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La comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II, en Garuhapé, volvió a ocupar el territorio del que había sido desalojada a fines de julio. Según confirmó la abogada de ENDEPA y asesora legal de EMIPA, Roxana Rivas, las familias regresaron entre la madrugada del domingo y el lunes y permanecen actualmente en el lugar.
Sin embargo, el retorno no significó el fin del conflicto. Por el contrario, la situación continúa marcada por un fuerte clima de tensión, denuncias de intimidación y una importante presencia policial.
En declaraciones a Radio Up, Rivas sostuvo que la comunidad enfrenta amenazas directas y episodios de hostigamiento que incluso alcanzaron a los remiseros que trasladan a los integrantes del pueblo indígena hacia el lote. "Hubo amenazas de sancionar a quienes los acercan en remises y también amenazas directas de pasarles con camiones por encima o de armarse", advirtió.
La letrada afirmó que la comunidad únicamente busca permanecer en su territorio ancestral luego de considerar que el procedimiento de desalojo fue ilegal.
Presencia policial y un escenario de máxima tensión
Actualmente, las familias permanecen dentro del lote junto con efectivos policiales que custodian el lugar para evitar nuevos episodios de violencia.
Según explicó Rivas, también se encuentra presente Ruf, titular registral del inmueble, acompañado por numerosas camionetas de personas que ingresan y salen del predio.
La asesora de ENDEPA aseguró que muchos de esos vehículos circulan con las matrículas tapadas y mantienen una actitud intimidatoria hacia la comunidad.
Aunque reconoció que la actitud policial cambió respecto de los operativos anteriores, aclaró que no existe ninguna orden judicial vigente para desalojar nuevamente a las familias. "Hasta ahora la policía está cumpliendo su función de evitar que el conflicto escale. No hay ninguna orden para un nuevo desalojo", señaló.
Críticas a los pedidos judiciales del propietario
Rivas también cuestionó las recientes presentaciones judiciales realizadas por la representación legal del propietario del terreno.
Según indicó, los abogados solicitaron:
- intervención de fuerzas federales;
- detención de integrantes de la comunidad;
- secuestro de los vehículos que trasladan a las familias;
- detención de activistas y defensores de derechos humanos, incluidos miembros de EMIPA;
- intervención de Migraciones ante la presunta presencia de personas extranjeras.
La abogada calificó esos planteos como "sumamente amenazantes" y criticó especialmente expresiones utilizadas en los escritos judiciales referidas a personas "de cualquier raza".
Asimismo, afirmó que hasta el momento ninguno de esos pedidos fue resuelto por la Justicia.
La preocupación: qué ocurrirá cuando disminuya la presencia policial
Durante la entrevista también surgió una de las principales inquietudes: qué ocurrirá cuando disminuya la presencia policial en la zona.
Para Rivas, la seguridad de la comunidad no puede depender únicamente del contexto actual.
Recordó que fueron operativos policiales los que ejecutaron tanto el desalojo de fines de julio como los procedimientos realizados durante mayo, motivo por el cual existe una fuerte desconfianza de las comunidades indígenas hacia las fuerzas de seguridad.
No obstante, destacó que el conflicto hoy se encuentra altamente visibilizado. "Sería más grave dejar esto como una zona liberada que mantener la presencia policial. Si eso ocurriera, también deberán responder quienes tienen la obligación de garantizar la protección", afirmó.
La letrada remarcó que la comunidad representa el sector más vulnerable del conflicto, mientras que quienes acompañan al propietario son quienes llegan al lugar en camionetas y, según denunció, han expresado la posibilidad de defender la propiedad mediante el uso de armas.
El Gobierno convocó a una instancia de mediación
En paralelo, el Ministerio de Derechos Humanos y la Dirección de Asuntos Guaraníes impulsan una convocatoria para este viernes en Guapoy con el objetivo de abrir una instancia de diálogo.
La reunión prevé la participación de:
- representantes de la comunidad Mbya Guaraní;
- el titular registral del inmueble;
- organismos provinciales;
- integrantes del Poder Judicial.
Sin embargo, Rivas advirtió que el contenido de las últimas presentaciones judiciales realizadas por la otra parte genera serias dudas sobre la posibilidad de construir un ámbito de diálogo genuino. "No alcanza con seguir postergando el conflicto. Quienes convocan deben concurrir con propuestas concretas que permitan resolver los intereses de ambas partes", sostuvo.
Un conflicto que enfrenta derechos reconocidos por la Constitución
La asesora legal insistió en que el caso no puede reducirse a una disputa entre una comunidad indígena y un propietario privado.
Explicó que se trata de un conflicto donde confluyen derechos constitucionales de igual jerarquía y cuya resolución corresponde al Estado.
"La comunidad preexiste al Estado argentino y posee derechos territoriales reconocidos por nuestro sistema jurídico. Al mismo tiempo, quien adquirió el inmueble también tiene derechos como titular registral. Es el Estado quien debe encontrar una solución que garantice ambos derechos, incluso mediante mecanismos de compensación cuando corresponda", expresó.
La tensión continúa mientras esperan definiciones
Por el momento, las familias continúan instaladas en el territorio recuperado bajo vigilancia policial.
La expectativa está puesta en la reunión convocada por el Gobierno provincial, que buscará abrir una instancia de negociación para evitar una nueva escalada del conflicto.
Mientras tanto, la comunidad denuncia amenazas, hostigamientos y un clima de incertidumbre que mantiene en alerta tanto a las familias como a los organismos de derechos humanos que acompañan el caso.
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