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La causa judicial que investiga la denuncia por abuso sexual contra el intendente de Caraguatay, Mario Peyer, continúa sin avances sustanciales según la querella, que reclama que se incorporen nuevas pruebas y se profundice la investigación.
Así lo planteó la abogada Liliana Rolón, representante legal de la denunciante, quien explicó en Arriba Radio que durante los últimos meses presentó distintas solicitudes de medidas de prueba. Según señaló, algunas fueron rechazadas y otras todavía no tuvieron respuesta.
La causa se inició luego de la denuncia presentada por una empleada municipal contra Peyer. Tras las primeras medidas judiciales, el intendente había solicitado licencia y posteriormente regresó a su cargo luego de que el fiscal del caso considerara que no existían elementos suficientes para sostener la acusación.
Para Rolón, sin embargo, la investigación todavía debe continuar y existen medidas que podrían aportar elementos para esclarecer lo ocurrido.
“Mi función, como querellante particular, es investigar la verdad de los hechos”, sostuvo la abogada, al remarcar que su objetivo no es determinar anticipadamente la culpabilidad o inocencia del intendente.
Rolón negó que la denuncia sea parte de un armado político
Uno de los puntos que la abogada buscó aclarar durante la entrevista fue la versión de que la denuncia contra Peyer tendría detrás una motivación política.
Rolón rechazó esa interpretación y sostuvo que la denuncia de la mujer que representa no tiene relación con los movimientos partidarios ocurridos en Caraguatay, particularmente con el pase de una exconcejala a La Libertad Avanza.
“Se quiso empañar mucho este expediente de que es un armado político”, afirmó, y remarcó: “No tiene absolutamente nada que ver ni La Libertad Avanza, ni la Renovación, ni ningún partido político con esta causa”.
En ese contexto, relató una conversación que mantuvo con el fiscal Simón luego de que comenzara a intervenir en el expediente. Según contó, el funcionario judicial se comunicó con ella y le manifestó: “Ahora sos abogada de La Libertad Avanza”.
Rolón sostuvo que en ese momento no comprendió a qué se refería, pero posteriormente entendió que la afirmación estaba vinculada con la versión de que la denuncia podía formar parte de un supuesto armado político.
La abogada cuestionó esa interpretación y aseguró que la denunciante decidió recurrir a la Justicia por los hechos que afirma haber sufrido, independientemente de cualquier pertenencia o movimiento partidario.
Cuestionamientos a la pericia psicológica
Uno de los principales reclamos de la querella está relacionado con las pericias psicológicas realizadas durante la investigación.
Rolón cuestionó que la denunciante haya sido evaluada en el SAIC y no en el Cuerpo Médico Forense, al que consideró el ámbito natural para este tipo de evaluaciones dentro de una investigación judicial.
Según relató, la denunciante manifestó que durante la entrevista con la psicóloga no se abordó específicamente el hecho que había denunciado.
Además, la abogada cuestionó que la misma profesional haya intervenido tanto en la evaluación de la denunciante como en la de Peyer. De acuerdo con su relato, el informe habría señalado que la mujer presentaba características que podían ser interpretadas como fabulación, mientras que describía al intendente de manera favorable.
Rolón sostuvo que insistió en que la denunciante fuera evaluada nuevamente por profesionales del Cuerpo Médico Forense, pero que el pedido fue rechazado bajo el argumento de que la pericia ya había sido realizada.
La abogada también mencionó otro informe elaborado por un equipo interdisciplinario del juzgado. Según explicó, ese documento habría señalado que la denunciante presentaba un trauma psicológico y requería atención psiquiátrica y psicológica de manera urgente.
Para la querella, esa diferencia justifica la necesidad de profundizar las evaluaciones.
Piden el desafuero de Peyer
Otro de los pedidos realizados por Rolón es el desafuero del intendente Mario Peyer, con el objetivo de que pueda comparecer ante la Justicia sin la protección de los fueros correspondientes a su cargo.
La abogada explicó que la querella solicitó al juzgado que gestione ante el Concejo Deliberante el desafuero del jefe comunal.
“Solicitamos que se le quite los fueros para que comparezca a derecho como cualquier ciudadano común”, explicó.
Sin embargo, señaló que hasta el momento no recibió una respuesta concreta sobre ese pedido.
A esto se suma una situación que Rolón calificó como llamativa: contó que fue notificada de que la querella habría abandonado la acción particular, algo que negó categóricamente.
“Esta querella en ningún momento hizo abandono de la acción”, afirmó, y aseguró que continuará solicitando las medidas que considera necesarias para el esclarecimiento de la denuncia.
También reclaman analizar la geolocalización de los teléfonos
Entre las medidas que la abogada considera pendientes también está el análisis de la geolocalización de los dispositivos de la denunciante y del intendente.
Según explicó, los teléfonos fueron secuestrados y el análisis de sus ubicaciones permitiría determinar dónde se encontraban ambos el día en que ocurrieron los hechos denunciados.
Rolón planteó que esa información podría servir para contrastar las distintas versiones incorporadas al expediente y establecer si la denunciante efectivamente se dirigió a la oficina del intendente o si ocurrió el desplazamiento en sentido contrario.
La situación de la denunciante
En paralelo al reclamo judicial, la abogada describió la situación actual de la denunciante como “de vulnerabilidad”.
Según Rolón, luego del regreso de Peyer a la intendencia, la mujer dejó de percibir su salario y atravesó una situación que, de acuerdo con su relato, incluyó hostigamiento y cuestionamientos públicos.
La abogada sostuvo que la denunciante atraviesa además una crisis emocional y que el Estado debería garantizarle acompañamiento mientras continúa la investigación.
“Ella se animó a denunciar y vivió todas las consecuencias que le dijeron a ella”, afirmó Rolón, quien volvió a insistir en que la causa debe avanzar para determinar qué ocurrió.
Por último, la representante de la denunciante volvió a rechazar cualquier vínculo entre la presentación judicial y la política partidaria: “Hoy tiene que quedar bien claro que no tiene absolutamente nada que ver la política con la denuncia que hizo Micaela”.
