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El Gobierno de Javier Milei confirmó este domingo que la nueva Base Naval Integrada de Tierra del Fuego será financiada con recursos argentinos y descartó recurrir a fondos provenientes de Estados Unidos u otros gobiernos. La obra, anunciada por el Presidente durante la cadena nacional del jueves en el marco de su renovado reclamo por las Islas Malvinas, tendrá un costo estimado de USD 300 millones, aunque dentro del oficialismo existen cálculos que elevan la cifra hasta USD 400 o USD 500 millones.
El encargado de brindar precisiones será el ministro de Defensa, Carlos Presti, quien durante esta semana deberá explicar de dónde surgirán los recursos para completar el proyecto. Según fuentes de la Casa Rosada citadas por Infobae, no está previsto utilizar financiamiento extranjero para construir la instalación, pese a que existen conversaciones con la administración de Donald Trump vinculadas con la iniciativa.
Desde el Gobierno aclararon que la cooperación internacional puede formar parte del funcionamiento de una infraestructura de este tipo, pero remarcaron que no habrá aportes económicos de otros Estados para afrontar la construcción. “Cualquier base naval del mundo necesita y usa colaboración”, señalaron desde el oficialismo, aunque diferenciaron esa cooperación de una eventual financiación externa.
Ya existe una primera partida
El proyecto comenzó a contar con recursos concretos a partir del DNU 867/26, publicado el viernes en el Boletín Oficial. La norma contempla un refuerzo de partidas para el área de Defensa y establece $114.732 millones en adelantos a proveedores y contratistas a largo plazo, destinados principalmente a las obras de la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego.
Sin embargo, ese monto representa apenas una parte del presupuesto que demandaría la construcción completa. Por eso, uno de los principales interrogantes que deberá responder Presti será cómo se cubrirá el resto de la inversión sin recurrir a financiamiento externo.
En Balcarce 50 sostienen que la obra se ejecutará con fondos propios del Estado argentino, en línea con la política fiscal que el Gobierno mantiene desde el inicio de la gestión. La magnitud de la inversión, no obstante, plantea un desafío para una administración que sostiene como uno de sus principales objetivos el equilibrio de las cuentas públicas.
El proyecto y la cuestión Malvinas
La construcción de una base naval en Tierra del Fuego no es una iniciativa completamente nueva. El proyecto había sido anunciado durante la gestión de Alberto Fernández en 2022, aunque el actual Gobierno sostiene que la diferencia será el inicio efectivo de las obras.
Milei incorporó la iniciativa a su discurso sobre la soberanía de las Malvinas y el fortalecimiento de la presencia argentina en el Atlántico Sur. Durante la cadena nacional también anunció medidas destinadas a sancionar a empresas que desarrollen actividades consideradas ilegales en la zona de las islas.
Dentro del oficialismo toman como referencia la infraestructura naval de Punta Arenas, en Chile, y plantean desarrollar en territorio argentino una instalación con mayores capacidades logísticas y operativas.
El anuncio generó además cuestionamientos de sectores de la oposición, que plantearon dudas sobre el posible rol de Estados Unidos en el proyecto. Desde el Gobierno buscan despejar esas versiones y sostienen que la construcción será financiada por Argentina, mientras las conversaciones con Washington se limitarían a cuestiones de cooperación vinculadas con la base.
Ahora, el foco estará puesto en la presentación que realice Presti, quien deberá detallar el esquema de financiamiento, las partidas disponibles y el mecanismo previsto para avanzar con una obra cuyo costo supera ampliamente los recursos asignados hasta el momento.
