La crisis política e institucional en Paraguay sumó un nuevo capítulo con la destitución de Santiago Peña de la presidencia. Así lo aseguró el diputado nacional Luis Franco, quien dialogó con “La Última Rosca” de Radio Up y sostuvo que el Congreso ya había tomado la decisión de separarlo del cargo y que el vicepresidente Pedro Alliana se preparaba para asumir la conducción del país.
“El Congreso paraguayo estaría tomando juramento al vicepresidente de la República como presidente para culminar el periodo”, explicó Franco durante la comunicación, en la que también confirmó que se encontraba dentro del Congreso, a la espera de la asunción. Según relató, el proceso judicial contra Peña continuaría en paralelo: “Él ya tiene una causa abierta en Fiscalía, ya está siendo imputado, seguramente se va a presentar para algunas medidas alternativas y se le va a continuar su proceso jurídico en los estados correspondientes”.
El legislador vinculó la crisis con la quiebra de una entidad bancaria que, según denunció, habría captado fondos de distintas instituciones públicas y de miles de ahorristas particulares. En su relato, cuestionó el rol que tuvo el propio Peña en la flexibilización de las normas que regulaban el funcionamiento de las entidades financieras.
“Una situación muy penosa porque tanta gente depositó la confianza en un presidente de la República, el mejor preparado en el mundo económico de lo que la República del Paraguay podría disponer”, expresó Franco al referirse al mandatario. Recordó que Peña había sido consejero del Banco Central y ministro de Hacienda antes de llegar a la presidencia.
De acuerdo con su denuncia, el entonces presidente impulsó modificaciones legislativas que flexibilizaron el manejo de las entidades bancarias y facilitaron que una entidad vinculada con sus allegados captara fondos de organismos estatales. “El señor Santiago Peña acercó al Congreso varias modificaciones de leyes que flexibilizaban un poco el manejo de las entidades bancarias y eso hizo posible que su banco, el banco creado por sus amigos en donde él fue accionista hasta el año pasado, en el 2025, pueda captar fondos de diferentes entidades del Estado paraguayo, de diferentes empresas, de la caja de jubilados, de la del IPS de nosotros, de la seguridad social”, afirmó.

Franco sostuvo que esos recursos desaparecieron y estimó que el banco administraba alrededor de 850 millones de dólares pertenecientes al Estado paraguayo, además de otros 500 millones de dólares de ahorristas particulares. También denunció que Peña y sus socios habrían intentado quedarse con más de 1.000 millones de dólares.
“Lo que a nosotros nos enerva es que nos haya visto la cara de tontos al querer embromarnos y llevarse más de mil millones de dólares él y sus socios”, manifestó.
El diputado también apuntó contra los organismos de control y aseguró que las advertencias sobre la situación financiera de la entidad no fueron atendidas a tiempo. Según su versión, el presidente habría utilizado amenazas y maniobras políticas para silenciar a los sectores que debían supervisar el funcionamiento del banco.
“Primero que a través de amenazas y de movidas políticas, el presidente de la República fue acallando a las voces de los organismos que tenían en sus manos el control de esta situación”, sostuvo. Agregó que las denuncias fueron impulsadas desde los medios de comunicación y algunos parlamentarios, pero que el tiempo no alcanzó para evitar la liquidación de la entidad.
La situación de los ahorristas fue uno de los aspectos que más preocupación generó en el testimonio de Franco. El legislador hizo hincapié en que una parte de los afectados son personas de bajos ingresos que habían encontrado en la banca digital una posibilidad de acceder por primera vez a una cuenta bancaria o una tarjeta de crédito.
“No todo el mundo puede acceder a una cuenta bancaria. No todo el mundo puede acceder a una tarjeta de crédito”, señaló. Explicó que la entidad se había presentado como una alternativa virtual que permitía abrir una cuenta desde el teléfono y recibir una tarjeta, lo que facilitó la bancarización de personas que hasta entonces no contaban con esos instrumentos.
“Estas personas que a lo mejor tenían algún problema o soñaban con tener estos instrumentos, lograron su sueño y ahí empezaron a depositar su platita. Son gente que te ganan 20 dólares al día. Hay gente que te gana 30 dólares al día y empezaron a depositar”, relató.
Para dimensionar el impacto de la crisis, compartió dos situaciones personales que conoció en los últimos días. “Te juro que fui a un velorio de un amigo mío acá en la ciudad de San Lorenzo y todos los familiares me dijeron que ellos estaban dentro del Banco Ueno y que hoy no disponían de plata y tenían al padre fallecido, era triste”, contó.
También mencionó el caso de una conocida que debió postergar el casamiento de su hijo porque los depósitos familiares estaban en la misma entidad. “Esto es penoso, es triste, es lamentable”, resumió.
Pese a la gravedad del escenario, Franco indicó que existe un fondo de garantía dentro del Banco Central de Paraguay para responder ante este tipo de situaciones. Sin embargo, cuestionó la magnitud de los recursos comprometidos y el perjuicio ocasionado a los depositantes.
En las calles, según describió, ya se registraban manifestaciones de ahorristas y algunos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. “Pareciera ser una persona angurrienta del dinero de todos los paraguayos que hoy se están manifestando en las calles con algunas escaramuzas también, entre las fuerzas del orden como también el reclamo justo de todos los ahorristas”, afirmó, en referencia a Peña.
Las sospechas sobre el gobierno y una crisis que podría profundizarse

Consultado sobre la llegada de Pedro Alliana a la presidencia, Franco puso en duda que el vicepresidente no hubiera conocido previamente la situación del banco. Desde la oposición, aseguró que consideran que buena parte del oficialismo estaba al tanto de la posible quiebra antes de las elecciones municipales.
“Nosotros creemos, nosotros de la oposición creemos que él tuvo conocimiento de esto”, manifestó. Y agregó: “Nosotros estamos segurísimos de que todo el gobierno o la mayoría del gobierno sabía de esta situación de que este banco iba a quebrar antes de las internas de las municipales”.
El legislador relacionó ese escenario con los desencuentros que, según indicó, se produjeron entre Peña, Alliana y el expresidente Horacio Cartes, actual titular del Partido Colorado. A su entender, las diferencias internas podrían haber estado relacionadas con disputas por el poder económico.
“La fortaleza del señor Horacio Cartes siempre fue su cantidad de dinero”, afirmó Franco. También recordó las sanciones que había recibido por parte de Estados Unidos y sostuvo que, durante ese período, debió desprenderse de distintas empresas.
En ese contexto, planteó una hipótesis sobre el conflicto entre los dirigentes: “Lo que la gente hoy insinúa o cree es que el señor Santiago Peña quiso hacerse también de un gran caudal económico para poder hacerle sombra al señor Horacio Cartes y hoy fue una pasada de factura entre ellos”.
Franco advirtió que el escenario político podría agravarse en las próximas semanas y meses. “Sería muy difícil de definirte, una semana se había manifestado que todo era payamor, que explotaría una bomba, ahora nos enteramos cuál es la verdadera bomba y nos estamos dando cuenta de que esto es solo apenas la punta del iceberg y que vamos a tener más problemas en los próximos meses”, expresó.
Finalmente, no descartó que la investigación judicial pueda alcanzar a otros integrantes del Gobierno, incluido Alliana, si se comprueba que conocían las irregularidades. Para el diputado, la responsabilidad debe extenderse a quienes hayan participado del presunto esquema.
“Si se demuestra que el señor Santiago Peña es culpable, se lo lleva a un juicio oral y público y ahí el señor Santiago Peña cuenta quiénes fueron todos sus cómplices y entre ellos aparecen algunos nombres de altos cargos, de altas autoridades del Gobierno. Por supuesto que tienen que irse todos presos ahora”, sostuvo.
Y concluyó con una advertencia sobre la dimensión económica del caso: “Acá no estamos hablando de 10 millones, 15 millones, estamos hablando de más de 1.000 millones de dólares, de dólares”.
Santiago Peña fue destituido casi por unanimidad en ambas cámaras del Congreso
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