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Argentina solicitó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar que se dicten medidas provisionales contra el Reino Unido para frenar la explotación petrolera en las Islas Malvinas, en el marco del avance del proyecto Sea Lion, impulsado por las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte.
El planteo fue presentado este martes en Hamburgo, Alemania, durante la primera audiencia en la que se analizó el pedido argentino. La delegación nacional cuestionó que las autoridades británicas hayan autorizado unilateralmente la explotación de hidrocarburos en la plataforma continental que rodea al archipiélago, un territorio sujeto a una disputa de soberanía cuya descolonización continúa pendiente.
“Lo que está en juego no puede ser restituido. Los hidrocarburos son recursos no renovables y su extracción es definitiva”, sostuvo Mario Oyarzábal, consejero legal de la Cancillería y agente argentino ante el Tribunal.
Durante su exposición, el funcionario advirtió que el Reino Unido avanzó con las autorizaciones para desarrollar el proyecto pese a los reclamos de Argentina. Según detalló, inicialmente se había anunciado que las perforaciones comenzarían a principios de 2027, aunque posteriormente las autoridades británicas aplazaron la fecha al 21 de marzo de ese año.
Además, cuestionó la prórroga por cinco años de las licencias de producción de hidrocarburos y la negativa británica a adoptar medidas provisionales, decisiones que, según la posición argentina, agravaron la controversia.
El proyecto Sea Lion contempla una explotación petrolera durante 35 años, con la posibilidad de perforar hasta 23 pozos de producción y avanzar posteriormente con nuevas etapas de desarrollo.
Frente a ese escenario, Oyarzábal sostuvo que resulta necesario detener las actividades mientras se sustancia el arbitraje internacional. Advirtió que, si se mantienen los plazos anunciados, los trabajos preparatorios podrían comenzar antes de que el Tribunal Arbitral esté en condiciones de resolver la controversia y brindar protección efectiva a la Argentina.
“La perforación altera de manera permanente el lecho y el subsuelo marino. El petróleo una vez sustraído no puede ser devuelto”, afirmó.
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En esa línea, remarcó que una eventual compensación económica posterior no sería suficiente para reparar las consecuencias de la explotación. Según planteó, ninguna indemnización podría restablecer el estado de situación previo al desarrollo petrolero.
La representación argentina está integrada, además, por María Ibarzábal Murphy, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia; la embajadora argentina en Alemania, Betina Pasquali de Fonseca, en calidad de co-agente; y los especialistas en derecho internacional Marcelo Kohen y Nico Schrijver, responsables de la defensa jurídica. También participa el asesor jurídico Agustín Giustiniani.
Tras la presentación de los argumentos argentinos, fue el turno de la delegación del Reino Unido, que expuso su posición ante el organismo internacional.
Este miércoles se realizará la segunda y última ronda de exposiciones de ambas partes, en una instancia clave para el tratamiento del pedido argentino de medidas provisionales frente al avance de la explotación petrolera en el área en disputa.
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