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Los ex trabajadores de Musimundo en Posadas continúan esperando respuestas después del cierre y las desvinculaciones de la sucursal. A la incertidumbre laboral se suma ahora una urgencia económica inmediata: según denunciaron, todavía no percibieron los salarios correspondientes a agosto y tampoco conocen cuándo ni de qué manera podrán cobrar sus indemnizaciones.
Carlos Salinas, uno de los trabajadores afectados, contó en el programa Arriba la radio, por Radio Up, que el proceso se encuentra ahora atravesado por la intervención judicial y que los exempleados están avanzando, con acompañamiento sindical, en las gestiones necesarias para reclamar sus acreencias. “Nosotros trabajamos el mes de agosto, no nos pagaron el sueldo y ahora estamos a la espera del sueldo y la indemnización”, resumió Salinas.
La preocupación no se limita a conocer cuánto dinero les corresponde. Para quienes quedaron sin empleo, explicó, la necesidad es mucho más inmediata: afrontar alquileres, alimentos, gastos cotidianos y las necesidades de sus hijos mientras intentan conseguir una nueva fuente de ingresos.
“El 80% fue verbal”: cómo se enteraron de las desvinculaciones
Salinas reconstruyó en Radio Up cómo se produjo el momento en el que los empleados conocieron que ya no continuarían trabajando. Según relató, el sábado 29, alrededor de las 19:30, el gerente les pidió que bajaran las persianas y posteriormente les comunicó que quedaban desvinculados y que el lunes ya no debían presentarse a trabajar.
“El gerente nos dice que bajemos las persianas y nos informa que a partir de ese momento quedábamos desvinculados de la empresa”, recordó.
De acuerdo con su testimonio, inicialmente les indicaron que entre lunes, martes y miércoles recibirían los telegramas correspondientes, donde esperaban encontrar precisiones respecto de las condiciones de las indemnizaciones.
Salinas aseguró que recibió su telegrama el martes, aunque cuestionó que allí no encontró las respuestas que esperaba. “En el telegrama no dice absolutamente nada”, afirmó. Según explicó, la comunicación señala que las indemnizaciones se irían abonando en función del flujo de fondos de la compañía, pero sostuvo que no establece montos ni una modalidad concreta de pago.
Además, aseguró que no todos los empleados recibieron inicialmente una comunicación formal: “Algunos recibieron notificaciones, pero el 80% fue verbal”.
Trabajadores con 15, 21 y hasta 30 años de antigüedad
Detrás del conflicto empresarial aparece una situación social que Salinas buscó remarcar durante la entrevista. Muchos de los afectados construyeron buena parte de su trayectoria laboral dentro de la compañía y ahora deben reinsertarse en el mercado laboral.
En su caso, contó que tiene 21 años de antigüedad, mientras que entre sus compañeros hay personas con 15 y hasta 30 años trabajando en la empresa. “Todos tenemos familia. Tengo compañeros con chicos en edad escolar, chiquitos, que hoy son el único sustento de la familia. Imagínese cómo estamos”, expresó.
La búsqueda de trabajo comenzó prácticamente de inmediato, aunque Salinas reconoció que la noticia tomó por sorpresa al personal. “Fue un balde de agua fría”, describió.
Salinas aseguró que hasta días antes les hablaban de la llegada de otra empresa
Uno de los principales cuestionamientos planteados por el exempleado tiene que ver con la información que, según aseguró, recibieron durante los meses previos al cierre. Salinas afirmó que desde octubre del año pasado les señalaban que On City podría hacerse cargo de la operación y que los trabajadores pasarían a la nueva compañía.
Incluso sostuvo que esa posibilidad continuó siendo transmitida al personal pocos días antes de las desvinculaciones. “El miércoles antes de los despidos nos dijeron que nos quedemos tranquilos, que en septiembre nosotros ya pasábamos a On City”, aseguró.
Según su relato, las dudas entre los trabajadores habían aumentado porque los locales llevaban aproximadamente dos meses sin recibir nueva mercadería. “Nosotros les decíamos: ‘¿Qué pasa con la mercadería?’. Y nos decían que la nueva empresa iba a reponer, que nos quedáramos tranquilos”, recordó.
Salinas cuestionó duramente esas explicaciones y sostuvo que, mientras los trabajadores recibían ese mensaje, la compañía atravesaba una situación financiera crítica. También afirmó que posteriormente conocieron información sobre una reestructuración empresarial que contemplaba el cierre de locales como mecanismo para reducir costos.
El proceso judicial y la intervención en la sucursal de Posadas
Durante la entrevista, Salinas señaló que la situación quedó ahora condicionada por el proceso judicial que involucra a la empresa. De acuerdo con su relato, la Justicia declaró la quiebra después de informes de la sindicatura que habrían advertido irregularidades y una posible maniobra fraudulenta. Se trata de afirmaciones realizadas por el exempleado durante la entrevista y vinculadas, según indicó, con documentación pública del expediente.
Salinas sostuvo que, a partir de la resolución judicial, quedaron bloqueados bienes y cuentas de la compañía.
También relató que se realizó una intervención judicial en la sucursal de Posadas, con presencia policial y personal judicial, durante la cual se efectuó un inventario de los bienes existentes. “Hicieron inventario para bloquear todos los bienes que tienen acá. Entonces eso queda auditado, queda bloqueado”, explicó.
También aseguró que fueron auditadas las cuentas vinculadas al cobro de cuotas pendientes de clientes.
Según indicó, esos recursos quedarían dentro del circuito controlado judicialmente y posteriormente podrían destinarse al pago de acreedores, entre ellos los trabajadores. Salinas afirmó además que los exempleados tienen prioridad por tratarse de créditos laborales, aunque advirtió que el proceso puede demandar tiempo.
El sindicato y el Ministerio de Trabajo acompañan el reclamo
Los trabajadores comenzaron a transitar ahora la instancia legal para intentar recuperar los salarios adeudados y las correspondientes indemnizaciones.
Salinas explicó que están trabajando con el sindicato para avanzar con la verificación de créditos ante la sindicatura que interviene en la causa en Chaco. “Esto tiene que quedar en manos de letrados que lleven la causa”, señaló.
En ese sentido, agradeció expresamente el acompañamiento recibido tanto del sindicato como del Ministerio de Trabajo, principalmente por el asesoramiento brindado desde que se conocieron las desvinculaciones.
“¿Quién nos paga el reclamo?”
Mientras avanza el expediente, la preocupación de los exempleados está concentrada en una necesidad mucho más urgente: conseguir ingresos.
Salinas explicó que los trabajadores pueden continuar manifestándose y reclamando por sus derechos, pero al mismo tiempo deben salir a buscar empleo porque las familias necesitan sostenerse diariamente. “Podemos reclamar, sí, podemos reclamar, pero ¿quién nos paga el reclamo? Nosotros tenemos que vivir el día a día. Ahora necesitamos llevar la comida a nuestra casa para nuestros hijos, para nuestra familia”, expresó en Arriba la radio.
La situación se vuelve particularmente difícil para quienes alquilan o eran el único ingreso de sus hogares. Por ahora, contó, algunos recurren a familiares, amigos y conocidos para afrontar los gastos más inmediatos. Incluso comenzaron a aparecer propuestas solidarias para realizar rifas u otras actividades que permitan reunir dinero.
Pero Salinas planteó que ese acompañamiento solamente puede funcionar como una solución transitoria. “Algún familiar te puede llegar a ayudar para solventar los gastos, amigos, conocidos, ¿pero cuánto? ¿Un mes? ¿Cuánto más?”, se preguntó.
En ese escenario, los exempleados de Musimundo en Posadas enfrentan dos tiempos completamente diferentes: el de un expediente judicial que deberá determinar cómo continuará el proceso y el de las familias que, después de años o incluso décadas de trabajo, necesitan resolver hoy cómo generar nuevamente un ingreso.
Antes de finalizar la entrevista, Salinas destacó además la importancia de la difusión pública del conflicto y agradeció particularmente a Radio Up y al resto de los medios que acompañaron el reclamo. “Este apoyo y esta visibilidad que nos dan nos da la posibilidad también de hacer presión y esto llega a todos lados”, concluyó.
