//
El Fondo de Asistencia Laboral (FAL) comenzará a funcionar formalmente en noviembre de 2026 como parte de la reforma laboral aprobada por el Gobierno. El mecanismo obligará a cada empleador a constituir un fondo propio y derivar mensualmente una parte de la masa salarial al mercado de capitales, con el objetivo de contar con recursos para cubrir indemnizaciones laborales. Para las grandes empresas el aporte será del 1%, mientras que para las PyMEs llegará al 2,5%.
Durante los primeros seis meses, los recursos deberán permanecer acumulados en el fondo de cada compañía. Por ese motivo, la utilización del dinero para afrontar indemnizaciones recién estará habilitada a partir de mayo de 2027.
El funcionamiento del FAL contempla dos alternativas para administrar los recursos: un Fondo Común de Inversión (FCI) o un Fideicomiso Financiero (FF). La elección quedará en manos de cada empleador y ambas estructuras deberán estar constituidas en Argentina y contar con autorización de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
En el mercado financiero anticipan que podría producirse una competencia entre bancos y sociedades de bolsa por la administración de estos recursos. De acuerdo con información de la Agencia Noticias Argentinas, las grandes compañías y multinacionales tendrían mayor inclinación por los fideicomisos financieros, mientras que las PyMEs optarían principalmente por los fondos comunes de inversión.
En ese contexto, TMF Group, una multinacional de origen holandés, busca posicionarse como una de las fiduciarias encargadas de administrar los fondos empresariales desde noviembre.
“Constituir el FAL en un fideicomiso financiero le da a cada empresa un patrimonio propio, trazable y protegido”, sostuvo la compañía.
En qué se podrá invertir el dinero
Los recursos acumulados en los FAL podrán destinarse a distintas alternativas financieras. El esquema contempla títulos públicos nacionales, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, además de plazos fijos y obligaciones negociables.
Los instrumentos tendrán diferentes límites. La deuda de provincias y de la Ciudad de Buenos Aires podrá representar hasta un 15%, mientras que los plazos fijos tendrán un límite del 15% y las obligaciones negociables, del 20%.
En cambio, no habrá un porcentaje máximo específico para los títulos públicos nacionales, por lo que el fondo podría llegar a colocar la totalidad de sus recursos en deuda del Estado nacional.
Este punto generó cuestionamientos entre especialistas, quienes estimaron que el Gobierno podría captar hasta US$ 4.000 millones mediante las inversiones de los FAL en títulos públicos.
Para acceder a deuda provincial o de empresas, las condiciones serán más restrictivas. Solo podrán incorporarse instrumentos correspondientes a jurisdicciones y compañías que tengan una calificación AAA otorgada por al menos dos de las tres principales agencias internacionales: S&P, Fitch y Moody’s.
“El esquema regulatorio diseñado por el Gobierno termina otorgando un tratamiento particularmente favorable a los títulos nacionales: son activos elegibles, no tienen el límite porcentual específico que sí tienen provincias, bancos y empresas, y tampoco están sujetos al requisito de calificación de triple AAA”, había señalado Alejandro Rodríguez, director del Instituto Consenso Federal, a Noticias Argentinas.
Según el relevamiento citado por la agencia, ninguna provincia alcanza actualmente esa calificación, con excepción de la Ciudad de Buenos Aires. Entre las empresas que cumplen con el requisito figuran los bancos Macro, Galicia, BBVA y Santander, además de YPF, Pampa Energía, Pan American Energy (PAE) y Adecoagro.
La CNV todavía debe completar la reglamentación
Aunque el Gobierno ya estableció que el FAL comenzará a funcionar en noviembre, la normativa todavía se encuentra en proceso de definición. La CNV abrió el 13 de agosto una consulta pública para recibir propuestas y observaciones sobre la reglamentación del mecanismo.
La convocatoria permanecerá abierta durante 15 días hábiles y finalizará el 2 de septiembre. Los interesados podrán presentar sus opiniones y propuestas mediante el formulario establecido por el organismo.
“Además de las reuniones que venimos manteniendo con los distintos actores involucrados, consideramos fundamental abrir esta instancia para seguir recibiendo aportes que nos permitan tener la mejor norma posible para estos instrumentos, que pueden convertirse en un claro ejemplo del tipo de inversor de largo plazo que el mercado de capitales argentino necesita para seguir expandiendo su crecimiento”, afirmó Roberto Silva, presidente de la CNV.
De esta manera, el FAL avanzará hacia su puesta en marcha con dos fechas centrales: noviembre de 2026, cuando comenzarán los aportes obligatorios, y mayo de 2027, cuando los fondos acumulados podrán empezar a utilizarse para cubrir indemnizaciones.
