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La modificación de la Ley de Promoción de la Producción de Bioinsumos, que eliminó la prohibición del uso de glifosato en Misiones, llegó a la Justicia. La asociación civil Oremba'e presentó un amparo para que se declare la inconstitucionalidad de la reforma y de los decretos que, según sostiene, fueron modificando las condiciones de aplicación de la normativa original.
En diálogo con Radio Up, el abogado Martín Ferroni explicó que la presentación cuestiona la Ley VIII N.º 124, sancionada en septiembre, que modificó la Ley VIII N.º 103 y dejó sin efecto la prohibición del herbicida en el territorio provincial. La reforma reemplazó el artículo que establecía esa restricción y supeditó la utilización de insumos agrícolas a las autorizaciones de los organismos competentes.
Ferroni sostuvo que la modificación vulnera el derecho constitucional a un ambiente sano y equilibrado, contemplado en el artículo 41 de la Constitución Nacional. En ese sentido, planteó que la legislación ambiental debe respetar el principio de no regresión, que impide reducir los niveles de protección alcanzados mediante normas anteriores.
"Alcanzado un nivel de protección ambiental por la legislación vigente, luego no se puede retroceder a un nivel de protección menor", explicó.
El abogado también cuestionó el procedimiento legislativo y afirmó que no se habilitaron instancias de participación ciudadana ni se consultó a las comunidades indígenas para avanzar con los cambios. Según señaló, tampoco se convocó a organizaciones ambientales a las reuniones de comisión durante el tratamiento de los proyectos.
Cuestionamientos al proceso de modificación
Al ser consultado sobre si lo sorprendió el cambio de postura del Gobierno provincial, Ferroni consideró que la decisión fue parte de un proceso que comenzó con modificaciones anteriores mediante decretos del Poder Ejecutivo.
En ese recorrido mencionó las prórrogas establecidas para la implementación de la prohibición y la creación de un registro para quienes pretendieran continuar utilizando el producto. Según su explicación, ese mecanismo nunca llegó a ponerse en funcionamiento y posteriormente fue eliminado.
"Esto siempre respondió a los intereses empresarios", afirmó. Además, indicó que los distintos proyectos presentados para modificar la normativa fundamentaban sus propuestas en pedidos del sector productivo.
Sobre los argumentos técnicos que respaldaron la rehabilitación del glifosato, Ferroni fue crítico y aseguró que no encontró estudios que justificaran la decisión. "En ninguno se fundamentan ningún tipo de estudios. Todo se refiere a los pedidos y recomendaciones del sector empresarial", sostuvo.
La preocupación por los controles en la yerba mate y el té
Uno de los principales puntos de la entrevista estuvo relacionado con la presencia de posibles residuos de glifosato en alimentos de consumo cotidiano. Ferroni advirtió que, según su planteo, el sistema nacional de control de residuos del SENASA no contempla productos centrales para la producción misionera, como la yerba mate y el té.
"Hay más de 50 alimentos comprendidos en ese control. Ahora, en eso no está ni la yerba ni el té que se producen en la provincia", señaló.
El abogado amplió el cuestionamiento a las frutas, hortalizas y verduras, y sostuvo que tampoco existen controles oficiales suficientes sobre la presencia de residuos de glifosato en esos productos.
En relación con la actividad yerbatera, mencionó que el Instituto Nacional de la Yerba Mate reconoció la utilización del herbicida en plantaciones del sector. Sin embargo, cuestionó que los productos que llegan a las góndolas no cuenten, según indicó, con controles específicos que permitan determinar la presencia de esos residuos.
También hizo referencia al laboratorio provincial destinado al análisis de residuos de fármacos y productos químicos en alimentos. Según Ferroni, pese a la existencia de esa herramienta, no se estarían realizando los controles necesarios sobre la yerba mate y el té.
Ante la consulta sobre qué puede hacer un consumidor que toma mate todos los días y desconoce si el producto contiene residuos del herbicida, el abogado remarcó que la falta de controles no comenzó con la última reforma legislativa.
"Los controles nunca se hicieron. Es decir, que venimos consumiendo glifosato desde hace tiempo", expresó.
El reclamo podría llegar a la Corte Suprema
Finalmente, Ferroni explicó que la asociación también dejó planteada una reserva de caso federal para continuar con el reclamo judicial si las distintas instancias de la Justicia provincial no resuelven favorablemente la presentación.
"En caso de que terminaran todas las instancias en la Justicia misionera, tenemos habilitado el recurso federal extraordinario", indicó.
De esta manera, Oremba'e busca que la Justicia revise la constitucionalidad de la reforma que eliminó la prohibición del glifosato y de los decretos anteriores que modificaron los plazos y mecanismos previstos originalmente. El planteo también vuelve a poner en discusión la necesidad de contar con controles oficiales sobre los residuos químicos en los alimentos producidos y consumidos en Misiones.
