La discusión sobre el uso productivo de las tierras y los límites de la protección ambiental volvió a instalarse en Misiones, a partir de distintos planteos de sectores vinculados con la producción que buscan revisar las superficies alcanzadas por las categorías de protección establecidas por la normativa provincial.
Durante una entrevista con Radio Up, el ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables, Martín Recamán, se refirió al debate y remarcó la necesidad de analizar cualquier modificación del ordenamiento territorial desde una perspectiva técnica, considerando las características de los suelos y los riesgos ambientales asociados a determinados terrenos.
El planteo adquiere relevancia en paralelo con el proyecto impulsado por el diputado Miguel Núñez, exintegrante del PRO y actualmente vinculado al espacio de Ramón Amarilla, que comenzó a ser analizado en la Legislatura misionera y propone modificar la normativa provincial de bosques nativos.
La iniciativa apunta a flexibilizar las condiciones que determinan qué superficies quedan comprendidas dentro de la Categoría II, identificada con el color Amarillo, y cuáles pueden ser consideradas Categoría III, de color Verde, donde existen mayores posibilidades de aprovechamiento productivo y cambios de uso del suelo bajo determinadas condiciones.

Recamán planteó revisar las categorías desde una mirada técnica
Consultado sobre los pedidos de sectores productivos para modificar las zonas actualmente identificadas como Amarillo, Recamán recordó que Misiones consolidó en 2010 un ordenamiento territorial a través de la legislación vinculada con los bosques nativos, que estableció tres categorías de conservación.
El ministro puso el foco particularmente en las características de los terrenos comprendidos dentro de la Categoría II.
Según explicó, se trata principalmente de superficies asociadas a suelos pedregosos y de mayor complejidad, donde la remoción de la cobertura superficial puede generar dificultades para sostener posteriormente una actividad productiva.
Recamán también hizo especial referencia a las zonas con pendientes pronunciadas. En ese sentido, advirtió que la incorporación de determinadas superficies a actividades productivas debe evaluarse considerando el riesgo de degradación y pérdida del suelo.
La preocupación ambiental, explicó, está vinculada con la posibilidad de que la remoción de la cobertura vegetal deje expuestos terrenos que pueden sufrir procesos de lavado y erosión.
“Esas zonas dependientes” requieren, según el ministro, una evaluación particular porque una intervención que inicialmente puede parecer productivamente conveniente puede terminar afectando la capacidad del suelo para cumplir con esa función.
El debate por pasar tierras de Amarillo a Verde
La discusión legislativa tiene como uno de sus puntos centrales el criterio de pendiente utilizado para determinar la categoría de determinadas superficies.
El proyecto de Miguel Núñez propone elevar del 15% al 25% el umbral de pendiente utilizado para incluir determinados bosques dentro de las áreas con mayores restricciones.
En términos concretos, el cambio podría hacer que determinadas superficies que actualmente quedan comprendidas en la Categoría II, Amarillo, pasen a la Categoría III, Verde, ampliando las posibilidades de aprovechamiento productivo y de cambios de uso del suelo bajo las condiciones previstas por la normativa.
Los fundamentos de la iniciativa sostienen que el límite vigente resulta particularmente restrictivo para la topografía misionera y que afecta las posibilidades de aprovechamiento de sus propiedades, especialmente en el caso de pequeños y medianos productores.
Entre las actividades mencionadas como potencialmente beneficiadas aparecen la ganadería, la agricultura familiar y los cultivos regionales.
El planteo también se relaciona con reclamos de empresarios y propietarios de tierras del norte de Misiones, que vienen cuestionando determinadas restricciones y demoras relacionadas con cambios de uso del suelo.
En ese debate aparece como uno de los argumentos centrales el derecho de propiedad, acompañado por la consideración de que algunas superficies actualmente protegidas podrían incorporarse a actividades productivas sin generar un impacto ambiental significativo.

Misiones busca una agenda común con el sector agropecuario
Frente a estos planteos, Recamán sostuvo que la provincia viene trabajando para generar información y evaluar las distintas situaciones.
“Hay que atenderlos y hay que mirarlos”, planteó el ministro al referirse a los pedidos vinculados con el desarrollo productivo.
Sin embargo, remarcó que el análisis debe determinar dónde pueden desarrollarse determinadas actividades sin comprometer las características ambientales de los territorios.
En ese sentido, señaló que desde el Ministerio de Ecología se está trabajando en la generación de datos y en la evaluación de las distintas situaciones para aportar información que permita abordar el debate desde una perspectiva técnica.
Recamán también confirmó que comenzó a desarrollarse una agenda conjunta con el sector agropecuario, con el objetivo de articular posiciones y encontrar puntos de acuerdo sobre las cuestiones productivas que puedan plantearse en el territorio.
La intención, según explicó, es evaluar solicitudes y propuestas concretas y determinar cuáles pueden llevarse adelante en función de las características de cada superficie.
“Está bien si hay cuestiones productivas que hay que desarrollar y evaluar en el territorio para la provincia”, sostuvo el ministro, aunque insistió en que la definición debe contemplar las condiciones de las tierras.
La discusión ambiental se cruza con el debate por la Ley de Tierras
El planteo sobre el ordenamiento territorial misionero aparece además en un contexto más amplio de discusión sobre la protección de las tierras y los recursos naturales.
En los próximos días volverá a reunirse el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), donde se retomará el debate relacionado con la Ley de Tierras y la modificación de las normas que regulan la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
Misiones ya expresó anteriormente su rechazo a modificaciones que, desde su perspectiva, puedan facilitar procesos de extranjerización de tierras.
La provincia sostiene además una posición activa frente a la posibilidad de una extranjerización masiva de tierras, al punto de haber anunciado acciones judiciales destinadas a resguardar el territorio provincial frente a los efectos de modificaciones normativas nacionales.
La discusión incorpora así dos dimensiones que, aunque diferentes, confluyen en una misma preocupación: cómo se define el uso y la disponibilidad de las tierras y qué papel corresponde al Estado provincial en su regulación.

Propiedad, producción y preservación ambiental
El debate que comenzó a instalarse nuevamente en la Legislatura misionera plantea una tensión entre distintos intereses.
Por un lado aparecen los sectores productivos y propietarios que reclaman mayores posibilidades para utilizar determinadas superficies y sostienen que algunas restricciones pueden limitar el desarrollo económico de las propiedades.
Por otro, la política ambiental provincial busca preservar áreas que fueron incorporadas al ordenamiento territorial a partir de criterios vinculados con las características de los suelos, la pendiente, la cobertura vegetal y el riesgo de degradación.
En ese escenario, Recamán insistió en que la discusión debe desarrollarse con información técnica, evaluando las particularidades de cada territorio y articulando con el sector agropecuario.
La definición sobre si determinadas superficies pueden pasar de Amarillo a Verde implica, por lo tanto, una discusión que excede el cambio de una categoría en un mapa: involucra el destino productivo de tierras actualmente sujetas a mayores niveles de protección y obliga a ponderar los efectos ambientales que podrían producirse a partir de un cambio en su utilización.
El debate continuará ahora en el ámbito legislativo, mientras el Ministerio de Ecología avanza en la construcción de información y en una agenda de trabajo con el sector agropecuario para analizar las alternativas productivas planteadas para el territorio misionero.
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