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La presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad de Misiones, Tatiana Antúnez, analizó en el programa “Realidad Mixta” de Radio Up el impacto que podrían tener en la provincia los cambios impulsados por el Gobierno nacional en materia de discapacidad, especialmente a partir del debate por el Presupuesto 2027 y la renuncia del secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, ocurrida el lunes 21 de septiembre; Antúnez explicó que las modificaciones y demoras administrativas podrían afectar pensiones, prestaciones, medicamentos, programas y financiamiento, y planteó la necesidad de garantizar previsibilidad y el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad.
La salida de Vilches se conoció mientras el Congreso analiza el proyecto de Presupuesto 2027, que contempla modificaciones vinculadas al financiamiento y al esquema de prestaciones para el sector. El exfuncionario comunicó su renuncia al ministro de Salud, Mario Lugones, y atribuyó su decisión a “razones estrictamente
Para Antúnez, el cambio en la conducción nacional puede generar consecuencias administrativas en las provincias. “Todas las medidas que viene tomando el Gobierno nacional han tenido impacto en cada provincia del país”, sostuvo durante la entrevista.
En ese sentido, mencionó los recortes, las demoras en la entrega de medicación y las dificultades que pueden surgir ante un cambio de autoridades.
“Nosotros lo que vivimos ya anteriormente con lo que pasó con Español o el que estaba a cargo de la Agencia de Discapacidad nos da como antecedente de que pueden existir demoras en la firma de expedientes, en la aprobación de nuevos programas”, explicó.
La dirigente provincial señaló que esas demoras podrían alcanzar programas vinculados al FONADIS, a la Secretaría Nacional de Discapacidad y otras gestiones que requieren definiciones del organismo nacional.
Según planteó, uno de los principales problemas para las instituciones es la falta de previsibilidad respecto de los lineamientos que deberán seguirse a partir de la designación de una nueva autoridad.
“Cuando vos te comunicás con un subsecretario de la Secretaría Nacional de Discapacidad y le decís cuáles son los lineamientos, qué previsibilidad tenemos las instituciones para trabajar, nos dicen que hay que esperar a que haya una nueva designación”, relató.
Un cambio en el enfoque de las políticas de discapacidad
Durante la entrevista, Antúnez también cuestionó lo que considera una modificación en el enfoque de las políticas públicas de discapacidad.
La funcionaria señaló como uno de los principales cambios la transformación institucional de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y sostuvo que, desde su perspectiva, esto implica una modificación en la forma de abordar los derechos de las personas con discapacidad.
“El más grande de todos, que impacta en la perspectiva, en cómo se mira a las personas con discapacidad, es la desjerarquización de la Agencia Nacional de Discapacidad”, afirmó.
Antúnez sostuvo que el área pasó a una estructura dependiente del Ministerio de Salud y consideró que ese proceso implica un desplazamiento desde el denominado modelo social de la discapacidad hacia una mirada que, según su interpretación, vuelve a poner el foco en aspectos médicos y rehabilitadores.
“Nosotros pasamos a un modelo social establecido por la Convención, con perspectiva de derechos”, señaló.
En contraposición, sostuvo que actualmente los programas nacionales estarían concentrando la atención en aspectos vinculados con la invalidez laboral, la vulnerabilidad y las condiciones de salud.
“Después el resto de los programas, por ejemplo todo lo que tenga que ver con inclusión laboral, fomento al deporte, cultura, educación, turismo, todo eso quedó de lado después de que asumió esta nueva gestión”, manifestó.
Reclamos por pensiones, prestaciones y financiamiento
Antúnez también hizo referencia a las consecuencias que tuvieron las modificaciones y auditorías sobre las pensiones no contributivas.
Recordó que en Misiones se habían iniciado acciones judiciales para proteger a beneficiarios afectados y señaló que posteriormente una medida cautelar colectiva permitió recuperar el pago de determinadas pensiones.
“En el mes de diciembre del año pasado esta medida cautelar hace que se levanten todas las pensiones no contributivas, obligando a la agencia de discapacidad a que vuelva a pagarlas y que garantice el servicio de salud que viene asociado”, explicó.
Ese servicio corresponde al programa federal Incluir Salud, destinado a personas que reúnen determinados requisitos y que necesitan cobertura de prestaciones sanitarias.
La funcionaria remarcó que el impacto de las políticas nacionales alcanza a una población amplia en la provincia.
Según datos publicados en junio de 2026, 36.468 personas contaban con Certificado Único de Discapacidad (CUD) en Misiones.
“Cualquier medida que se tome sobre los cambios en las obras sociales, la desregulación que se vivió por decreto a la Superintendencia de Salud también se está sintiendo en toda esa población”, afirmó Antúnez.
En su análisis incluyó gastos relacionados con terapias, medicación, transporte, cuidadores, asistentes personales y ayudas técnicas.
La presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad sostuvo que esos costos pueden representar una carga adicional para las familias.
“Una persona con discapacidad tiene que tener todo eso en cuenta y suele tener un costo muchísimo más alto”, afirmó.
La discusión por el Nomenclador de Prestaciones Básicas
Uno de los puntos que Antúnez identificó como centrales dentro de la discusión del Presupuesto 2027 es el futuro del Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad.
El proyecto presupuestario contempla modificaciones sobre el esquema de actualización de los valores de las prestaciones, un aspecto que también fue señalado públicamente por organizaciones y referentes del sector.
Para Antúnez, la eliminación de un esquema de valores universales podría generar diferencias entre jurisdicciones y financiadores.
“Hoy el nomenclador es lo que establece la universalidad de los valores del costo de los servicios y de las prestaciones para las personas con discapacidad y los profesionales”, explicó.
También advirtió sobre el impacto que podría tener la modificación en las distintas provincias.
“Lo que te puede generar es una mayor desigualdad entre provincias al quitar la universalidad”, sostuvo.
Según su explicación, otro de los puntos de preocupación está relacionado con la forma en que se definirían las futuras actualizaciones de los valores.
La preocupación por el financiamiento nacional
Durante la entrevista, Antúnez también se refirió al financiamiento destinado a programas específicos para personas con discapacidad.
La funcionaria señaló que existen recursos vinculados al Fondo Nacional de Discapacidad y cuestionó los tiempos de implementación de programas que, según indicó, ya fueron aprobados.
“Nosotros tuvimos una asamblea en el marco del Consejo Nacional de Articulación, donde se aprobó el nuevo programa”, relató.
Según Antúnez, desde Misiones se viene reclamando la puesta en marcha de esos programas desde hace varios meses.
“Desde mayo que venimos convocando para que se implemente el FONADI, en junio se aprobaron y todavía, mirá el mes que estamos, no se lanzaron los programas”, afirmó.
En ese punto, sostuvo que durante una reunión del Consejo Federal se había consultado por los fondos disponibles.
“Él nos dijo que la plata está”, recordó Antúnez, en referencia a una respuesta que atribuyó a Alejandro Vilches.
Cuatro proyectos para Misiones
Antúnez también aportó datos sobre la distribución de proyectos vinculados al financiamiento nacional.
Según explicó durante la entrevista, a nivel nacional se aprobaron 184 proyectos, mientras que cuatro corresponden a Misiones.
“Nosotros tenemos 36.000 personas con discapacidad”, señaló, al plantear que la cantidad de proyectos resulta insuficiente frente a las necesidades existentes.
La funcionaria también comparó la cantidad de personas con discapacidad registradas en Misiones con las estimaciones generales de prevalencia.
De acuerdo con los datos provinciales publicados este año, el registro de 36.468 personas con CUD representa una referencia relevante para dimensionar el universo alcanzado por las políticas de discapacidad en la provincia.
El impacto en las provincias
Otro de los ejes de la entrevista fue el papel de las provincias frente a las modificaciones nacionales.
Antúnez sostuvo que las jurisdicciones deben afrontar parte de las demandas que surgen cuando Nación demora o modifica determinadas prestaciones y programas.
“Las provincias no son islas, somos ciudadanos de la República Argentina”, afirmó.
En esa línea, recordó que existe un marco normativo nacional y compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en materia de derechos de las personas con discapacidad.
“Hay un montón de compromisos de Estado hechos”, sostuvo.
La funcionaria también destacó las políticas provinciales destinadas a contener determinadas demandas sociales.
Según expresó, cuando Nación deja de cubrir determinadas necesidades, el impacto puede trasladarse a organismos provinciales como los ministerios de Salud, Desarrollo Social y otras áreas.
La salida de Vilches y el escenario que viene
La renuncia de Alejandro Vilches agregó un nuevo elemento al escenario de incertidumbre que atraviesa el área de discapacidad.
El exsecretario dejó su cargo el 21 de septiembre y explicó que su salida obedecía a “razones estrictamente personales”. Hasta el momento de las primeras informaciones sobre su renuncia, el Gobierno nacional no había anunciado a su reemplazante.
La salida se produjo en paralelo con la discusión sobre las modificaciones para discapacidad incluidas en el proyecto de Presupuesto 2027. Distintos medios señalaron que el debate generó tensiones dentro del oficialismo y cuestionamientos de sectores aliados.
Para Antúnez, el cambio de funcionario no necesariamente implica por sí mismo una modificación de las políticas.
“Nosotros esperamos porque tenemos fe y confiamos de que algo puede llegar a mejorar”, sostuvo.
Al mismo tiempo, remarcó que la continuidad de determinadas políticas depende de las decisiones que adopte el Gobierno nacional.
“La ciudadanía tiene que pensar qué proyecto político elige”
En el tramo final de la entrevista, Antúnez planteó una reflexión sobre el rol del Estado en la atención de las personas con discapacidad.
“Todos necesitamos la asistencia del Estado”, sostuvo, y puso como ejemplo el caso de personas que requieren tratamientos o medicamentos de costos elevados.
La funcionaria remarcó que la asistencia de familiares y organizaciones puede ser importante, pero consideró que no reemplaza una política pública permanente.
“La solidaridad ayuda un montón, de hecho, pero es acotada y dura un tiempo”, expresó.
Antúnez sostuvo que las necesidades vinculadas con la discapacidad requieren continuidad en áreas como terapias, medicación, alimentación, transporte y asistencia personal.
“Solamente el que vive y convive con la discapacidad puede llegar a dimensionarlo hacia afuera”, afirmó.
Finalmente, llamó a prestar atención a la situación que atraviesan las personas con discapacidad en el país.
“Creo que es necesario que la ciudadanía también se acerque y mire qué está pasando”, concluyó.
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