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El Consejo General de Educación de Misiones continúa investigando la situación del exdirector de una escuela de San Vicente, señalado por haber permanecido durante 18 años con distintas licencias. La directora general del organismo, Daniela López, confirmó que el docente presentó su renuncia al cargo titular, pero aclaró que la investigación administrativa continuará para determinar si existieron irregularidades.
En diálogo con el programa La Última Rosca, emitido por Radio Up, López explicó que el docente atravesó distintos períodos de licencia y que en 2019 se había aplicado un descuento del 50% de sus haberes por exceso en el uso de ese beneficio: “En el año 2022, el docente inicia el trámite jubilatorio, pero al no contar con los requisitos necesarios como años de aporte y edad jubilatoria, eso no se pudo efectivizar”, señaló.
Según explicó la funcionaria, el caso tomó una nueva dimensión a partir de las denuncias difundidas públicamente: “A raíz de estas denuncias que se realizaron a través de los diferentes medios digitales, pudimos tomar conocimiento de esta situación que continúa con uso de licencias y se inicia la investigación”, indicó.
Renunció al cargo, pero el sumario continúa
López confirmó que el docente presentó su renuncia a principios de agosto y que la dimisión fue tratada y aprobada por el Consejo General de Educación en la sesión realizada este martes: “Nosotros no podemos no aceptar la renuncia porque es un derecho de los docentes, sea la situación de revista o cargo, que renuncien a su puesto de trabajo conforme a lo que establece el estatuto del docente”, explicó.
La funcionaria aclaró que, tras la renuncia, el organismo dejará de liquidarle los haberes correspondientes al cargo desde agosto en adelante. Sin embargo, remarcó que esto no implica el cierre de la investigación: “Pero el sumario de investigación continúa”, afirmó López, quien explicó que el organismo está aguardando información relacionada con el desempeño laboral del docente en EMSA.
Qué puede determinar el sumario
La directora general del CGE explicó que el procedimiento administrativo tiene un plazo máximo de seis meses para reunir documentación, analizar los antecedentes y establecer las responsabilidades que correspondan: “Tenemos seis meses como límite máximo para cerrar un sumario administrativo de esta índole”, precisó.
Una vez reunida la documentación, será la Dirección de Asuntos Legales del Consejo General de Educación la que deberá emitir el dictamen correspondiente para determinar las medidas que podrían adoptarse.
Entre las sanciones previstas mencionó “apercibimiento, descuentos de haberes”, aunque aclaró que la renuncia al cargo modifica las posibilidades de aplicar algunas de esas medidas: “El cuerpo de legales va a tener que trabajar en asesoría y dictamen preciso para que nosotros podamos actuar en consecuencia”, sostuvo.
Investigan las licencias de largo tratamiento en toda Misiones
El caso también llevó al Consejo General de Educación a disponer una revisión más amplia de las licencias de largo tratamiento utilizadas por docentes de la provincia.
López confirmó que solicitó al director de Recursos Humanos, Pablo Jiménez, “una investigación exhaustiva con todos los docentes de la provincia respecto a los que están en uso de licencia a largo tratamiento”.
Según explicó, el objetivo es contar con un informe del área de Salud Laboral que permita conocer la situación de los distintos casos existentes en Misiones: “Son situaciones que revelan por ahí una falta de control profundo en el área de salud laboral”, reconoció la funcionaria.
También investigarán la documentación médica
Uno de los puntos centrales del sumario será determinar si las licencias otorgadas estuvieron respaldadas por documentación médica válida: López sostuvo que, cuando un docente presenta las historias clínicas y los estudios correspondientes, el Consejo, a través de Salud Laboral, evalúa y otorga las licencias que correspondan.
Sin embargo, advirtió que si durante la investigación se detectara que “esas historias clínicas, esos estudios correspondientes, estaban siendo falsificados o adulterados”, la situación podría derivar en otras consecuencias administrativas.
Consultada sobre qué ocurriría si se comprobara la falsificación de documentación médica, López señaló que ya existieron antecedentes de sanciones en casos similares: “Hemos tenido la exoneración de cargos en adulteración de títulos y certificados médicos que fueron antecedentes a este caso”, explicó.
La funcionaria aclaró que esos antecedentes correspondían a casos de adulteración vinculados con licencias de corta duración y no específicamente con situaciones de largo tratamiento.
El control sobre las licencias quedó bajo la lupa
Durante la entrevista también surgió el interrogante sobre cómo una situación que se extendió durante casi dos décadas pudo mantenerse durante tanto tiempo dentro del sistema educativo.
López consideró que, si existiera documentación adulterada, se deberá determinar cómo fue posible que esa situación avanzara dentro de los mecanismos de control.
La investigación buscará establecer si hubo efectivamente una irregularidad y cuáles fueron las responsabilidades correspondientes: “Esta investigación va a continuar en el contexto administrativo que tenemos en el Consejo para esclarecer todo si hubo o no una irregularidad real por parte del docente”, remarcó.
Mientras tanto, el caso permanece bajo análisis del Consejo General de Educación y la renuncia del ex director no significa, según confirmó la funcionaria, el cierre de las actuaciones administrativas.
