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La discusión en torno al futuro de la concesión del servicio de agua y saneamiento volvió a instalarse en la agenda política de Misiones luego de que el proyecto de presupuesto incluyera una autorización al Poder Ejecutivo para realizar los trámites vinculados con la renovación de la prestación.
En diálogo con Radio Up, el diputado provincial José Luis Pastori explicó que se trata de una autorización de carácter administrativo que permitirá al Ejecutivo avanzar cuando llegue el momento del vencimiento de la concesión. Según planteó, esa disposición no determina de antemano que SAMSA continuará prestando el servicio. “Puede ser la misma empresa, puede ser otra”, resumió Pastori al ser consultado sobre el alcance de la autorización.
El legislador señaló que, cuando corresponda avanzar con la nueva concesión, se deberá evaluar si la empresa que actualmente presta el servicio reúne las condiciones necesarias. En caso contrario, sostuvo, podrá buscarse otra prestataria.
El debate por los tiempos de la renovación
La aclaración surgió luego de que algunos concejales cuestionaran la incorporación de la autorización al presupuesto al considerar que todavía faltarían varios años para una nueva concesión.
Pastori sostuvo que el vencimiento se producirá el año próximo y explicó que la incorporación presupuestaria apunta precisamente a otorgar al Ejecutivo las herramientas necesarias para iniciar los trámites correspondientes cuando llegue ese momento.
El diputado también anticipó que el tema será analizado en el marco de la discusión presupuestaria. Según explicó, la presentación del presupuesto finalizará la próxima semana, mientras que el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, participará de las instancias de debate correspondientes.
Además, confirmó que está prevista una reunión con concejales que presentaron una nota vinculada con la cuestión. El encuentro, que al momento de la entrevista tenía pendiente definir el horario, tendrá como objetivo escuchar sus planteos, inquietudes y sugerencias. “Nosotros explicarles desde la Comisión de Presupuesto en lo que me toca qué es lo que está, qué es ese artículo”, señaló Pastori.
Concesión de SAMSA: el proceso deberá definir las condiciones
Pastori remarcó que una eventual renovación o cambio de prestataria no se resolvería únicamente a partir del artículo incorporado al presupuesto.
Explicó que los procesos de concesión cuentan con mecanismos específicos, que incluyen pliegos generales y particulares donde se establecen las condiciones de la prestación. Por eso, diferenció la autorización presupuestaria del proceso concreto de concesión que deberá desarrollarse posteriormente.
En ese escenario, la continuidad de SAMSA quedará supeditada a las condiciones que se establezcan y a la evaluación correspondiente. También podrán intervenir los organismos vinculados al control y regulación del servicio.
El área de concesión de Iguaçu también está en discusión
Otro de los puntos mencionados durante la entrevista fue la posibilidad de otorgar el área de concesión de Iguaçu, un asunto que, según Pastori, todavía se encuentra bajo análisis.
El diputado indicó que se trata de uno de los temas que será debatido durante las próximas reuniones vinculadas con el presupuesto y que todavía existen aspectos que deben ser evaluados. En ese sentido, evitó presentar una definición cerrada y planteó que el debate debe contemplar las distintas alternativas antes de avanzar.
“El servicio funciona con sus bemoles”
Consultado sobre la posibilidad de reemplazar a la actual prestataria, Pastori reconoció que se trataría de un proceso complejo.
El legislador sostuvo que primero debería determinarse si existen empresas interesadas en asumir la prestación y recordó que, según su interpretación, la Provincia no estaría planteando estatizar el servicio.
Su evaluación sobre el funcionamiento actual de la prestación fue que “funciona con sus bemoles”, aunque consideró que, si apareciera una alternativa capaz de brindar un servicio más eficiente y que no implique un mayor gasto para el Estado, podría evaluarse su incorporación. “Si se puede conseguir una empresa que lo haga de forma eficiente o más eficiente y que no genere un gasto más al Estado, sobre todo en este contexto económico, seguramente se seguirá concesionando el servicio”, sostuvo.
La definición pone el foco en uno de los aspectos centrales del debate: el costo que representa la prestación para el Estado y las condiciones bajo las cuales se desarrolla una concesión privada.
Pastori planteó que el próximo contrato podría tener nuevas condiciones
Uno de los cuestionamientos que surgió durante la entrevista estuvo relacionado con las obras de infraestructura que afronta la Provincia mientras la empresa prestataria continúa cobrando por el servicio.
Pastori respondió que esas condiciones fueron establecidas en el contrato vigente y que, cuando llegue el momento de definir una nueva concesión, el Ejecutivo deberá establecer cuáles serán las reglas para la próxima etapa. “Cuando llegue el momento, seguramente vamos a tener, o va a tener que el Ejecutivo establecer cuáles van a ser las nuevas condiciones para adelante de la prestación del servicio”, afirmó.
El legislador vinculó esta discusión con un contexto político y económico que, a su entender, está modificando el esquema de responsabilidades entre Nación y las provincias.
Obras provinciales y falta de fondos nacionales
Para explicar ese cambio de escenario, Pastori mencionó distintas obras que la Provincia anunció que afrontará con recursos propios ante la falta de transferencia de fondos nacionales.
Entre ellas mencionó el mantenimiento y mejoramiento de rutas nacionales, como la Ruta Nacional 14, además de obras vinculadas al sistema energético, como la línea de 132 kV San Isidro-Alem y una estación transformadora que, según indicó, permitirá sumar capacidad al sistema.
También cuestionó la continuidad del peaje sobre la Ruta Nacional 12, al considerar que, en el actual contexto, resulta difícil justificarlo mientras la Provincia debe afrontar obras que anteriormente contaban con financiamiento nacional.
Para Pastori, estos cambios forman parte de una “nueva era política”, con una nueva realidad económica que también deberá ser contemplada cuando llegue el momento de discutir las condiciones futuras de los servicios concesionados.
El rol del EPRAC en el control del servicio
Otro de los puntos centrales de la entrevista fue el funcionamiento del Ente Provincial Regulador de Agua y Cloacas (EPRAC), organismo encargado de controlar la prestación. Consultado sobre su funcionamiento, Pastori fue contundente: consideró que el ente regulador trabaja correctamente y destacó su intervención frente a los reclamos de los usuarios.
Como ejemplo, recordó una presentación realizada recientemente ante la comisión legislativa durante el tratamiento de su presupuesto. Según explicó, desde el organismo se informó sobre reclamos vinculados con supuestos aumentos importantes en el consumo de agua.
Pastori señaló que, cuando el EPRAC intervino para verificar esas situaciones, en algunos casos se comprobó que los montos denunciados no coincidían con lo que efectivamente ocurría, mientras que en otros se detectaron situaciones como pérdidas de agua que explicaban el incremento del consumo. A partir de esa experiencia, el legislador sostuvo que algunas situaciones pueden adquirir una dimensión mayor cuando son difundidas públicamente, pero que la intervención del organismo permite determinar qué está ocurriendo efectivamente en cada caso. “Cuando los entes encargados, las personas van a verificar, a hacer su trabajo, que lo hacen realmente muy bien, la situación que declaran no es tal”, afirmó.
Por eso, Pastori sostuvo que tiene una valoración positiva del EPRAC y aseguró estar convencido de que el organismo está realizando un buen trabajo en materia de regulación y control.
Una discusión que todavía está abierta
La entrevista dejó planteado que el futuro de la concesión del servicio de agua y saneamiento todavía requiere varias definiciones.
La autorización incorporada al presupuesto habilita al Ejecutivo a realizar los trámites correspondientes, pero no establece por sí misma que SAMSA continuará como prestataria. La eventual continuidad de la empresa, la participación de otras compañías, las condiciones de una nueva concesión, el área correspondiente a Iguaçu y las obligaciones vinculadas con las obras de infraestructura formarán parte de una discusión posterior.
En paralelo, el EPRAC continuará teniendo un papel relevante como organismo regulador y de control del servicio.
El debate, según surge de las declaraciones de Pastori en Radio Up, tendrá como telón de fondo una discusión más amplia sobre qué responsabilidades deben asumir el Estado y las empresas concesionarias, especialmente en un escenario en el que las provincias afrontan obras con recursos propios y reclaman mayores definiciones sobre el financiamiento de los servicios públicos.
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