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Hay datos que deberían incomodar. Uno de ellos surge del informe elaborado por Fundación Apertura para la Red de Instituciones por la Producción Rosario, a partir de información oficial de ARCA obtenida mediante un pedido de acceso a la información pública.
Entre 2021 y julio de 2026, la Delegación Regional Rosario de ARCA trabó 27.045 embargos sobre 11.458 empresas. El dato que más preocupa al sector productivo es la distribución de esas medidas: tres de cada cuatro embargos recayeron sobre microempresas. Si se toma exclusivamente el universo de empresas caracterizadas como MiPyMEs, la concentración asciende al 92%.
La dimensión de los números abre una discusión que excede la cuestión estrictamente tributaria: ¿tiene sentido aplicar una de las herramientas más severas de la ejecución fiscal sobre empresas que, por su propia escala, cuentan con menor capacidad financiera para absorber el impacto?
ARCA y el crecimiento de los embargos sobre empresas
Los datos analizados muestran que el embargo no aparece simplemente como una medida aislada dentro del proceso de cobro. El informe advierte sobre un aumento de la intensidad de las medidas entre las empresas alcanzadas.
En 2021 se registraban aproximadamente 1,1 embargos por empresa alcanzada, mientras que en 2026 esa relación llegó a 3,2 medidas por empresa. Esto significa que, aunque el universo de compañías involucradas se reduce, la presión sobre aquellas que ingresan al circuito de ejecución fiscal aumenta.
El comportamiento observado durante 2026 también encendió una señal de alerta. Durante los primeros siete meses del año se registraron 3.713 embargos. Si ese ritmo se mantuviera durante los meses restantes, la proyección simple del informe ubicaría el total anual en torno a 6.365 embargos, lo que representaría un incremento del 57,8% respecto de 2025.
Entre las microempresas, la proyección de crecimiento alcanzaría el 61,5%.
Más allá de las cifras, el debate pasa por determinar qué efecto tiene una medida de ejecución fiscal sobre una empresa pequeña que necesita preservar diariamente su liquidez para continuar funcionando.
Cuando un embargo afecta el capital de trabajo
La dimensión económica de un embargo cambia cuando se observa desde la realidad cotidiana de una microempresa. Una firma de pequeña escala puede contar con apenas siete trabajadores y no disponer de un departamento jurídico, un gerente financiero o un equipo especializado dedicado permanentemente al cumplimiento tributario.
En ese contexto, el embargo de una cuenta bancaria no representa solamente una operación sobre un activo financiero. Puede comprometer directamente el capital de trabajo necesario para pagar salarios, proveedores, servicios, mercadería y otros gastos indispensables para sostener la actividad.
Según el informe, una microempresa demora en promedio 181 días, aproximadamente seis meses, en resolver un embargo.
Ese período adquiere una dimensión especialmente significativa para empresas cuyos ciclos financieros son mucho más cortos. Si el horizonte de planificación de una firma puede no superar los 90 días, atravesar seis meses con recursos inmovilizados o afectados por una medida cautelar puede representar una dificultad decisiva para mantener la actividad.
La discusión, por lo tanto, no pasa por desconocer la obligación de pagar impuestos. El interrogante es otro: cómo puede el Estado garantizar el cobro sin deteriorar la capacidad productiva que genera esos mismos recursos fiscales.
El proyecto de FECOI para aliviar la presión sobre las MiPyMEs
Frente a este escenario, desde la Federación Gremial del Comercio e Industria (FECOI) plantean una alternativa que busca vincular el alivio fiscal con la continuidad de las empresas y la preservación del empleo.
FECOI impulsó un proyecto de ley denominado “Políticas de alivio y reactivación para las MiPyMEs”, una iniciativa que encontró eco en un proyecto presentado en la Cámara de Diputados de la Nación por el diputado Pablo Farías.
La propuesta parte de una premisa: el objetivo no sería subsidiar la ineficiencia ni establecer un perdón indiscriminado para quienes incumplen sus obligaciones, sino evitar que una crisis de liquidez termine provocando la desaparición de una empresa que todavía puede ser viable.
Uno de los puntos centrales consiste en suspender durante un año el inicio de nuevos juicios de ejecución fiscal y la traba de medidas cautelares por parte de ARCA, siempre que la empresa mantenga al menos el 90% de su nómina promedio.
De esta manera, el alivio tributario quedaría condicionado a una variable concreta: la preservación del empleo.
El proyecto también propone establecer límites a las medidas sobre las cuentas de las empresas. En particular, plantea que el embargo se limite al monto nominal reclamado más un 15% destinado a costas e intereses, dejando disponible el remanente.
Una regularización tributaria vinculada a la supervivencia empresarial
La iniciativa también contempla un régimen excepcional de regularización tributaria para obligaciones vencidas. Entre sus principales características se plantea la condonación de multas y sanciones no firmes, junto con una reducción sustancial de los intereses.
El planteo de FECOI apunta a que regularizar una deuda no se convierta en una carga financiera imposible de sostener. La lógica es que una empresa pueda comenzar a ponerse al día con sus obligaciones sin que el propio plan de pagos termine profundizando la crisis de liquidez que la llevó al incumplimiento.
Pero la propuesta no se limita a la deuda ya acumulada. También busca atender uno de los problemas estructurales que enfrentan las MiPyMEs: la falta de capital de trabajo.
Por eso, el proyecto propone durante dos años una reducción de los anticipos de Ganancias al 25% de lo habitual para micro y pequeñas empresas y al 50% para empresas medianas.
A su vez, plantea que el 100% del denominado Impuesto al Cheque pueda computarse como crédito a cuenta de Ganancias, con la posibilidad de trasladar los saldos remanentes durante cinco ejercicios fiscales.
El objetivo de estas medidas es liberar recursos que actualmente quedan comprometidos por obligaciones fiscales y destinarlos al funcionamiento cotidiano de las empresas.
El reclamo por previsibilidad fiscal
Junto con el alivio financiero aparece otro reclamo histórico del sector empresario: la previsibilidad.
La propuesta de FECOI incorpora 24 meses de estabilidad fiscal para las MiPyMEs, evitando durante ese período nuevos tributos nacionales, aumentos de alícuotas o incrementos en los regímenes de retención y percepción que afecten a estas empresas.
La previsibilidad adquiere particular relevancia para compañías que necesitan planificar inversiones, contratación de personal, compras, producción y financiamiento con márgenes financieros mucho más reducidos que los de las grandes empresas.
El proyecto también incorpora una propuesta de financiamiento productivo, con plazos mínimos de 36 meses y seis meses de gracia para inversiones, además de líneas específicas destinadas a capital de trabajo.
A esto suma una demanda dirigida directamente al Estado nacional: que las facturas correspondientes a MiPyMEs sean pagadas en un plazo máximo de 30 días.
Cobrar impuestos sin destruir al contribuyente
El debate sobre los embargos a empresas pequeñas coloca frente a frente dos necesidades que no necesariamente deberían ser contradictorias: la necesidad del Estado de recaudar y sostener el equilibrio fiscal y la necesidad de preservar el entramado productivo que genera empleo, actividad económica y, precisamente, recursos tributarios.
Desde FECOI resumen su posición en una idea: “que el Estado cobre sin destruir al que mañana tiene que volver a pagarle”.
El planteo no cuestiona la obligación de las empresas de cumplir con sus responsabilidades fiscales. Lo que pone en discusión es la proporcionalidad de las herramientas utilizadas para alcanzar ese objetivo y, particularmente, su impacto sobre las firmas de menor escala.
Porque detrás de cada embargo existe una empresa concreta, con trabajadores, proveedores y compromisos que deben afrontarse. Si una medida destinada a garantizar una deuda tributaria termina dejando sin capital de trabajo a una compañía viable, el Estado puede obtener un resultado inmediato en términos de ejecución, pero también corre el riesgo de perder hacia adelante a un contribuyente.
La discusión, en definitiva, no es solamente cuánto recauda el Estado hoy. También es qué estructura productiva quiere conservar para recaudar mañana.
*Presidente de la Federación Gremial del Comercio e Industria.
La morosidad de las empresas se quintuplicó en menos de dos añoshttps://t.co/prdEGhWFHZ pic.twitter.com/OER8GXKsxm
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