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El nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil entró en vigencia este sábado, luego de cumplirse los 180 días desde la promulgación de la Ley 27.801, sancionada por el Congreso en febrero de 2026. La normativa establece que los adolescentes podrán ser juzgados por delitos cometidos a partir de los 14 años, mientras que el régimen anterior fijaba la edad de imputabilidad en los 16 años. La iniciativa fue impulsada por el Poder Ejecutivo y aprobada con 149 votos a favor y 100 en contra.
El objetivo declarado de la ley es “fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social”. Para ello, el nuevo sistema incorpora distintas medidas y sanciones que buscan combinar la responsabilidad por el delito con procesos de formación e integración.
Entre las alternativas previstas aparecen las amonestaciones, la prohibición de acercamiento o contacto con la víctima, restricciones para conducir vehículos, impedimentos para concurrir a determinados establecimientos o espectáculos, la prohibición de salir del país o del lugar de residencia, trabajos comunitarios, monitoreo electrónico, reparación del daño y distintas modalidades de privación de la libertad.
En los casos en que corresponda una medida de encierro, los adolescentes deberán permanecer en establecimientos especiales y separados de los adultos, de acuerdo con lo establecido por la nueva normativa. Además, no podrá aplicarse prisión perpetua a menores de edad.
La ley también contempla el acceso de los adolescentes a programas educativos para completar sus estudios obligatorios, formación ciudadana, capacitación laboral y actividades deportivas como parte de las medidas destinadas a favorecer su reinserción social.
Otro aspecto establecido por la normativa es la responsabilidad civil de los progenitores por los ilícitos cometidos por sus hijos, mientras que se mantienen las restricciones sobre la difusión de información que permita identificar al adolescente involucrado. Queda prohibida la publicación de nombres, sobrenombres, filiación, parentesco, domicilio o imágenes que permitan reconocerlo.
Uno de los principales puntos de discusión durante el tratamiento legislativo fue el financiamiento del nuevo régimen. La propuesta finalmente aprobada establece que Nación y las provincias deberán avanzar mediante convenios para implementar las medidas previstas.
La normativa establece además determinadas condiciones para evitar la prisión. Un adolescente puede acceder a una alternativa cuando la pena prevista no supera los tres años. También puede evitar el encarcelamiento ante penas de entre 3 y 10 años, siempre que el delito no haya provocado la muerte de la víctima ni implicado una grave violencia física o psíquica, y que el joven no registre otras condenas o procesos penales en curso.
Con la entrada en vigencia de la Ley 27.801, Argentina comienza a aplicar desde este sábado un nuevo esquema de responsabilidad penal adolescente, con una edad mínima de imputabilidad de 14 años y un sistema que combina sanciones, medidas socioeducativas y modalidades específicas de privación de la libertad.
