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El Gobierno nacional salió al cruce de los reclamos sindicales en el Hospital Garrahan y rechazó las denuncias por desfinanciamiento, falta de personal y deterioro de la infraestructura. La respuesta se conoció este miércoles 4 de noviembre, un día antes de la protesta convocada por sectores gremiales frente al establecimiento, prevista para las 13 de este jueves, en medio de la disputa por las condiciones laborales y los recursos destinados al centro pediátrico.
Desde el Ejecutivo cuestionaron especialmente a la Junta Interna de ATE y consideraron que las manifestaciones tienen un trasfondo político relacionado con el próximo año electoral. En ese sentido, desde el Gobierno afirmaron que los dirigentes sindicales “solo saben hacer política con el hospital” y pusieron en duda que la organización represente al conjunto de los trabajadores.
Uno de los principales argumentos oficiales estuvo relacionado con la evolución de los salarios. Según las fuentes gubernamentales, durante el último año los haberes del personal del Garrahan registraron un incremento global superior al 80%. También se refirieron al aumento del 61% aplicado en noviembre del año pasado y aseguraron que no fue consecuencia de las medidas de fuerza sindicales, sino del proceso de reorganización financiera impulsado por la administración nacional.
Desde el Ejecutivo sostuvieron que el ordenamiento de las cuentas permitió destinar recursos a obras, salarios y equipamiento, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales y la atención de los pacientes.
Otro de los puntos de la respuesta oficial apuntó a la representatividad de ATE dentro del hospital. Las fuentes libertarias señalaron que la organización cuenta con aproximadamente 380 afiliados, menos del 10% del total de trabajadores, y cuestionaron que sus dirigentes realicen planteos en nombre de toda la institución.
En relación con las denuncias por falta de incorporaciones, el Gobierno negó que exista un congelamiento de personal. Aseguró que las contrataciones se realizan de acuerdo con las necesidades de cada sector y que actualmente el establecimiento dispone de una dotación suficiente para garantizar la atención.
Respecto de las condiciones edilicias y el equipamiento, las autoridades reconocieron que recibieron un hospital con importantes problemas estructurales y económicos. Mencionaron la existencia de camas y equipos con más de 30 años de antigüedad y cuestionaron la falta de inversiones de gestiones anteriores.
En ese contexto, desde el Ejecutivo afirmaron que “no se puede revertir en pocos años lo que no hizo ninguna gestión anterior” y defendieron las medidas adoptadas desde el inicio de la actual administración.
Por último, las fuentes oficiales rechazaron las advertencias sobre posibles faltantes de medicamentos e insumos médicos. Aseguraron que todos los pacientes reciben la cobertura necesaria y consideraron que las denuncias por desabastecimiento no reflejan la situación cotidiana del hospital.
La respuesta del Gobierno se produjo en la antesala de una nueva jornada de protesta sindical, en la que los trabajadores buscarán visibilizar sus reclamos por el financiamiento, las condiciones laborales y el funcionamiento del principal hospital pediátrico del país.