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La Cámara de Diputados comenzará este miércoles 30 de septiembre el debate del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, presentado por el Gobierno el pasado 17 de septiembre, que establece nuevas sanciones por la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas y propone modificaciones en materia de defensa, seguridad e inteligencia. El tratamiento estará a cargo de un plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, que se reunirá desde las 12 y prevé avanzar con los dictámenes hasta el martes 6 de octubre.
El oficialismo tendrá el control de la discusión a través de las autoridades de las tres comisiones: Carlos Zapata en Defensa, Laura Rodríguez Machado en Legislación Penal y Juliana Santillán en Relaciones Exteriores.
Uno de los ejes del proyecto es el endurecimiento de las sanciones contra quienes exploten o colaboren con la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas y los espacios marítimos e insulares cercanos. La iniciativa establece penas de hasta 20 años de prisión y prevé la inhabilitación para operar en la Argentina.
El texto también reemplaza la actual Ley 26.659 y extiende las restricciones más allá de los hidrocarburos. En caso de aprobarse, las prohibiciones alcanzarían cualquier aprovechamiento no autorizado de recursos naturales renovables y no renovables. Además, se crearía un registro público de infractores y tanto el Estado como particulares tendrían prohibido contratar con quienes figuren allí.
Entre las modificaciones previstas también aparece la posibilidad de aplicar juicios en ausencia para los delitos contemplados en la nueva legislación.
Otro de los puntos centrales es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que estaría encabezado por el Presidente e integrado de manera permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica.
El organismo tendría como función coordinar las áreas diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de inteligencia, además de participar en la protección de infraestructuras consideradas críticas.
El proyecto contempla que el Consejo pueda adoptar medidas urgentes frente a una amenaza considerada grave e inminente. Entre ellas figuran restricciones a operaciones cambiarias y financieras, bloqueo temporal de fondos y activos, suspensión de autorizaciones o contrataciones, limitaciones a importaciones y exportaciones y modificaciones temporales de derechos aduaneros.
La iniciativa también incorpora disposiciones vinculadas con la defensa frente a determinadas amenazas. Entre ellas, contempla la posibilidad de derribar aeronaves o hundir buques considerados hostiles, como último recurso y luego de cumplir con las instancias establecidas en un protocolo de actuación.
En materia electoral, el proyecto propone prohibir aportes económicos de extranjeros que no tengan residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras a partidos políticos y campañas.
También incorpora nuevos delitos vinculados con la entrega de secretos a Estados o servicios de inteligencia extranjeros, la colaboración material con operaciones clandestinas y acciones financiadas desde el exterior destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva. Además, contempla sanciones para quienes promuevan o financien actos de violencia o sabotaje.
Otro cambio planteado es la redefinición de las funciones de la Defensa Nacional, que podría intervenir en materia de seguridad interna ante amenazas externas provenientes tanto de actores estatales como no estatales.
El proyecto incorpora además mediante ley el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). La inscripción permitiría la inmovilización de bienes y la prohibición de realizar determinadas operaciones económicas o financieras con personas y entidades vinculadas al terrorismo o su financiamiento.
Los cuestionamientos de la oposición
Desde la oposición cuestionan que las disposiciones relacionadas con Malvinas sean tratadas junto con un conjunto más amplio de modificaciones en materia de seguridad, defensa e inteligencia.
El diputado nacional de Unión por la Patria que participó de una audiencia informativa realizada en la Cámara baja sostuvo que el proyecto forma parte de un esquema internacional que, según su interpretación, busca incorporar determinadas políticas de Estados Unidos al ordenamiento argentino.
“Así mueren las democracias en América. Estamos ante un plan continental de contrainsurgencia y terrorismo de Estado comandado por Donald Trump y Marco Rubio, que tiene su expresión en el Consejo de Seguridad Nacional”, afirmó el legislador en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas.
El diputado también cuestionó la incorporación de las sanciones vinculadas con Malvinas dentro del mismo proyecto que crea el Consejo de Seguridad Nacional. “Se trata de una extorsión política por Malvinas, orquestada por Santiago Caputo, metiendo las sanciones por Malvinas en el mismo proyecto que el Consejo de Seguridad Nacional para que votar en contra parezca votar contra Malvinas”, sostuvo.
“Su objetivo es entregarnos al gobierno de Estados Unidos”, afirmó Marino, quien calificó la iniciativa como un “caballo de troya”.
El legislador sostuvo además que distintas iniciativas impulsadas por Estados Unidos tendrían su correlato en el proyecto argentino. “El Escudo de las Américas y el Memorándum Presidencial de Seguridad Nacional N.º 7 de Trump, la Cumbre Ministerial contra el supuesto ‘terrorismo político’ de Rubio, la Conferencia Anticárteles y la Fuerza de Tarea Conjunta para el Hemisferio Occidental de Hegseth, tienen su traducción en el proyecto de ley en un articulado que los incorpora, pieza por pieza, al derecho interno argentino”, indicó.
Respecto del RePET, Marino cuestionó que pueda utilizarse para registrar organizaciones y personas sin una causa penal previa. “Este registro de organizaciones y personas denominadas ‘terroristas’ se eleva a ley, con inscripción por ‘motivos razonables para sospechar’ y sin causa penal”, advirtió.
“Con la sola inscripción se congelan los bienes, sin orden judicial previa, y el artículo 126 garantiza impunidad a quien los congele aunque después se demuestre que no correspondía. A eso se suma un nuevo delito, con penas de 5 a 12 años de prisión, por ‘manipular la opinión pública’ con financiamiento extranjero”, agregó.
El diputado también objetó las disposiciones relacionadas con los sistemas de vigilancia y coordinación internacional. Según señaló, el proyecto permite integrar radares de otros países al sistema nacional y contempla la instalación de radares militares en las provincias sin aprobación de las jurisdicciones, además de habilitar mecanismos de coordinación con Estados extranjeros sobre territorio argentino.
“Es decir que no es una ley de defensa de la soberanía: es la ley que convierte el plan continental de Trump y Rubio en legislación interna”, concluyó el legislador de Unión por la Patria.
Con el inicio del tratamiento en comisiones, Diputados deberá analizar en los próximos días tanto las medidas vinculadas con la soberanía sobre Malvinas como las modificaciones propuestas en defensa, seguridad, inteligencia y financiamiento político, antes de avanzar hacia la etapa de dictámenes prevista para el 6 de octubre.
