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Vecinos de Posadas se reunieron frente a la Casa de Gobierno para visibilizar el reclamo por las facturas del servicio de agua potable que, según denuncian, presentan montos excesivos y carecen de respuestas por parte de SAMSA, EPRAC y las autoridades provinciales. Juana Aranda, vecina referente de la protesta, precisó a Radio Up que las deudas de algunos hogares ascienden hasta los 4 millones de pesos, y aseguró que los reclamos individuales no reciben solución alguna.
Aranda señaló que las boletas llegan con valores que oscilan entre los 100.000 y los 500.000 pesos, mientras que los ingresos de las familias no superan en muchos casos los 500.000 pesos mensuales, lo que genera una situación de endeudamiento crítico. "No tenemos respuesta del gobierno, no tenemos respuesta del EPRAC, no tenemos mucho menos de SAMSA. Las boletas siguen cayendo y nos están tomando como burlas", afirmó la vecina.
La referente vecinal denunció que muchas personas no se acercan a reclamar por miedo a represalias de sus empleadores o por presión social. "No somos piqueteros, soy mamá de cinco hijos y lucho por el bienestar de todas las familias. La gente está asustada y se está tirando para atrás. Nos están tapando la boca", sostuvo Aranda.
El reclamo legal y la situación de las familias vulnerables
El abogado Horacio Koncke, que patrocina a un grupo de afectados, explicó que presentaron apelaciones y buscan agregar más damnificados a la causa judicial, ya que consideran que no hay una tutela judicial efectiva en el proceso actual. "Estamos en una etapa de apelaciones, en una etapa de agregación de afectados. En este caso son 28 familias que tienen que estar con tutela judicial efectiva. No hay una tutela judicial efectiva", señaló el letrado.
Koncke adelantó que también promoverán la inconstitucionalidad del corte total del servicio para personas vulnerables, como jubilados y titulares de CUIT con bajos ingresos, que actualmente tienen el servicio suspendido. "Vamos a ir hasta las últimas consecuencias en el tema legal. También estamos presentando la inconstitucionalidad del corte del 100% a todas aquellas personas vulnerables que no puedan pagar el agua", afirmó.
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El abogado reclamó que la Legislatura provincial sancione una ley que contemple un plan de contención para los servicios de las personas en situación de indigencia o discapacidad, una normativa que, según sostuvo, no se aplica en Misiones. "Ojalá que este gobierno cree una ley en la Legislatura para que aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad tengan un plan de contención en los servicios. Eso está en las leyes de Derecho Humano y en las leyes de personas con discapacidad, pero no se aplica acá en Misiones", concluyó Koncke.