión exigido para el proyecto en su conjunto. Ese plazo quedará diferenciado de los compromisos de inversión correspondientes a cada una de las etapas de ejecución.
Según los fundamentos de la norma, el objetivo es evitar interpretaciones confusas entre ambas obligaciones y delimitar con mayor claridad los requisitos que deben cumplir los proyectos. La modificación mantiene los montos de inversión establecidos para cada fase.
Cambios de accionistas e incorporación de nuevos socios
Otro de los puntos centrales de la reforma está relacionado con la posibilidad de modificar la composición societaria de las empresas adheridas.
A partir de la nueva disposición, cualquier tercero podrá adquirir acciones o participaciones de una compañía incorporada al RIGI sin que esa operación implique la pérdida de los beneficios del régimen.
Sin embargo, la compraventa de esas participaciones no podrá contabilizarse como inversión para alcanzar el monto mínimo exigido por la normativa. De esta manera, el ingreso de nuevos accionistas queda habilitado, aunque no sustituye las obligaciones de inversión asumidas por el proyecto.
La flexibilización también alcanza a las uniones transitorias de empresas (UTE) y a otros contratos asociativos que funcionen como vehículos para desarrollar proyectos bajo el RIGI. Estas estructuras podrán ceder participaciones o incorporar nuevos integrantes.
Para concretar esas operaciones deberán informar a la Autoridad de Aplicación dentro de los 15 días posteriores a la inscripción de la modificación. Además, será necesario contar con el consentimiento de los restantes miembros y acreditar que el nuevo integrante asume los compromisos de inversión y las garantías que se encuentren pendientes.
La autoridad competente dispondrá de 30 días para formular objeciones. Si durante ese período no presenta observaciones, la operación se considerará aprobada.
La normativa también establece que el socio que se retire continuará respondiendo solidariamente por las obligaciones generadas hasta el momento de su salida.
Transferencia de proyectos desde sucursales a sociedades anónimas
La reforma contempla, además, una alternativa de reorganización para las sucursales dedicadas exclusivamente al desarrollo de proyectos adheridos al régimen.
En esos casos, se habilita la posibilidad de transferir la totalidad de los activos, pasivos y obligaciones del proyecto a una sociedad anónima constituida específicamente para ese propósito, siempre que exista autorización previa.
Una vez aprobada la operación, la nueva sociedad reemplazará a la sucursal y asumirá tanto los beneficios como los compromisos vinculados con el RIGI.
El procedimiento no requerirá una nueva adhesión al régimen y tampoco modificará la fecha original de incorporación del proyecto ni los plazos previamente establecidos.
El decreto aclara que la autorización administrativa para realizar la transferencia no reemplaza los consentimientos de terceros que puedan resultar necesarios para ceder concesiones, permisos u otros derechos vinculados con el desarrollo de la inversión.
Modificaciones en el acceso al mercado de cambios
El último apartado de la reforma introduce cambios en las condiciones de acceso al mercado de cambios para las empresas que hayan obtenido el beneficio relacionado con los cobros de exportaciones.
La normativa habilita al Banco Central de la República Argentina (BCRA) a condicionar ese acceso a que las divisas ingresadas y liquidadas por el proyecto igualen o superen los dólares que demande su funcionamiento.
La modificación amplía los recursos que podrán computarse dentro de ese cálculo. A partir de ahora, también se tendrán en cuenta las divisas aportadas u obtenidas mediante endeudamiento externo por los accionistas directos o indirectos del vehículo del proyecto, los integrantes de las uniones transitorias de empresas y las casas matrices de las sucursales dedicadas.
Para que esos fondos puedan ser considerados, deberán destinarse efectivamente al proyecto y contar con trazabilidad en los registros contables correspondientes.
De esta manera, el Gobierno incorporó nuevas precisiones sobre el tratamiento de los aportes de capital y el financiamiento externo dentro del esquema cambiario del RIGI.

Qué cambia con la nueva reglamentación del RIGI
Los cambios introducidos por el Decreto 1366/2026 abarcan distintos aspectos operativos y societarios del régimen:
- Proveedores locales: podrán serlo las empresas constituidas y radicadas en Argentina, sin importar la nacionalidad de sus accionistas ni la composición de su capital.
- Origen de los bienes: se mantiene el criterio de origen nacional establecido por el Mercosur.
- Inversión mínima: los proyectos de exportación estratégica tendrán una fecha límite única para alcanzar el monto mínimo de inversión global, diferenciada de los compromisos de cada etapa.
- Cambios de accionistas: se permitirá la adquisición de participaciones en empresas adheridas sin perder los beneficios del régimen, aunque esas operaciones no computarán como inversión mínima.
- UTE y contratos asociativos: podrán incorporar socios o ceder participaciones, bajo condiciones de información, consentimiento y asunción de obligaciones.
- Sucursales dedicadas: podrán transferir sus activos, pasivos y obligaciones a una sociedad anónima creada para continuar el proyecto.
- Mercado de cambios: se ampliará el reconocimiento de las divisas provenientes de aportes y financiamiento externo vinculados directamente con las inversiones.
Con estas modificaciones, el Ejecutivo busca precisar las reglas de funcionamiento del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, ampliar las posibilidades de participación de empresas radicadas en el país y facilitar las reorganizaciones societarias y financieras de los proyectos que acceden a sus beneficios.
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