El policía retirado Mario Eduardo Pellizzer, uno de los 17 imputados en la causa que investiga la desaparición forzada de Mario Fabián Golemba, continuará detenido bajo arresto domiciliario luego de que la Cámara Federal de Apelaciones rechazara su pedido de excarcelación y confirmara la resolución de primera instancia.
El planteo había sido denegado por el Juzgado Federal de Posadas, a cargo de la jueza María Verónica Skanata. Ante esa decisión, la defensa del exuniformado presentó un recurso de apelación en el que cuestionó la fundamentación de los riesgos procesales y la valoración de los elementos incorporados a la investigación.
Entre sus argumentos, los abogados señalaron una supuesta “falta de fundamentación concreta e individualizada de los riesgos procesales”, la “insuficiencia de la gravedad del delito y la pena en expectativa” y una “errónea valoración de la prueba nueva”.
También sostuvieron que Pellizzer cuenta con “arraigo domiciliario y laboral” y cuestionaron que se le atribuyeran riesgos relacionados con otros imputados o con su antigua pertenencia a la fuerza policial. Según la defensa, las medidas de coerción deben responder exclusivamente a circunstancias individuales de cada acusado.
Sin embargo, la fiscalía se pronunció en contra de conceder la libertad y sostuvo que el peligro de entorpecimiento de la investigación continúa siendo concreto, debido a las características del delito investigado y a que los involucrados son integrantes o exintegrantes de una fuerza de seguridad.
La querella, que representa al hermano de Mario Golemba, también se manifestó en contra del planteo. Finalmente, los camaristas resolvieron rechazar la apelación y mantener las condiciones de detención del imputado.
Los argumentos de la Cámara: un delito de lesa humanidad

En su resolución, los magistrados Mario Osvaldo Boldú y Fabián Gustavo Cardozo consideraron que el arraigo domiciliario y laboral no resulta suficiente para neutralizar los riesgos procesales identificados en la causa.
“La pretensión de neutralizar los riesgos procesales mediante el mero arraigo domiciliario y laboral deviene infundada”, señalaron.
Uno de los fundamentos centrales estuvo relacionado con la posibilidad de que antiguos integrantes de las fuerzas de seguridad conserven vínculos y conocimientos que podrían facilitar maniobras de ocultamiento o presiones sobre testigos.
En ese sentido, los jueces sostuvieron que los exintegrantes de las fuerzas mantienen conocimientos sobre “técnicas de ocultamiento, circuitos de información clandestina y lazos de camaradería corporativa que facilitan la elusión o la presión sobre testigos”.
Además, remarcaron que el riesgo de una eventual maniobra coordinada justifica mantener las medidas de cautela, incluso cuando el análisis se realiza de manera individualizada para cada imputado.
La Cámara también consideró que permitirle recuperar la libertad ambulatoria, incluso con dispositivos de geolocalización, no sería suficiente frente a las características del expediente.
“Conceder la libertad ambulatoria —con o sin dispositivos de geolocalización— resultaría palmariamente insuficiente frente a un delito de lesa humanidad”, expresaron los magistrados. También advirtieron que los mecanismos electrónicos no impedirían que el acusado utilizara sus vínculos residuales para ejercer influencias indirectas sobre el proceso.
Otro de los puntos destacados de la resolución fue el posible impacto psicológico sobre quienes deben declarar en la investigación. Los jueces señalaron que la percepción de libertad de un exintegrante de una fuerza de seguridad con capacidad de influencia puede generar un efecto amedrentador sobre posibles testigos.
Según plantearon, esa situación podría comprometer la espontaneidad y la veracidad de futuras declaraciones testimoniales.
De esta manera, Pellizzer continuará con arresto domiciliario en su vivienda de Aristóbulo del Valle, bajo prisión preventiva y con distintas restricciones: tiene prohibido salir del país, mantener contacto con los demás coimputados, comunicarse con testigos y víctimas, y acercarse a la sede policial donde desarrollaba sus actividades.
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La desaparición de Mario Golemba y la hipótesis de un pacto de silencio

Mario Fabián Golemba tenía 27 años cuando desapareció, el 27 de marzo de 2008. Ese día había viajado desde Dos de Mayo hasta Oberá para realizarse una consulta médica. Desde entonces, no se conoce su paradero.
La investigación comenzó en la Justicia provincial, pero en junio de 2021 el expediente pasó al fuero federal, donde empezó a investigarse como una posible desaparición forzada de persona.
La causa tuvo un nuevo impulso en agosto de este año, cuando se concretaron detenciones de policías en actividad y retirados. La fiscalía atribuye distintos grados de participación a 17 funcionarios y exfuncionarios, en el marco de una presunta maniobra destinada a encubrir lo sucedido mediante un supuesto pacto de silencio institucional.
Entre las hipótesis que se investigan figura la posibilidad de que Golemba haya permanecido bajo custodia policial en la comisaría de Dos de Mayo y haya sido víctima de violencia. Se trata de circunstancias que forman parte de la acusación y que deberán ser esclarecidas durante el proceso judicial.
Entre los imputados también se encuentra el comisario retirado Ewaldo Katz, quien estaba al frente de la dependencia policial al momento de los hechos y es uno de los principales apuntados por la querella, representada por los abogados Rafael Pereyra Pigerl y María Vannela Vignolles, en nombre de la familia Golemba.
El expediente alcanza además a otros efectivos que cumplían funciones de manera permanente o transitoria en esa comisaría cuando se produjo la desaparición, entre ellos oficiales de guardia, jefes de turno, personal administrativo, choferes, guardias y radioperadores.
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