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La concentración de tierras rurales en manos de empresas extranjeras volvió al centro del debate a partir de la discusión nacional sobre la normativa que regula la propiedad de tierras por parte de capitales foráneos. En ese contexto, el abogado Héctor Franco planteó la necesidad de impulsar una ley provincial de reparación territorial para atender una problemática que, según sostuvo, afecta particularmente a varios municipios misioneros.
En diálogo con “Realidad Mixta” de Radio Up, Franco recordó que recientemente se intentó modificar en el Senado la legislación que establece límites para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. La iniciativa buscaba eliminar el tope vigente del 15%, pero finalmente no prosperó.
“Al no salir esta reforma, obviamente quedó vigente la ley que fue sancionada en el año 2011”, remarcó.
Sin embargo, el abogado señaló que esa normativa no resolvió la situación de las propiedades adquiridas antes de su entrada en vigencia. “Hay propiedades en manos de extranjeros que fueron compras, legales entre comillas, porque fueron adquiridas antes de la sanción de esta ley que está vigente, es decir, antes del 2011”, explicó.
El caso de Arauco
Franco puso como principal ejemplo la situación de Arauco S.A., empresa que adquirió extensas superficies rurales en distintos municipios misioneros antes de las restricciones de 2011 y posteriormente destinó esos terrenos a la actividad forestal.
“El caso donde más se nota esto es en Puerto Libertad, donde el 76,8% de la superficie del pueblo le pertenece a esta empresa”, afirmó.
También mencionó a Puerto Piray, donde aseguró que Arauco posee el 63% del territorio municipal; Puerto Esperanza, con el 33%; y Wanda, con el 26%. Agregó además a El Alcázar, Bernardo de Irigoyen, Colonia Polana, Colonia Delicia y Colonia Victoria.
Franco aclaró que la legislación sancionada en 2011 no podía aplicarse retroactivamente sobre operaciones realizadas con anterioridad, pero consideró que el problema se profundizó con el paso del tiempo.
“No podemos seguir mirando para otro lado como algo que no ocurrió, porque esto está pasando y está condicionando el crecimiento de los pueblos”, sostuvo.
Para el abogado, la concentración territorial genera una situación de desigualdad cuando un municipio necesita terrenos para desarrollar infraestructura, viviendas o actividades productivas.
Como ejemplo, mencionó nuevamente a Puerto Libertad, donde el municipio busca adquirir 10 hectáreas para instalar un parque industrial. Según relató, el pedido lleva tres años sin obtener una respuesta por parte de Arauco.
“No le está pidiendo de favor ni una cesión gratuita, si se las quiere comprar”, señaló.
Un impuesto para financiar la reparación territorial
La propuesta de Franco apunta a crear un impuesto especial sobre las superficies que excedan el 15% establecido por la normativa nacional como límite para la propiedad extranjera.
La idea consiste en aplicar una alícuota adicional tomando como referencia el impuesto inmobiliario rural y destinar los recursos exclusivamente a resolver las necesidades territoriales de las localidades afectadas.
“El proyecto que yo establezco es que eso no vaya a rentas generales, sino que se cree un fondo especial de reparación y que el 85% vuelva al pueblo perjudicado”, detalló.
De esta manera, los municipios podrían utilizar esos fondos para comprar tierras, desarrollar planes de vivienda, abrir calles y ejecutar obras de infraestructura.
Franco sostuvo que la falta de terrenos disponibles condiciona directamente el crecimiento de algunas localidades. En Puerto Libertad, afirmó, la población prácticamente no aumenta desde hace más de una década.
“No es porque la tasa de natalidad no aumenta. No, es porque el pueblo continuamente está expulsando su excedente de personas, porque no hay lugar”, afirmó.
Según su planteo, el problema también repercute sobre quienes buscan acceder a una vivienda. “Aunque vos tengas tu dinero hoy para ir a comprar una vivienda, no te la van a vender porque no hay para vender”, explicó.
En aquellos municipios donde la expansión horizontal ya resulta prácticamente imposible, el crecimiento debería acompañarse con inversiones en infraestructura para permitir una mayor densificación urbana.
“Si ya no lo puedo hacer en superficie lo tendrá que hacer en altura y para eso necesita cloaca, planta de potabilización de agua, planta de tratamiento de efluentes”, señaló.
“No queremos que Arauco se vaya”
Franco aclaró que la iniciativa no busca desconocer la propiedad privada, expulsar a las empresas ni avanzar con expropiaciones.
“Nosotros respetamos la propiedad privada. No queremos, al menos yo en lo personal, soy de la idea, no queremos que Alto Paraná se vaya, que Arauco se vaya ni tampoco queremos la expropiación”, afirmó.
Su objetivo, explicó, es generar un mecanismo que permita equilibrar la relación entre las empresas que concentran grandes extensiones y las comunidades que necesitan tierras para desarrollarse.
“Pretendemos que siga, pero bueno, ya que ellos tuvieron ese beneficio por haber adquirido esas tierras antes de la sanción de esta ley, como una especie de responsabilidad social-empresarial también”, sostuvo.
En ese sentido, consideró que el impuesto especial sería una alternativa menos extrema que la expropiación y permitiría que los municipios cuenten con recursos propios para negociar la compra de terrenos.
“Lo que pretendo es simplemente que paguen un tributo especial y con eso tener el dinero para poder negociar la compra”, explicó.
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La dimensión ambiental
El planteo también incorpora una cuestión ambiental. Franco señaló que las grandes extensiones adquiridas en Misiones fueron destinadas a la actividad forestal, con la transformación de superficies de bosque y capuera para establecer monocultivos.
“Además de hacer una adquisición en estas grandes extensiones, hubo grandes conversiones de masa boscosa o de capuera, por así decirlo, estableciendo un monocultivo”, sostuvo.
Para el abogado, esto suma una dimensión ambiental a una problemática que ya tiene consecuencias sobre el desarrollo urbano, productivo y habitacional de los municipios.
La propuesta busca así abrir una discusión sobre el acceso a la tierra, la planificación urbana, la vivienda, la infraestructura y la capacidad de las comunidades para decidir sobre su propio crecimiento.
Para Franco, el debate no debería limitarse a determinar si las adquisiciones originales fueron legales, sino también a analizar sus consecuencias actuales.
“No podemos seguir mirando para otro lado”, insistió, al considerar que la Provincia debe discutir una herramienta que permita reparar territorialmente a las localidades que quedaron condicionadas por la concentración de grandes extensiones de tierra.
Passalacqua recibe a los gobernadores del Norte Grande en Misiones para debatir infraestructura, energía y desarrollohttps://t.co/AkuiflmM0u pic.twitter.com/kztHJAjCer
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