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El Gobierno de Misiones dio este lunes un nuevo paso en el tratamiento del Proyecto de Ley de Emergencia para la Continuidad de la Producción Primaria Yerbatera, una iniciativa que propone establecer un precio mínimo sostén para el kilo de hoja verde con el objetivo de enfrentar la crisis que atraviesa el sector tras la desregulación impulsada por el Gobierno nacional.
La primera reunión de trabajo se realizó en el Ministerio del Agro y la Producción, donde funcionarios, legisladores, representantes del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y referentes de los productores analizaron los alcances de la propuesta presentada la semana pasada al gobernador Hugo Passalacqua.
El proyecto surgió como respuesta al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, mediante el cual el Gobierno nacional eliminó las facultades del INYM para fijar el precio de la materia prima, una decisión que, según sostienen los productores, agravó la crisis de rentabilidad del sector yerbatero.
La iniciativa fue entregada el jueves pasado al mandatario provincial durante un encuentro en Casa de Gobierno del que participaron productores y tareferos, luego de haber recibido también el respaldo del obispo de Posadas, monseñor Juan Rubén Martínez.
Amplia participación en la mesa de trabajo
La reunión se desarrolló en modalidad presencial y virtual y fue encabezada por el ministro del Agro, Facundo Sartori, junto al subsecretario de Asuntos Yerbateros, Ricardo Maciel.
También participaron el director por la Producción en el INYM, Roberto Ferreyra; el dirigente del Movimiento Agrario de Misiones (MAM), Salvador Torres; y el abogado del sector productivo, Federico Padolsky, quien expuso los fundamentos jurídicos de la propuesta.
En representación de la Cámara de Representantes estuvieron presentes los diputados provinciales Arabela Soler, María del Carmen Méndez Asón, Juan Szychowski y Hugo Benítez.
Según el cronograma previsto, el proyecto tomará estado parlamentario el próximo 13 de agosto, durante la primera sesión ordinaria de la Legislatura misionera, donde comenzará su tratamiento en comisiones.
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Un precio mínimo para garantizar la continuidad de la actividad
El eje central de la iniciativa consiste en facultar al Poder Ejecutivo provincial para establecer un precio mínimo obligatorio para el kilo de hoja verde que contemple los costos reales de producción, las cargas laborales, previsionales e impositivas, además de asegurar un margen razonable de rentabilidad para los productores.
Los impulsores del proyecto sostienen que la Provincia conserva facultades constitucionales para intervenir en defensa del desarrollo regional y del trabajo rural, aun cuando el Gobierno nacional haya eliminado las atribuciones regulatorias del INYM.
En ese sentido, la fundamentación del proyecto señala que "la emergencia declarada por esta ley no crea nuevas competencias provinciales, sino que habilita a la provincia a ejercer responsablemente las atribuciones que conserva".
Asimismo, el texto aclara que la medida no impedirá que compradores y vendedores acuerden valores superiores, sino que establecerá un piso obligatorio destinado a evitar que los precios caigan por debajo de los costos de producción.
El proyecto sostiene que "no se trata de fijar un precio único ni de impedir la libre negociación por encima del mínimo establecido, sino de asegurar un piso jurídico indispensable para evitar la desaparición de miles de explotaciones familiares".
Controles y sanciones
La propuesta también contempla la creación de mecanismos de fiscalización para garantizar el cumplimiento del precio mínimo, además de herramientas para regularizar las operaciones comerciales y aplicar sanciones administrativas a quienes incumplan la normativa.
Los fondos que se recauden mediante multas serán destinados exclusivamente a fortalecer las tareas de control y la asistencia técnica para el sector productivo.
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