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El referente del Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP), Víctor Rosenfeld, dialogó con “Realidad Mixta” de Radio Up y confirmó que distintas organizaciones elaboraron un documento conjunto para manifestar su rechazo a cualquier intento de flexibilizar la legislación sobre la propiedad de tierras rurales y permitir una mayor participación de capitales extranjeros.
Rosenfeld explicó que el texto fue consensuado entre las organizaciones participantes y que será presentado públicamente antes del próximo tratamiento legislativo previsto para el 6 de agosto.
“Ese documento se elaboró entre todos esos sectores que firmaron, se hizo consulta, están todos de acuerdo y se va a presentar, se hace público. La idea también es hacer antes del día 6, que se va a tratar de nuevo, una reunión pública al respecto y si podemos hacer alguna otra cosa públicamente. Tenemos contacto con el Observatorio de Tierra de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, que hizo un interesante estudio al respecto”, señaló.
"En Misiones estamos en el 14 %"
Uno de los principales argumentos del documento es la situación de la provincia respecto de la tenencia de tierras por parte de propietarios extranjeros.
“La ley vigente establece un máximo del 15 % para las provincias, los municipios y departamentos. Y en la provincia de Misiones estamos en el 14 %, pero hay departamentos que están superando”, advirtió.
Para Rosenfeld, el riesgo no pasa únicamente por el porcentaje de tierras extranjerizadas, sino también por la concentración de la propiedad en grandes extensiones.
“Imagínense que en la provincia, los departamentos que se han despoblado y han perdido cultivos son los departamentos de Iguazú, Eldorado y Montecarlo, que son los departamentos donde están los más grandes latifundios. Son todas zonas de tierra semiplana, una tierra de muy buena calidad en la provincia. Yo soy agrónomo también y se conoce como suelo tipo 9, una de las mejores tierras que hay en Misiones”, explicó.
La experiencia de Pozo Azul
Durante la entrevista, Rosenfeld recordó el proceso de regularización de tierras que derivó en la creación de colonias agrícolas en la zona de Pozo Azul, experiencia en la que aseguró haber participado junto a la Pastoral de Iguazú.
“Nosotros participamos en eso. Yo trabajaba en ese momento junto con la Pastoral de Iguazú, en una ONG, y estuvimos en ese proceso”, recordó.
Según detalló, el conflicto involucraba cerca de 40.000 hectáreas pertenecientes a tres grandes empresas.
“Fueron cerca de 40.000 hectáreas que pertenecían a tres empresas muy grandes. Una de ellas estaba en concurso, en quiebra, con deudas de muchos años con el Banco Nación”, indicó.
El dirigente sostuvo que esas tierras permanecieron durante décadas sin desarrollo productivo significativo.
“Llevaban como 80 años de posesión o dueños, entre comillas, y no tenían prácticamente ningún cultivo ni avance, sino que únicamente habían explotado la madera. Los obreros, los trabajadores y la empresa habían desaparecido, no tenían ninguna inversión ni trabajo”, afirmó.
Frente a ese escenario, explicó que numerosas familias comenzaron a ocupar los terrenos para producir.
“Habían ocupado las tierras, haciendo su cultivo. Entonces se hizo un proceso bastante largo, liderado en el último tiempo por la Pastoral de Iguazú cuando estaba Monseñor Piña. Ese proceso culminó en una ley de expropiación aprobada en la Legislatura”, recordó.
El caso Alto Paraná
Rosenfeld también mencionó el histórico reclamo de los productores de Pirá Pytá —agrupados en Producción Independiente de Piraí (PIP)— frente a la entonces empresa Alto Paraná, hoy Arauco.
“Yo también conozco ese tema bastante bien porque hemos trabajado con PIP, que era la asociación de productores que llevó adelante esa iniciativa durante muchos años”, señaló.
Recordó que la ley sancionada contemplaba la entrega de 600 hectáreas para familias productoras.
“Alto Paraná, hoy Arauco, tiene 243.000 hectáreas. Imagínense, 243.000 hectáreas. Solamente se solicitaban 600 hectáreas para un grupo de alrededor de 100 familias y fue aprobada la ley por la Legislatura”, explicó.
Sin embargo, aseguró que la norma nunca fue plenamente ejecutada.
“Lleva aproximadamente diez años de aprobada y solamente se ejecutó parcialmente. Le entregaron a la asociación 166 hectáreas de las 600, después de explotar los pinos que estaban allí. No le entregaron el resto. Es realmente una vergüenza”, cuestionó.
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Críticas al RIGI
Finalmente, Rosenfeld vinculó el debate sobre la propiedad de la tierra con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al considerar que favorece la especulación sobre el uso productivo del suelo.
“Imagínese que el RIGI es para inversiones de grandes empresas, no menores a 200 millones de dólares, pero nunca se hace la inversión de inicio. Se presenta el proyecto y, una vez aprobado, prácticamente no existe plazo. Ellos pueden tener menos del 20 % invertido y mantener vigente el proyecto. Compran la tierra y no hacen la inversión. Es lo que está pasando en todo el país. Hay aprobados proyectos por 20.000 millones de dólares y no se ha ejecutado ni el 10 %”, sostuvo.
Asimismo, cuestionó que ese régimen otorgue beneficios impositivos que, según afirmó, no alcanzan a los pequeños productores.
“Para los productores no hubo exención de impuestos, de Ganancias ni de todos los impuestos posibles por 30 años como ocurre con el RIGI”, expresó.
En ese sentido, concluyó que el país necesita políticas de colonización y desarrollo rural antes que incentivos para la concentración de tierras.
“No hay un plan de colonización que contemple esa cuestión. Eso es una entrega del patrimonio nacional”, concluyó.
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