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En caso de no registrarse avances, los gremios anticiparon que convocarán a una quinta Marcha Federal Universitaria, en continuidad con las medidas de protesta desarrolladas durante el conflicto por el financiamiento del sistema universitario.
La nueva movilización se sumaría a las anteriores marchas federales realizadas para reclamar mayores recursos para las universidades públicas y una recomposición de los ingresos del personal docente y no docente.
El reclamo por salarios y becas
Uno de los principales puntos de la disputa está relacionado con los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que establecen mecanismos vinculados con la actualización de los salarios del personal universitario y la recomposición de los programas de becas estudiantiles.
Desde el sector gremial se reclama una recomposición salarial del 33,4%, además de la actualización de las becas destinadas a estudiantes.
Los sindicatos sostienen que la aplicación de estas disposiciones resulta necesaria para sostener el funcionamiento del sistema universitario y garantizar las condiciones de enseñanza, investigación y formación profesional.
Una jornada de clases públicas y actividades abiertas
La jornada de protesta frente a la Casa Rosada incluyó clases abiertas al público y actividades vinculadas con distintas áreas de trabajo universitario.
Durante la jornada también se ofrecieron servicios gratuitos relacionados con salud, asesoramiento jurídico y contable y orientación psicológica.
Además, se presentaron proyectos de investigación y desarrollo científico y tecnológico realizados en el ámbito universitario.
Las actividades tuvieron como objetivo mostrar el impacto de las universidades públicas en la formación académica, la investigación, la producción de conocimiento y la prestación de servicios a la comunidad.
Qué establece la Ley 27.795
La Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente fue sancionada en agosto de 2025 y establece mecanismos de actualización para distintos componentes del financiamiento universitario.
La normativa contempla disposiciones vinculadas con los gastos de funcionamiento, los salarios del personal docente y no docente y los programas de becas estudiantiles.
El conflicto se profundizó luego de que el Poder Ejecutivo estableciera que la aplicación de la normativa quedaba condicionada a la determinación de las fuentes específicas de financiamiento.
El conflicto llegó a la Justicia
La discusión por la aplicación de la ley derivó en distintas presentaciones judiciales impulsadas por representantes del sistema universitario.
En junio de 2026, la Corte Suprema dejó firme una medida cautelar relacionada con los artículos de la normativa referidos a la actualización salarial y las becas estudiantiles.
La decisión judicial se convirtió en otro de los argumentos utilizados por los gremios para reclamar al Gobierno nacional la aplicación de las disposiciones establecidas por el Congreso.
La respuesta del Gobierno
El Gobierno nacional sostiene que la educación constituye una prioridad y rechaza que exista una política destinada específicamente a desfinanciar a las universidades públicas.
Desde el Poder Ejecutivo también plantearon que la discusión sobre los recursos destinados al sistema universitario debe desarrollarse dentro del Presupuesto nacional y que las nuevas partidas deben contar con una fuente de financiamiento.
El Gobierno también sostiene que durante su gestión se otorgaron incrementos salariales al personal docente y que el financiamiento universitario debe analizarse dentro del esquema presupuestario general.
Octubre será una fecha clave para el reclamo universitario
La primera semana de octubre quedó planteada por los gremios como el momento para evaluar la situación y definir los próximos pasos del conflicto.
Si consideran que no hubo avances suficientes en la aplicación de la Ley 27.795 y en el cumplimiento de las medidas judiciales, las organizaciones anticiparon una quinta Marcha Federal Universitaria.
De esta manera, el financiamiento universitario, los salarios del personal y las becas estudiantiles continúan como los principales puntos de la disputa entre el sector universitario y el Gobierno nacional.
La continuidad del reclamo también está vinculada con el impacto de la inflación sobre los ingresos del personal universitario y con la evolución de los recursos destinados al funcionamiento de las instituciones. Los gremios plantean que la actualización de salarios y becas debe acompañar la variación de los precios para evitar una pérdida del poder adquisitivo y sostener las condiciones de cursada y permanencia de los estudiantes.
En paralelo, las organizaciones universitarias mantienen abierta la posibilidad de profundizar las medidas de fuerza durante las próximas semanas. La definición de una nueva movilización dependerá de los avances que se produzcan en torno a la aplicación de la normativa y de las respuestas del Gobierno nacional frente a los reclamos planteados por el sector.
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