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El Ministerio Público de Paraguay imputó este sábado al ex presidente Santiago Peña y solicitó su prisión preventiva, en el marco de la investigación judicial por el cierre de Ueno Bank, entidad de la que había sido accionista. La acusación contempla los presuntos delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio, mientras que la Fiscalía también pidió la inhibición de sus bienes.
La investigación alcanza además al ex titular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, quien también fue detenido. En su caso, la imputación incluye tres presuntos delitos: lesión de confianza, administración en provecho propio y producción de documentos públicos de contenido falso.
Ambos se presentaron ante la Justicia, pero se abstuvieron de declarar, en ejercicio de su derecho. Esta decisión no representa un reconocimiento de responsabilidad ni una aceptación de los cargos formulados por la Fiscalía.
Peña llegó a la sede de la Fiscalía General del Estado, en Asunción, pocas horas después de que se ejecutara una orden de detención en su contra. Arribó en un vehículo oscuro, acompañado por una reducida escolta policial, y estuvo asistido por su abogado defensor, Ricardo Preda.
Antes de la comparecencia, el defensor había adelantado que la estrategia de Peña se centrará en sostener que su cliente no tuvo responsabilidad directa en las colocaciones financieras investigadas.
Por motivos de seguridad, las autoridades modificaron a último momento el lugar de la declaración. La presentación estaba prevista inicialmente en la sede de la UDEA, pero finalmente se realizó en el edificio principal de la Fiscalía General del Estado, ubicado en el microcentro de Asunción. En las inmediaciones se reunió un pequeño grupo de ciudadanos para esperar la llegada del exmandatario.
La situación judicial de Peña se produjo después de su salida de la Presidencia. El viernes, el Senado paraguayo aprobó por unanimidad su destitución mediante un juicio político, decisión que le quitó los fueros constitucionales y permitió avanzar con las medidas judiciales en su contra.
Tras su remoción, la sucesión presidencial quedó en manos del entonces vicepresidente Pedro Alliana, quien prestó juramento y asumió la conducción del Poder Ejecutivo.
