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La Sala III de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires anuló la resolución de la jueza Laura De Marinis, quien había declarado inconstitucional la aplicación del nuevo régimen a un menor de 14 años acusado de una tentativa de robo agravado. También dejó sin efecto el sobreseimiento y ordenó sortear un nuevo magistrado.
La resolución fue dictada en el marco de una causa por tentativa de robo agravado, en la que De Marinis había sobreseído a un adolescente de 14 años, identificado en el expediente con las iniciales "M.I.A.".
Según surge del fallo de 65 páginas, los camaristas Ignacio Mahiques, Jorge Atilio Franza y Patricia Ana Larocca hicieron lugar al recurso de apelación presentado por el fiscal Mauro Andrés Tereszko y la auxiliar fiscal Paula Raffa Pirra, integrantes de la Unidad Fiscal Especializada en Penal Juvenil (UFEPJ).
Como consecuencia de la decisión, los magistrados también apartaron a De Marinis de la causa y dispusieron el sorteo de un nuevo juez del fuero para que intervenga en el expediente principal.
La Cámara validó la aplicación de la nueva ley
Uno de los puntos centrales de la resolución fue la declaración de validez del artículo 1 de la Ley 27.801, que establece el régimen penal aplicable a adolescentes desde los 14 años hasta antes de cumplir los 18.
Los camaristas también dejaron sin efecto el sobreseimiento del adolescente, por lo que la causa deberá continuar bajo la intervención de un nuevo magistrado.
En sus fundamentos, los jueces cuestionaron el razonamiento utilizado por De Marinis para declarar la inconstitucionalidad de la norma. Según el tribunal, la magistrada habría "confundido planos" al utilizar la gravedad concreta del hecho investigado y la situación de vulnerabilidad del adolescente para cuestionar la aplicación de una regla general.
El fallo sostiene además que la jueza realizó un juicio de conveniencia y no propiamente de constitucionalidad al analizar la nueva normativa.
Otro de los argumentos planteados por la Cámara fue que las observaciones formuladas por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas no tienen carácter vinculante para los tribunales argentinos.
Los camaristas también señalaron una contradicción en el razonamiento de De Marinis: según su interpretación, la eventual regresividad de una norma debía analizarse en función de cada caso concreto, pero la jueza habría recurrido a argumentos de carácter general para fundamentar su decisión.
La discusión sobre la edad de imputabilidad
La Ley 27.801 establece un nuevo régimen penal aplicable a adolescentes de entre 14 y 18 años cuando son imputados por delitos contemplados en el Código Penal o en leyes penales especiales.
En su fallo, De Marinis había considerado que la aplicación de esa normativa resultaba inconstitucional en el caso concreto porque implicaba una respuesta estatal regresiva frente a la situación del adolescente.
La magistrada había sostenido que, antes de la entrada en vigencia de la nueva ley, un menor de 14 años podía ser responsabilizado por su conducta, pero no era sometido a persecución penal, sino que intervenía el sistema de protección integral de derechos.
"Centralmente el argumento consiste en que la respuesta institucional otorgada a la conducta reprochada a M.I.A. es regresiva", había señalado De Marinis.
Para la jueza, el cambio normativo implicaba que el Estado pasara de un sistema basado en la protección integral a uno que habilita la intervención penal respecto de adolescentes desde los 14 años.
El planteo de De Marinis: educación y contención antes que castigo
En la resolución que ahora fue revocada, la magistrada había desarrollado una mirada centrada en la necesidad de priorizar respuestas estatales vinculadas con la educación, la salud y la contención social frente a las trayectorias de vulnerabilidad de niños y adolescentes.
"Como adultos, no podemos castigar a los niños, niñas y adolescentes por lo que no hicimos", había expresado De Marinis, al cuestionar la responsabilidad del Estado y de la sociedad frente a situaciones de desamparo durante la infancia.
La jueza también había advertido que la incorporación de adolescentes al sistema penal debía constituir un recurso excepcional.
"No pretendo con estas líneas romantizar la infracción penal juvenil, sólo intento señalar que la incorporación al sistema penal tiene que ser el último recurso y, en algunas trayectorias vitales, lamentablemente es el primero", sostuvo.
A partir de esos argumentos, De Marinis declaró inconstitucional el artículo 1 de la Ley 27.801 para el caso concreto.
La Cámara, sin embargo, consideró que ese razonamiento no resultaba suficiente para invalidar la norma y resolvió revocar la decisión, dejar sin efecto el sobreseimiento y disponer la intervención de un nuevo juez en la causa.
