//
El Senado de la Nación avanzó este miércoles con el dictamen del proyecto de la nueva Ley de Discapacidad, que ya cuenta con media sanción de Diputados y quedó en condiciones de ser tratado en el recinto durante la próxima sesión. La iniciativa busca establecer un régimen permanente que reemplace la actual emergencia en discapacidad, cuya vigencia finaliza el 31 de diciembre de 2026, y garantizar la continuidad de las prestaciones para las personas con discapacidad.
El despacho se firmó durante un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, presidida por el senador libertario Agustín Monteverde, y de Población y Desarrollo Humano, encabezada por Alicia Kirchner. La legisladora sostuvo que es necesario avanzar con la sanción antes del vencimiento de la normativa vigente. “Toda ley es perfectible, pero hoy tenemos que garantizar la mayor cobertura”, expresó.
Entre los principales puntos del proyecto se encuentra el mantenimiento de las pensiones no contributivas equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio, con actualización por inflación. También se ratifica el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía de acceso al beneficio y se establece un nomenclador universal de prestaciones con un arancel unificado.
Uno de los aspectos centrales del texto es la compatibilidad entre la pensión y el empleo formal. Las personas con discapacidad podrán conservar el beneficio si acceden a un trabajo registrado o se inscriben en regímenes tributarios, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.
Además, la iniciativa contempla el acceso a prestaciones básicas de salud previstas en la Ley 24.901, mediante el Programa Incluir Salud, tanto para titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral como para quienes reciben beneficios por discapacidad.
El financiamiento del sistema también quedó contemplado en el proyecto. Se establecieron partidas presupuestarias específicas del Ministerio de Salud y compensaciones del Tesoro Nacional en caso de que los recursos resulten insuficientes. A su vez, el Gobierno deberá garantizar que los ingresos por beneficiario no pierdan poder adquisitivo en comparación con el año anterior.
En materia de controles, la propuesta incorpora auditorías periódicas a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad, mediante el cruce de información con organismos como ANSES, ARCA, Renaper y el SINTyS. El mecanismo permitirá detectar posibles incumplimientos y suspender preventivamente beneficios, aunque deberá garantizarse un procedimiento de notificación y rehabilitación provisoria.
Durante el debate, la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, defendió la iniciativa y sostuvo que la normativa “busca dar una respuesta permanente y genera previsibilidad después de muchos desencuentros”. También destacó la posibilidad de que las personas puedan trabajar sin perder automáticamente la pensión.
Por su parte, el senador Carlos Linares consideró que la propuesta representa una respuesta frente a la incertidumbre del sector, aunque advirtió que todavía existen aspectos pendientes. “Es lo más cercano que tenemos, pero no es lo ideal”, manifestó.
Finalmente, el proyecto establece que, si al momento de su sanción existen deudas pendientes con prestadores, el Poder Ejecutivo deberá publicar un cronograma de pagos dentro de los 30 días y cancelar las obligaciones en un plazo máximo de 90 días.
Con el dictamen firmado, la iniciativa quedó habilitada para avanzar hacia su tratamiento en el recinto del Senado, donde se definirá su sanción definitiva.
