El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, cuestionó este viernes al Tribunal Supremo Federal (STF) y sostuvo que al menos cinco de sus ministros estarían vinculados directa o indirectamente con el escándalo del Banco Master, cuyo excontrolador, Daniel Vorcaro, se encuentra detenido e investigado por un fraude financiero de gran magnitud. Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista radial y se produjeron en plena campaña para las elecciones presidenciales del 4 de octubre, en un contexto de creciente tensión alrededor de la investigación.
Lula aseguró que Vorcaro habría utilizado fiestas privadas y presuntos favores sexuales y económicos para establecer vínculos con empresarios, dirigentes políticos y personas relacionadas con el Poder Judicial. El mandatario evitó identificar públicamente a los magistrados a los que hacía referencia, pero sostuvo que uno de ellos habría mantenido relaciones con una mujer vinculada al banquero y que posteriormente habría solicitado que el propio Banco Master cubriera una deuda de 10.000 reales.
“Este tipo de comportamiento tan bajo tiene que acabar en la política”, afirmó Lula al referirse a los supuestos intercambios de favores que aparecen en las investigaciones.
La Policía Federal encontró en el teléfono de Vorcaro mensajes sobre encuentros, viajes, fiestas y beneficios ofrecidos a personas vinculadas con autoridades. Entre esas conversaciones aparece una mujer identificada como Rayanna, quien menciona encuentros organizados por el empresario y alude a una persona que “se acostó con Kassio”, en una referencia atribuida por distintos medios al ministro Kassio Nunes Marques. Las acusaciones se encuentran bajo investigación y no equivalen por sí mismas a una determinación judicial de responsabilidad.
El expediente también menciona a otros integrantes del Supremo, entre ellos Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Luís Fux y André Mendonça. Uno de los puntos que generó mayor repercusión es un contrato entre el Banco Master y el estudio jurídico de Viviane Barci de Moraes, esposa de Alexandre de Moraes, que contemplaba servicios legales y consultoría estratégica en distintos organismos públicos. El propio contrato fue divulgado por el STF luego del levantamiento del secreto de parte de las actuaciones.
Otro de los magistrados mencionados en las investigaciones es André Mendonça. El ministro recibió en marzo de 2025 a Vorcaro en una reunión que, según información oficial, no estaba incluida en la agenda pública. Además, el ministro Flávio Dino solicitó explicaciones sobre posibles vínculos entre el Banco Master y el Instituto Iter, fundado por Mendonça.
La situación también alcanzó a Kassio Nunes Marques. Mensajes recuperados del teléfono de Vorcaro hacen referencia a viajes y alojamiento para personas vinculadas al magistrado. Una investigación periodística señaló que una mansión de lujo habría sido financiada por Vorcaro durante el Carnaval de 2025 para una persona identificada como “KN”, sigla atribuida a Nunes Marques. El ministro se declaró impedido en una sesión relacionada con las comunicaciones del exbanquero.
Frente al impacto institucional del caso, Lula planteó la necesidad de discutir una eventual reforma del Poder Judicial, aunque sostuvo que primero debe resolverse la investigación sobre el Banco Master. “Vamos a tener que debatir cómo vamos a solucionar esto. ¿Cómo vamos a reformar el Tribunal Supremo? Antes de cualquier reforma, tenemos que resolver este problema”, expresó.
El presidente también buscó diferenciar su gestión de los hechos atribuidos a Vorcaro y recordó el período en que se desarrolló la expansión del Banco Master. “Se convirtió en banquero bajo el gobierno de Bolsonaro y se convirtió en prisionero bajo mi gobierno”, afirmó.
El escándalo comenzó a extenderse más allá de los vínculos con el STF. La Policía Federal también investiga presuntos pagos y beneficios a funcionarios y personas relacionadas con organismos públicos. Un informe de la fuerza, por ejemplo, señaló que un exresponsable del área de supervisión del Banco Central habría recibido pagos mensuales de hasta 500.000 reales a cambio de información confidencial para Vorcaro.
Con la investigación todavía en curso, el caso Banco Master se convirtió en uno de los principales focos de tensión política e institucional de Brasil, al involucrar al sistema financiero, funcionarios públicos y miembros del máximo tribunal del país, en medio de la campaña electoral.
