El presidente de la Cámara de Representantes de Misiones, Sebastián Macías, impulsa un proyecto para establecer un procedimiento que permita al Estado provincial recuperar los costos ocasionados por daños a la infraestructura pública en siniestros viales y evitar que esas reparaciones terminen siendo afrontadas por el conjunto de los misioneros.
En una entrevista con Arriba la radio, por Radio Up, Macías explicó que la iniciativa surge, en buena medida, de la experiencia que acumuló durante su gestión al frente de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV).
El legislador sostuvo que actualmente existe una falencia en el recupero de los recursos que la Provincia debe destinar para restablecer bienes dañados en accidentes, particularmente aquellos en los que participan vehículos de gran porte. “Tenemos todavía una falencia en lo que hace al recupero de cada uno de los siniestros que muchas veces se provocan en rutas”, afirmó.

¿Qué daños podrían ser reclamados?
La propuesta apunta a bienes públicos vinculados especialmente con la infraestructura y la seguridad vial. Macías mencionó, entre otros ejemplos, guardarraíles, barandas de puentes y viaductos, semáforos y columnas de alumbrado.
La cuestión adquiere especial importancia porque algunos elementos deben ser repuestos rápidamente después de un accidente para restablecer condiciones adecuadas de seguridad.
Macías recordó que durante su paso por Vialidad Provincial observó casos de accidentes sobre viaductos y puentes que obligaban al organismo público a realizar reparaciones inmediatas. El problema que busca resolver el proyecto aparece después: cómo recuperar de manera eficiente el dinero público utilizado para reparar aquello que fue destruido o deteriorado como consecuencia del siniestro.

Policía o Gendarmería deberían informar a Vialidad
De acuerdo con la explicación brindada por Macías, cuando un siniestro afecte un bien público, las fuerzas que intervengan —como la Policía de Misiones o Gendarmería— deberían comunicar la situación a la Dirección Provincial de Vialidad.
Vialidad actuaría como organismo encargado de administrar el procedimiento. A partir de la notificación se generaría un expediente para avanzar administrativamente con la determinación del daño y su costo.
La responsabilidad sobre el accidente, sin embargo, no sería establecida por el proyecto ni por Vialidad. Esa determinación continuará correspondiendo a la Justicia cuando sea necesaria. “Nuestro proyecto no entra dentro del ámbito de lo que hace a la determinación judicial de quiénes son los involucrados y quiénes son los culpables”, aclaró Macías.

El reclamo podría alcanzar a las aseguradoras
Una vez determinada la responsabilidad y cuantificado el daño, comenzaría el procedimiento para recuperar el costo. Según explicó el titular de la Legislatura, podría intervenir en primera instancia la compañía aseguradora del vehículo involucrado.
Cuando no exista cobertura, el procedimiento podría dirigirse contra el propietario o conductor responsable, de acuerdo con lo que corresponda en cada caso. Vialidad Provincial tendría además la función de establecer económicamente cuánto representa la reparación del bien deteriorado.
El esquema contempla la posibilidad de alcanzar acuerdos para restituir el valor correspondiente. Si no existe respuesta o el reclamo no puede resolverse administrativamente, el conflicto podría continuar por vía judicial.

Un registro de deudores
Otro de los instrumentos contemplados es la creación de un registro de deudores por infracciones viales relacionadas con siniestros. Macías explicó que todavía se trata de un proyecto que deberá atravesar el debate en comisión y que varios aspectos podrán ser discutidos y perfeccionados durante el tratamiento legislativo.
También planteó la posibilidad de recurrir a instancias de mediación para alcanzar acuerdos de pago, especialmente frente a situaciones en las que una persona no pueda afrontar inmediatamente el costo.
La intención, según remarcó, es establecer un procedimiento que combine capacidad efectiva de recupero con mecanismos de conciliación.
El dinero recuperado deberá volver a infraestructura vial
Uno de los puntos centrales de la propuesta es el destino del dinero. Macías sostuvo que los recursos recuperados deberán utilizarse nuevamente para recomponer infraestructura vial, sin desviarse hacia otras finalidades. “La idea es recomponer, restituir, restablecer los bienes que generan el deterioro en cada uno de estos accidentes”, explicó.
La instrumentación financiera —si los recursos serán administrados directamente por Vialidad o mediante otra dependencia provincial— deberá terminar de definirse durante el proceso legislativo.
El criterio político del proyecto, sin embargo, es que el recupero vuelva al sistema vial. “Cada uno de esos fondos deben estar destinados nuevamente a la infraestructura vial, que es parte de la seguridad vial”, afirmó.
“Toda la sociedad no tiene por qué involucrarse en el costo”
Macías sintetizó el fundamento de la iniciativa al señalar que actualmente existen situaciones en las que la Provincia repara un daño para garantizar la seguridad de quienes circulan, pero posteriormente no logra recuperar esa inversión. “Muchas veces la Provincia va a restituirlo y queda en la nada y no se vuelve a recuperar esa primera inversión”, señaló.
Por eso consideró necesario construir un procedimiento “más eficiente y sólido” desde el punto de vista administrativo y judicial.
El principio que atraviesa la propuesta es que la reparación inmediata de un bien público puede seguir estando a cargo del Estado cuando resulte necesaria para preservar la seguridad, pero el costo final debería ser reclamado a quienes resulten responsables o a sus aseguradoras. “Toda la sociedad no tiene por qué involucrarse en el costo de eso”, sostuvo Macías.



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