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La Fiscalía de Paraguay amplió la imputación contra el expresidente Santiago Peña al incorporar el presunto delito de asociación criminal en el marco de la investigación por el caso Ueno Bank. La nueva acusación se suma a los cargos de presunta lesión de confianza y administración en provecho propio que ya pesaban sobre el exmandatario.
La decisión fue comunicada el viernes y alcanza también al expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, y al superintendente de Bancos, Holderg Aníbal Insfrán Ibarrola, según informaron medios paraguayos como ABC y Última Hora, y pudo saber Noticias Argentinas.
De acuerdo con la información difundida, la investigación busca determinar la existencia de una presunta estructura organizada que habría operado desde el interior de organismos estatales para favorecer intereses particulares vinculados al Grupo Vázquez/Ueno Bank.
Carvallo Spalding ya se encontraba procesado por los presuntos delitos de lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio.
Por su parte, Insfrán Ibarrola estaba imputado por presunta lesión de confianza grave. Ahora, ambos quedaron alcanzados por la ampliación de la investigación que incorpora la hipótesis de asociación criminal.
En paralelo, el Ministerio Público presentó imputaciones contra otros tres exdirectivos del Banco Central: Liana Caballero, Miguel Mora y Marco Aurelio González, quienes fueron detenidos durante la mañana del viernes.
La Fiscalía sostiene que existía una estructura dentro del Estado
En el escrito de imputación, los fiscales sostienen que los acusados habrían integrado una estructura organizada y jerárquica dentro del aparato estatal, cuyo objetivo habría sido subordinar el sistema financiero y los organismos de control a los intereses particulares del grupo empresarial vinculado a Ueno Bank.
La hipótesis fiscal apunta a una presunta utilización de cargos públicos estratégicos para garantizar condiciones favorables para el funcionamiento de la entidad financiera y evitar controles institucionales.
En ese contexto, el documento señala que Santiago Peña habría ubicado y mantenido en puestos clave a personas de su confianza o con vínculos corporativos previos con el grupo empresarial.
Entre los nombramientos mencionados aparecen Carvallo Spalding, expresidente de Financiera Ueno, al frente del Banco Central; Holderg Insfrán en la Superintendencia de Bancos; y Liana Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González como integrantes del directorio del organismo regulador.
Según la acusación, esa distribución de funciones habría permitido que cada integrante cumpliera tareas específicas dentro de una estructura destinada a favorecer los intereses del grupo económico.
Santiago Peña, señalado como presunto jefe de la estructura
Uno de los puntos más relevantes del escrito fiscal es la atribución de un supuesto rol de conducción al expresidente paraguayo. La Fiscalía identifica a Santiago Peña como el presunto jefe de la estructura criminal que se investiga en la causa.
De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, Peña habría actuado desde la Presidencia de la República y mantenido reuniones clandestinas periódicas en Mburuvicha Róga con Miguel Vázquez, presidente de Ueno Bank.
Esos encuentros, según la imputación, habrían tenido como finalidad coordinar las necesidades del grupo empresarial y garantizar su influencia sobre las decisiones de los organismos estatales.
El documento también sostiene que el exmandatario habría impartido directivas públicas e institucionales para evitar intervenciones sobre la entidad bancaria.
Además, la Fiscalía le atribuye haber frenado mediáticamente las advertencias relacionadas con una posible situación de insolvencia de Ueno Bank, con el objetivo de impedir que esas alertas derivaran en medidas de control.
La investigación apunta al sistema financiero paraguayo
La acusación fiscal describe un supuesto mecanismo de división de tareas mediante el cual los funcionarios involucrados habrían utilizado sus atribuciones públicas para garantizar el blindaje legal y la continuidad operativa del grupo empresarial.
Entre los objetivos que plantea la investigación figuran la presunta protección institucional de la entidad, la continuidad de sus operaciones y la eventual impunidad frente a los controles correspondientes.
La causa Ueno Bank involucra así a exautoridades políticas y funcionarios de alto rango del sistema financiero paraguayo, en una investigación que busca establecer si existió una articulación entre el poder político, los organismos reguladores y los intereses privados.
Con la ampliación de las imputaciones, el Ministerio Público incorpora la hipótesis de asociación criminal y profundiza la investigación sobre el supuesto funcionamiento de esa estructura.
Por el momento, los hechos mencionados forman parte de la acusación fiscal y deberán ser acreditados en el marco del proceso judicial. Las imputaciones no constituyen una declaración de culpabilidad.
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