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La ministra de Derechos Humanos de Misiones, Karina Aguirre, aseguró que la reunión convocada por el Gobierno provincial entre las partes involucradas en el conflicto territorial con la comunidad mbya guaraní Puente Quemado II, de Garuhapé, permitió establecer un canal de diálogo y alcanzar un “principio de acuerdo”, aunque todavía persisten diferencias respecto de la ocupación del terreno en disputa.
En declaraciones al programa “Arriba la radio”, por Radio Up, Aguirre explicó que durante el encuentro tanto el titular registral, Alfredo Ruuf, como la representación de la comunidad pudieron plantear sus respectivas posiciones. El objetivo de la Provincia, señaló, es reducir el nivel de conflictividad mientras la Justicia analiza la cuestión de fondo. “Las partes pudieron expresar cuál era cada una de sus posiciones y, sobre todo, poder tratar de llegar a puntos de acuerdo, que era lo que nosotros desde el Gobierno de la provincia instábamos”, explicó.
La ministra reconoció que no se consiguió cerrar la jornada con un acta que conformara plenamente a ambos sectores. Sin embargo, consideró relevante que exista voluntad para continuar negociando. “No pudimos acordar como nos hubiera gustado hacerlo con un acta en donde ambas partes salieran satisfechas de esta reunión, pero sí fue un principio de acuerdo porque quedamos en volver a reunirnos, porque hubo muy buena predisposición por parte de ambas partes”, afirmó.
Una nueva reunión y el objetivo de descomprimir el conflicto
De la instancia de diálogo también participaron EMIPA, organización que acompaña a comunidades originarias de Misiones, y la Pastoral Social de la Iglesia.
Según Aguirre, la prioridad planteada por el Gobierno provincial fue evitar que las diferencias territoriales deriven en una confrontación mayor. “Desde el Gobierno de la provincia estuvimos instando a que lo que prime sea el diálogo y, sobre todo, buscando la paz social”, sostuvo.
Uno de los principales puntos de desacuerdo apareció alrededor de la propuesta formulada por Ruud. De acuerdo con la explicación de la ministra, el titular registral planteó que ambas partes se retiraran del lugar y dejaran que la Justicia resolviera el fondo del litigio.
La propuesta no fue aceptada inicialmente por la representación de Puente Quemado II. “Quien hizo la propuesta fue el titular registral, que es el señor Alfredo Ruuf, que por supuesto fue oída por la parte de la comunidad”, relató Aguirre.
La ministra agregó que la alternativa contemplaba “que ambas partes se retiren del lugar y se pueda dejar a la Justicia decidir sobre el fondo de la cuestión”.
La comunidad, sin embargo, sostiene otra interpretación respecto de la necesidad de permanecer en el predio. “La comunidad considera que para mantener vivo su derecho debe estar presente y debe hacer acto de posesión”, explicó Aguirre.
Ante esa diferencia, la mesa concluyó sin una resolución definitiva, pero con un compromiso concreto: volver a reunirse la próxima semana. “Decidimos cerrar la mesa con la voluntad de ambas partes de seguir conversando, dialogando y, por supuesto, la intención es que tratemos de descomprimir el nivel de conflictividad”, afirmó.
Puente Quemado II permanecerá por ahora en el lugar
Consultada sobre si la comunidad continuará en el terreno mientras se desarrolla el proceso, Aguirre respondió: “En principio, sí”. No obstante, hizo una aclaración respecto de la ubicación del asentamiento principal de Puente Quemado II. “Allí no es donde tiene el asentamiento principal la comunidad de Puente Quemado II”, precisó.
Según explicó, el núcleo principal se encuentra a algunos kilómetros, dentro de una propiedad de la empresa Arauco, donde también existe una cuestión territorial pendiente.
Aguirre señaló que en ese otro caso se realizó recientemente una consulta previa, libre e informada y que se logró avanzar en acuerdos que permitirían comenzar con obras destinadas a brindar servicios esenciales. “Podemos decir que los servicios de agua y de energía los podemos empezar a llevar desde la semana que viene misma, si el tiempo ayuda y esta situación conflictiva también”, indicó.
Qué originó el conflicto actualmente judicializado
Sobre el terreno que originó el conflicto actual, la ministra sostuvo que se trataba de un espacio relevado para determinadas actividades de la comunidad, entre ellas la extracción de recursos naturales y prácticas religiosas o culturales.
De acuerdo con su explicación, posteriormente se produjo allí un asentamiento que fue denunciado por el titular registral. “Ellos viven allí en esa comunidad de Puente Quemado II hace muchísimos años”, señaló Aguirre, antes de diferenciar el asentamiento principal del espacio que actualmente se encuentra en disputa.
La ministra indicó que en el sector “que estaba relevado para extracción de recursos naturales, para actividades religiosas o culturales de la comunidad, terminaron haciendo un asentamiento que, por supuesto, fue denunciado por el titular registral”. Esa situación, explicó, es la que derivó en el conflicto actual.
Un compromiso para bajar la tensión también en las redes sociales
La mediación no se limitó a la discusión jurídica y territorial. Aguirre reveló que durante el encuentro también se abordaron las expresiones y acusaciones difundidas a través de las redes sociales.
Según indicó, ambas partes manifestaron haberse sentido agraviadas por distintos comentarios. “Hicimos un compromiso de que desde cada uno de nuestros lugares también íbamos a instar a que quienes sean usuarios de las redes puedan comprender que esto es un tema que hoy por hoy lo está dirimiendo la Justicia, pero que atrás de las personas hay familias, hay derechos, así que respetarnos sobre todo”, afirmó.
Para el Gobierno provincial, este punto resulta especialmente relevante ante la existencia de amenazas cruzadas y el riesgo de que el conflicto exceda a quienes intervienen directamente en la controversia territorial. “Cuando nosotros hablamos de paz social, hablamos de que la comunidad pueda sentirse segura, tranquila y de que estos hechos no repercutan como están repercutiendo con diferentes amenazas cruzadas y demás”, sostuvo.
Propiedad privada y derechos territoriales indígenas: la decisión está en manos de la Justicia
Aguirre remarcó que la discusión de fondo ya se encuentra judicializada y que será el juez interviniente quien deberá resolver la controversia.
La ministra planteó que en el expediente aparecen en tensión derechos que cuentan con protección jurídica. “Hoy el juez tiene en sus manos el expediente por el cual tiene que decidir entre estos dos derechos, porque son dos derechos fundamentales: el derecho a la propiedad privada y, por supuesto, el derecho que tienen las comunidades sobre los territorios”, manifestó.
Sobre la posición de las comunidades indígenas, agregó que se trata de territorios que consideran ocupados desde antes de la colonización y recordó la preexistencia de esos derechos respecto del Estado. “En este conflicto de normas es el juez el que tendrá que decidir”, sintetizó.
¿Puede haber una expropiación? Aguirre dijo que “no hay nada descartado”
Otro de los puntos centrales de la entrevista fue la posibilidad de encontrar una salida por fuera de una resolución estrictamente judicial, incluida eventualmente una expropiación o mecanismo de adquisición que permita compensar al propietario y resolver la situación territorial de la comunidad.
Aguirre evitó cerrar esa alternativa. “Por ahora no hay nada descartado. Nosotros desde el Gobierno de la provincia venimos buscando diferentes alternativas”, aseguró.
La funcionaria señaló, sin embargo, que cualquier decisión deberá ser evaluada cuidadosamente y dialogada con todos los involucrados. “Tenemos que dialogar con todas las partes porque si nos precipitamos podemos cometer algún error que genere una situación que escale en el conflicto”, advirtió.
Como antecedente, mencionó una controversia territorial registrada en Colonia Delicia, donde la Provincia intervino mediante la adquisición del inmueble. “En algún momento, en una situación similar, como fue en Colonia Delicia, en donde hubo un conflicto también por tierras ocupadas por comunidades mbya guaraní, el Gobierno de la provincia se hizo cargo de la compra de ese inmueble y pudimos resolverlo de esa manera”, recordó.
Ese antecedente, sin embargo, no significa que la misma solución vaya a aplicarse automáticamente en Garuhapé. La ministra insistió en que actualmente se encuentran abiertas diferentes posibilidades. “Hoy por hoy estamos analizando todas las posibilidades y lo que resulte de este diálogo también va a ser importante para los pasos que dará el Gobierno en pos de que ninguna de las dos partes se vea perjudicada”, concluyó.
De esta manera, el conflicto por el terreno relacionado con Puente Quemado II continuará transitando dos caminos simultáneos: por un lado, el expediente judicial que deberá determinar el alcance de los derechos en disputa y, por otro, la mesa de diálogo impulsada por el Gobierno de Misiones, que volverá a reunirse la próxima semana con el objetivo de encontrar una salida que permita reducir la tensión y preservar la paz social.
