La presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad de Misiones, Tatiana Antúnez, reclamó ante el Congreso de la Nación la urgente prórroga de la emergencia en discapacidad.
Durante su presentación en la comisión legislativa, la funcionaria provincial advirtió sobre el impacto del proyecto de Presupuesto 2027, señalando que incluye artículos que vulneran los derechos adquiridos.
En la reunión estuvieron presentes los diputados nacionales misioneros Oscar Herrera Ahuad y Yamila Ruiz, referentes del bloque Argentina Federal.
Antúnez cuestionó duramente a la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis) por no convocar al Consejo Federal de Discapacidad para debatir las modificaciones estructurales del sector.
La referente desmintió versiones oficiales y confirmó que el organismo federal solo fue convocado dos veces en todo el año para tratar la problemática.
La situación afecta directamente a unas 36.000 personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y a 48.000 afiliados al Programa Federal Incluir Salud en suelo misionero.
Un elevado porcentaje de los damnificados reside en zonas rurales y periurbanas, lo que complejiza el acceso al transporte, la rehabilitación y la atención médica integral.
Entre las denuncias más severas, se destacó la falta de envío de medicamentos de alto costo, esenciales para pacientes con patologías complejas como la hemofilia.
Asimismo, la funcionaria reveló que existen 316 pacientes con ELA sin respuestas desde mayo, cuyos tratamientos alcanzan montos de hasta 60.000 dólares.
A la crisis sanitaria se le suman demoras de seis meses en la entrega de ayudas técnicas, elementos ortopédicos y sillas de ruedas adjudicadas en 2025.
El informe presentado da cuenta de cirugías pendientes desde febrero de 2025 y un retraso acumulado de dos meses en los pagos a prestadores y transportistas.
Las fallas de cobertura no se limitan al programa Incluir Salud, sino que alcanzan a los beneficiarios de PAMI y a las obras sociales bajo la Superintendencia de Servicios de Salud.
Respecto al Fondo Nacional de Discapacidad, se evidenció una profunda subejecución de recursos económicos disponibles que paraliza proyectos clave en las provincias.
En Misiones, la llegada de partidas aprobadas registró demoras de hasta ocho meses, mientras que convenios firmados en junio continúan sin ejecutarse.
Frente a los legisladores, Antúnez remarcó que las personas del sector no deben ser tratadas como una variable de ajuste fiscal ni analizadas únicamente como pacientes.
La funcionaria concluyó exigiendo una mirada integral basada en los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para garantizar una vida digna.



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