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El ministro de Educación de Misiones, Ramiro Aranda, abrió la puerta a discutir una reforma educativa, aunque marcó límites frente a las propuestas asociadas al concepto de “libertad educativa” y advirtió que cualquier modificación deberá preservar la educación pública, establecer acuerdos entre los actores del sistema y mantener las responsabilidades que tiene Nación con las provincias.
El planteo surgió al ser consultado en el programa Arriba la radio, por Radio Up, por la propuesta de avanzar en una reforma educativa. Aranda consideró que actualizar las normas no representa en sí mismo un problema y recordó que la actual Ley de Educación Nacional data de 2006, mientras el sistema atravesó profundas transformaciones tecnológicas, pedagógicas y sociales durante las últimas dos décadas.
“Una reforma educativa nunca viene mal, actualizar cuestiones que capaz del 2006 acá cambiaron. Nunca está mal hablar de cosas que pueden cambiar, siempre con el acuerdo de todos, siempre que sea para beneficio de todos”, sostuvo.
Pero inmediatamente estableció una condición: conocer concretamente qué se pretende modificar. “Capaz me decís algo que va en contra de la educación pública, te voy a decir que no”, señaló.
“Toda libertad tiene un límite”
Uno de los puntos sobre los que Aranda marcó distancia fue el concepto de “libertad educativa” entendido como una autonomía prácticamente absoluta de cada establecimiento para determinar su funcionamiento y sus contenidos.
El ministro sostuvo que las escuelas ya disponen de márgenes de autonomía pedagógica y curricular, aunque dentro de normas generales que garantizan un piso común para todo el sistema. “Siempre hay libertad. Pasa que hay ciertos límites dentro de esa libertad porque toda libertad tiene un límite”, afirmó.
Para Aranda, el debate no consiste entonces en elegir entre libertad o ausencia de libertad, sino en determinar cuáles son los marcos necesarios para que la autonomía institucional conviva con las obligaciones que tiene el Estado en materia educativa.
El funcionario utilizó como ejemplo la Escuela Secundaria de Innovación de Misiones, donde aseguró que la Provincia llevó las posibilidades de innovación “hasta el límite de la normativa” para modificar programación curricular y contenidos sin abandonar el marco general del sistema educativo.
El límite también alcanza a los contenidos
Aranda sostuvo que la libertad pedagógica tampoco implica que cualquier contenido pueda enseñarse sin criterios establecidos por el sistema educativo. Al referirse a la enseñanza de la última dictadura argentina, puso como ejemplo la denominada teoría de los dos demonios y diferenció entre estudiarla como una interpretación histórica y presentarla como explicación oficial de lo ocurrido.
El ministro reivindicó la enseñanza del terrorismo de Estado como un plan sistemático ejercido desde las estructuras estatales y mencionó la apropiación de bebés y la persecución de determinados sectores como elementos que forman parte de ese abordaje.
La definición buscó ejemplificar su argumento central: la autonomía educativa existe, pero debe desenvolverse dentro de acuerdos curriculares, normativos y democráticos.
Misiones ya realiza sus propias reformas
Aranda sostuvo además que una reforma educativa no necesariamente debe comenzar desde Nación, porque Misiones ya está actualizando diferentes aspectos de su sistema.
Mencionó la modificación de normativas de educación especial que estaban vigentes desde 2011 y habían quedado desactualizadas, además de la creación de nuevas especialidades vinculadas con las demandas contemporáneas.
Entre ellas destacó las experiencias en robótica y desarrollo biosustentable, y anticipó que se incorporarán otras dos especialidades para la nueva Escuela Secundaria de Innovación. “Son cosas en la educación necesarias”, sostuvo.
Una reforma que no desligue a Nación
El otro límite planteado por Aranda es financiero y federal. El ministro advirtió que cualquier modificación del sistema debe evitar que el concepto de autonomía termine convirtiéndose en un mecanismo para transferir mayores responsabilidades hacia las provincias mientras Nación reduce su participación.
Las reformas, señaló, deben realizarse “siempre y cuando sean para el beneficio de las provincias, siempre y cuando sean para el beneficio del sistema educativo, de la educación pública” y, especialmente, sin correr “el eje de las responsabilidades que tiene que tener Nación para con las provincias”.
En ese punto mencionó expresamente la Ley de Financiamiento Educativo de 2005 y la Ley de Educación Nacional de 2006 como parte del marco que establece obligaciones federales.
El planteo se produce en momentos en que Misiones debe asumir mayores erogaciones educativas ante el retroceso del financiamiento nacional. Aranda afirmó que Nación comunicó a las provincias que dejará de financiar infraestructura escolar y señaló además que el aporte nacional para comedores quedará limitado al 30%, obligando a Misiones a cubrir el porcentaje restante.
“No tenemos esa visión de menor Estado”
La posición de Aranda frente a una eventual reforma también quedó atravesada por una diferencia conceptual respecto del rol estatal. “No tenemos esa visión de menor Estado”, afirmó.
Para el ministro, garantizar educación pública requiere necesariamente presencia estatal: “Es el Estado el que arregla la escuela. Es el Estado el que pone los aportes para comedores escolares. Es el Estado el que arregla la ruta para que puedan llegar los chicos. Es el Estado el que habilita el boleto educativo gratuito misionero”.
De esta manera, Aranda no cerró la discusión sobre una reforma educativa. Por el contrario, consideró necesario revisar estructuras que quedaron desactualizadas frente a los cambios tecnológicos, sociales y pedagógicos.
La diferencia aparece en qué reforma realizar y bajo qué principios: para el ministro misionero, la actualización debe surgir de consensos, preservar marcos curriculares comunes, fortalecer la educación pública y evitar que la autonomía o la “libertad educativa” sean utilizadas para reducir las responsabilidades del Estado nacional en el financiamiento del sistema.
