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El Gobierno del Reino Unido publicó este martes una nueva guía oficial destinada a empresas y particulares que desarrollan actividades económicas o prestan servicios vinculados con las Islas Malvinas.
El documento, elaborado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO) junto con el Departamento de Negocios y Comercio, fija la posición de Londres frente a las recientes medidas adoptadas por el Gobierno de Javier Milei contra compañías relacionadas con la explotación de recursos en el archipiélago. La guía fue publicada el 15 de septiembre de 2026.
Bajo el título “Hacer negocios con las Islas Malvinas”, el Reino Unido manifestó que respalda toda actividad económica legítima en el territorio y sostuvo que los habitantes del archipiélago tienen derecho a regular su economía y desarrollar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos.
Según el documento, el Gobierno de las islas es responsable de regular las actividades económicas desarrolladas en el territorio. Londres también señaló que las actividades vinculadas con hidrocarburos en la plataforma continental de las islas se encuentran reguladas por la legislación local.
La postura británica sobre la soberanía
En materia de soberanía, el Gobierno británico reiteró que considera a las Malvinas un Territorio Británico de Ultramar y afirmó que no discutirá esa cuestión salvo que los habitantes del archipiélago así lo soliciten.
La guía también sostiene que el Reino Unido respalda el principio de autodeterminación de los isleños y vincula ese planteo con disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas y de los pactos internacionales sobre derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
El documento afirma, además, que la Argentina no ejerce soberanía ni jurisdicción sobre las islas y que su legislación interna no resulta aplicable dentro del territorio. Esta es la posición oficial del Gobierno británico y forma parte de una disputa de soberanía que ambos países mantienen desde hace décadas.
Críticas a las medidas argentinas
Uno de los principales apartados de la guía está dedicado a las medidas impulsadas por Argentina contra empresas y particulares vinculados con actividades en las Malvinas.
Londres advierte que algunas compañías o individuos podrían recibir comunicaciones de las autoridades argentinas relacionadas con sus operaciones en el archipiélago.
Frente a ese escenario, el Gobierno británico sostiene que Argentina no tiene derecho a ejercer jurisdicción sobre las Islas Malvinas ni a aplicar su legislación interna a empresas o personas que desarrollen actividades comerciales vinculadas con el territorio.
El Reino Unido también afirma que las medidas argentinas implementadas anteriormente con el objetivo de desalentar determinadas actividades comerciales no impidieron el desarrollo de la economía de las islas.
Según la evaluación incluida en la guía, la economía de las Malvinas continuó creciendo durante el período en el que estuvieron vigentes esas medidas. Se trata de una afirmación del Gobierno británico incluida en el documento oficial.
Asistencia a empresas frente a posibles acciones argentinas
La nueva guía también contempla mecanismos de asistencia para empresas que puedan verse afectadas por las medidas argentinas.
El Gobierno británico recomienda a compañías y particulares que reciban comunicaciones o amenazas de acciones legales obtener asesoramiento jurídico independiente para evaluar cada situación particular.
Además, el FCDO aseguró que está dispuesto a respaldar a empresas que enfrenten presiones en terceros países debido a actividades comerciales consideradas legítimas por Londres en las Islas Malvinas.
La asistencia podría alcanzar a compañías, subsidiarias o proveedores que sean objeto de presiones relacionadas con sus vínculos comerciales con el archipiélago.
El Gobierno de Milei endureció las medidas
La publicación británica se produce después de una serie de decisiones adoptadas por el Gobierno argentino para avanzar contra empresas y personas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en los espacios marítimos relacionados con las Malvinas.
El 3 de septiembre, la Casa Rosada informó el inicio de procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas por presuntas violaciones de las prohibiciones establecidas por la Ley 26.659, vinculadas con actividades de exploración y explotación de hidrocarburos.
Cinco días después, el Gobierno anunció procedimientos contra 15 sujetos adicionales, con lo que el número de personas físicas y jurídicas alcanzadas por esos procesos ascendió a 60, según los comunicados oficiales publicados hasta ese momento.
La administración de Milei también avanzó con denuncias penales contra empresas vinculadas con proyectos hidrocarburíferos en la Cuenca Malvinas Norte. Entre las compañías mencionadas oficialmente se encuentran Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
El Gobierno argentino sostiene que esas actividades se realizan sin autorización de las autoridades nacionales y que afectan los derechos soberanos de la Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
Un nuevo capítulo de la disputa por los recursos
En paralelo, el Poder Ejecutivo argentino publicó el Decreto 868/2026, que estableció reglas específicas para acelerar los procedimientos administrativos derivados de posibles incumplimientos de la Ley 26.659 y designó al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto como autoridad de aplicación de esa normativa.
El decreto sostiene que las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en los espacios marítimos vinculados con las islas se producen en el marco de una disputa de soberanía y las considera incompatibles con la posición argentina respecto de las resoluciones de Naciones Unidas sobre la cuestión Malvinas.
De este modo, la publicación de la guía británica agrega un nuevo elemento a la disputa entre Argentina y Reino Unido en torno a la soberanía del archipiélago y al desarrollo de sus recursos naturales.
Mientras Londres ofrece respaldo a empresas y particulares que desarrollen actividades económicas en las islas, el Gobierno argentino continúa utilizando herramientas administrativas, judiciales y diplomáticas para cuestionar esas operaciones y sostener su reclamo de soberanía.
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