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La Justicia federal avanza en una investigación por el supuesto desvío de fondos destinados al mantenimiento y desarrollo de las rutas nacionales. En ese marco, el juez Ariel Lijo solicitó al Gobierno información sobre los recursos del Sistema Vial Integrado (SISVIAL) que, según una denuncia, habrían sido colocados en instrumentos financieros en lugar de ser utilizados para obras viales.
El magistrado requirió información al Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, a la Jefatura de Gabinete, a cargo de Diego Santilli, y a la Dirección Nacional de Vialidad.
La investigación se inició a partir de presentaciones realizadas por la diputada nacional Victoria Tolosa Paz y por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, en representación de la provincia. Ambos denunciaron presuntas irregularidades en el manejo de más de $1 billón del SISVIAL.
Además, Tolosa Paz y la provincia de La Rioja fueron aceptados como querellantes, por lo que podrán participar activamente del expediente, solicitar medidas de prueba e impulsar la investigación.
Fondos en plazos fijos y letras del Tesoro
Según la denuncia presentada por La Rioja, al 31 de mayo de 2026 había $1.001.017.908.957 del SISVIAL colocados en plazos fijos y letras emitidas por el Tesoro Nacional.
El planteo judicial sostiene que durante los primeros dos años y medio de la gestión de Javier Milei se asignaron aproximadamente $1,5 billones al sistema vial, pero solamente $394.406 millones fueron efectivamente destinados a obras y mantenimiento de rutas.
De acuerdo con los cálculos incluidos en la denuncia, esto representaría una subejecución del 73,8%.
Tolosa Paz acusó formalmente al ministro de Economía, a funcionarios de Vialidad Nacional y del Banco Nación por la presunta comisión de los delitos de malversación de caudales públicos agravada y desvío ilegítimo de fondos públicos.
El eje de la denuncia está puesto en el destino de los recursos recaudados a través del impuesto a los combustibles, que por ley tienen una asignación específica para financiar el mantenimiento, desarrollo y reparación de las rutas nacionales.
La presentación sostiene que, en lugar de ser transferidos para esos objetivos, parte de los fondos fueron colocados en plazos fijos, bonos, títulos públicos y acciones.
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Qué información pidió Lijo
En el marco de las primeras medidas de investigación, Lijo también solicitó a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y a la Auditoría General de la Nación (AGN) que informen si desde 2024 realizaron auditorías, formularon observaciones o iniciaron actuaciones relacionadas con el fideicomiso establecido por el Decreto 976/01 y la cuenta especial del SISVIAL.
El objetivo es reunir documentación sobre expedientes, partidas presupuestarias y colocaciones financieras realizadas con fondos del sistema vial, para determinar cómo fueron administrados los recursos y si existieron irregularidades.
Desde La Rioja sostienen que la falta de ejecución de esos fondos generó un perjuicio concreto para la provincia, que debió afrontar con recursos propios tareas de mantenimiento y reparación correspondientes a la jurisdicción nacional.
Un segundo frente judicial
En paralelo, Tolosa Paz consiguió que la Justicia Federal de La Plata habilitara el trámite de un amparo colectivo para reclamar al Estado nacional la reactivación de obras y tareas de mantenimiento de la red vial en la provincia de Buenos Aires.
El expediente tramita ante el juez federal Ernesto Kreplak, quien ordenó notificar a las partes demandadas y solicitó informes urgentes a tres organismos estatales.
De esta manera, el manejo de los fondos destinados a la infraestructura vial quedó bajo dos frentes judiciales: una investigación penal federal sobre el destino de los recursos del SISVIAL y un amparo colectivo que reclama la reactivación de obras y mantenimiento de las rutas nacionales.
Denunciaron penalmente a Javier Milei por su charla en la escuela ORThttps://t.co/UFsg5YCjdQ pic.twitter.com/kzgnUbEdCg
— Radio Up (@radioupar) August 31, 2026
