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La crisis financiera de Ueno Bank sumó un nuevo capítulo y escaló a una disputa institucional que amenaza la continuidad política del Gobierno paraguayo. Lo que comenzó con la intervención de una entidad financiera por parte del Banco Central del Paraguay (BCP) derivó en un escándalo político que ahora también fractura al oficialismo.
El hecho que modificó el escenario fue la decisión de la Asociación Nacional Republicana (ANR), el Partido Colorado, de acompañar el pedido de juicio político contra Peña y Alliana. El pronunciamiento representa un fuerte distanciamiento de la estructura partidaria respecto del mandatario, que hasta ahora contaba con el respaldo de la conducción colorada.
La iniciativa de juicio político había sido presentada el miércoles 4 de noviembre ante la Cámara de Diputados y reunió 35 firmas de legisladores opositores y sectores disidentes del oficialismo. Sus impulsores solicitaron una sesión extraordinaria para este jueves 5, con el objetivo de debatir las acusaciones y avanzar con el procedimiento constitucional.
Horacio Cartes retiró el respaldo político a Santiago Peña
El posicionamiento de la ANR estuvo encabezado por su presidente, Horacio Cartes, quien, mediante un pronunciamiento de la Junta de Gobierno, expresó el rechazo de la estructura partidaria a cualquier conducta vinculada con el manejo irregular de recursos públicos y previsionales.
La conducción colorada sostuvo que el partido no puede amparar "el patrocinio ni el mal manejo de los fondos de los trabajadores y jubilados", en referencia a las denuncias que rodean a la intervención de Ueno Bank.
Además, reclamó que la Fiscalía y el Poder Judicial actúen con independencia y profundidad para determinar las responsabilidades correspondientes. En ese sentido, la dirigencia partidaria sostuvo que "no habrá impunidad para nadie".
La decisión representa un golpe político para Peña, quien llegó a la Presidencia con el respaldo de Cartes y del movimiento Honor Colorado. El distanciamiento también modifica el escenario parlamentario, ya que el acompañamiento del partido oficialista podría resultar determinante para el futuro del pedido de destitución.
En paralelo, la ANR planteó la necesidad de avanzar con reformas de emergencia a la Ley de Garantía de Depósitos, con el objetivo de acelerar la devolución de los fondos a los ahorristas afectados.
La bandera colorada representa una historia de servicio al país; honrarla también significa actuar con valentía cuando la patria lo exige. https://t.co/W7ubJ3xMuA
— Horacio Cartes (@Horacio_Cartes) November 5, 2026
Los vínculos empresariales de Peña con Ueno Bank
Uno de los principales cuestionamientos que aparecen en el pedido de juicio político está relacionado con los antecedentes empresariales del presidente paraguayo.
Santiago Peña fue accionista del Grupo Vázquez, conglomerado que controlaba Ueno Bank, hasta marzo de 2025, según la información difundida sobre el caso. Para los legisladores que impulsan la acusación, esa vinculación plantea interrogantes sobre posibles conflictos de intereses y las responsabilidades institucionales del mandatario frente a la crisis financiera.
El vicepresidente Pedro Alliana también quedó alcanzado por el pedido de juicio político, en el que se le atribuyen responsabilidades políticas en el contexto de la intervención bancaria.
Otro de los ejes de las acusaciones está relacionado con la exposición de recursos públicos y previsionales en la entidad financiera. Según los datos difundidos, Ueno Bank concentraba entre 800 y 850 millones de dólares en depósitos de organismos estatales, entre ellos recursos del Instituto de Previsión Social de Paraguay.
La posibilidad de que fondos pertenecientes a trabajadores y jubilados hayan quedado comprometidos profundizó los cuestionamientos políticos y sociales sobre los mecanismos de control y supervisión del sistema financiero.
La intervención de Ueno Bank afectó a 2,9 millones de clientes
El conflicto financiero comenzó el 2 de noviembre, cuando el Banco Central del Paraguay dispuso el procedimiento de resolución de Ueno Bank, luego de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo exigido por la normativa.
La medida implicó la intervención de la entidad y la suspensión de sus operaciones habituales, con consecuencias para aproximadamente 2,9 millones de clientes.
La situación también derivó en una investigación del Ministerio Público por presuntas irregularidades vinculadas con la administración del banco. En ese marco, se ordenó la detención de ocho directivos relacionados con la entidad y el grupo empresarial.
El episodio abrió interrogantes sobre la supervisión bancaria, la administración de los depósitos y la participación de recursos estatales en una institución que terminó bajo intervención.
Renunció el titular del Banco Central y Peña propuso un reemplazo
Las repercusiones también alcanzaron a las autoridades monetarias paraguayas. Carlos Carvallo presentó su renuncia a la presidencia del Banco Central del Paraguay el martes 3 de noviembre, en medio de los cuestionamientos por la situación financiera de Ueno Bank.
Tras la dimisión, Santiago Peña propuso al economista Raúl Vera Bogado para ocupar la conducción del organismo y planteó incorporar nuevos integrantes a su directorio.
El mandatario sostuvo que la prioridad de su administración es proteger los depósitos de los clientes afectados y garantizar que se investiguen las posibles irregularidades detectadas en la entidad.
Sin embargo, la decisión del Partido Colorado de acompañar el pedido de juicio político sumó un nuevo problema para el Ejecutivo, que ahora enfrenta cuestionamientos no solamente desde la oposición, sino también desde su propia estructura partidaria.
Qué pasará con los depósitos de los ahorristas
Mientras avanza la disputa política, la principal preocupación de los clientes de Ueno Bank está puesta en la recuperación de sus ahorros.
El Fondo de Garantía de Depósitos de Paraguay contempla una cobertura de hasta 75 salarios mínimos por depositante, equivalente a unos 38.300 dólares. De acuerdo con las estimaciones difundidas por las autoridades, ese mecanismo permitiría cubrir los depósitos de la gran mayoría de los clientes.
Sin embargo, quienes tengan fondos por encima de ese límite dependerán del proceso de resolución y de la recuperación de los activos de la entidad.
En respuesta a la situación, el Congreso avanzó con una legislación de emergencia para agilizar la devolución de los depósitos garantizados y reducir los plazos de acceso al dinero.
La Asociación de Bancos del Paraguay, por su parte, sostuvo que el resto del sistema financiero continúa operando con normalidad y que las entidades trabajan para absorber el movimiento de clientes que buscan trasladar sus fondos.
El juicio político abre un nuevo escenario institucional en Paraguay
El acompañamiento de la ANR al pedido de juicio político modifica sustancialmente el panorama político paraguayo. La decisión de la conducción encabezada por Cartes deja a Santiago Peña frente a un escenario de mayor aislamiento y debilita el respaldo partidario que sostenía su gestión.
Para que la acusación avance al Senado se necesita una mayoría de dos tercios en la Cámara de Diputados. Posteriormente, la Cámara Alta deberá resolver sobre una eventual destitución.
La crisis de Ueno Bank, por lo tanto, dejó de ser exclusivamente un problema financiero. Los vínculos empresariales del presidente, la exposición de fondos públicos y previsionales, la renuncia del titular del Banco Central y el quiebre del respaldo del Partido Colorado confluyeron en un conflicto que ahora pone a prueba la estabilidad institucional del Gobierno paraguayo.
El desarrollo del procedimiento parlamentario y las medidas para garantizar la devolución de los depósitos serán determinantes en las próximas etapas de una crisis que involucra al Poder Ejecutivo, las autoridades financieras y millones de ahorristas.
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