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El Gobierno nacional abrió este viernes la posibilidad de modificar las partidas destinadas a Discapacidad y Universidades incluidas en el proyecto de Presupuesto 2027, con el objetivo de avanzar en las negociaciones con sus bloques aliados, principalmente PRO y UCR, y reducir las diferencias con los sectores involucrados. La estrategia se definirá durante el tratamiento legislativo de la iniciativa, luego de que los cambios planteados inicialmente generaran cuestionamientos y complicaran el esquema de acuerdos.
En el caso de Discapacidad, el oficialismo analiza reemplazar la prórroga de la emergencia nacional por un régimen permanente que contemple un refuerzo presupuestario y atienda parte de los reclamos de los prestadores.
La propuesta contempla evitar la extensión durante 2027 de la Emergencia Nacional en Discapacidad, establecida por la Ley 27.793. Como alternativa, el Gobierno plantea incrementar los recursos, sostener compensaciones reclamadas por los prestadores debido al atraso acumulado entre 2023 y 2024 y avanzar hacia un esquema permanente.
Uno de los principales puntos de discusión está relacionado con el sistema de aranceles. El Ejecutivo propone eliminar el nomenclador universal único por financiador y permitir que cada prestador establezca sus valores a partir de un piso determinado.
En paralelo, la Secretaría de Discapacidad oficializó para septiembre un incremento mensual del 1,7%, calculado bajo el régimen actualmente vigente.
En cuanto a las Universidades, el Gobierno también analiza ampliar los recursos previstos originalmente en el proyecto enviado al Congreso, aunque sin incorporar de manera automática la totalidad del reclamo planteado por las instituciones.
El Presupuesto 2027 contempla inicialmente $7,349 billones para funcionamiento e inversión de las universidades, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclama $11 billones. La diferencia entre ambas cifras alcanza los $3,65 billones, que será uno de los principales puntos de discusión durante el debate parlamentario.
Desde el Gobierno consideran que una ampliación de los fondos universitarios podría contribuir a modificar el escenario judicial surgido a partir de las cautelares y demandas vinculadas con la recomposición salarial contemplada en la Ley 27.795.
De esta manera, el oficialismo buscará utilizar la discusión del Presupuesto 2027 en el Congreso para reformular las partidas de ambos sectores, acercar posiciones con sus aliados y reducir los conflictos que complicaron el tratamiento inicial del proyecto.
