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El Gobierno nacional prepara una serie de proyectos para enviar al Congreso tras el receso invernal con el objetivo de profundizar su política de desregulación económica. Entre las iniciativas se destacan una reforma integral del Código Aduanero y una modificación del mercado inmobiliario, impulsadas por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger. Los cambios buscan reducir requisitos administrativos, flexibilizar normas vigentes y modificar el funcionamiento de ambos sectores.
Las propuestas se suman a otros proyectos que el oficialismo prevé impulsar, como la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la iniciativa sobre Zonas Frías y la Reforma Electoral.
En materia inmobiliaria, el proyecto propone que el corretaje deje de ser considerado una profesión liberal y pase a ser reconocido como un servicio de intermediación comercial. Según trascendió, durante la elaboración del texto el Ministerio recibió aportes de referentes del sector privado.
Uno de ellos fue Jorge Amoreo Casotti, CEO de la startup Proptech Pint, quien sostuvo: “El corretaje inmobiliario no es medicina, ingeniería ni una ciencia reservada a iniciados. Es una actividad comercial que conecta a dos partes, para facilitar una operación y cobrar una comisión. Durante décadas, el lobby sindical agrupado en FAEMCI disfrazó ese servicio de profesión tutelada para apropiarse legalmente del mercado”.
El empresario también cuestionó el esquema vigente al afirmar que las leyes nacionales 20.266 y 25.028 impulsaron un modelo que luego fue replicado por las provincias mediante colegios profesionales obligatorios. Según expresó, “desde 2003, el modelo se expandió mediante leyes provinciales que crearon colegios obligatorios, territorios cautivos, comisiones reguladas, cajas millonarias y organismos que habilitan, cobran, inspeccionan y sancionan. Juez, parte y recaudador. Todo dentro de la misma corporación”.
Entre los principales cambios previstos, la iniciativa plantea eliminar la obligatoriedad de la matrícula en colegios profesionales, permitir que los corredores puedan operar en distintas jurisdicciones sin restricciones geográficas y reducir las facultades sancionatorias de esas entidades.
En ese sentido, Casotti afirmó: “La matrícula no garantiza ética, capacidad ni excelencia: garantiza que alguien pagó para entrar al sistema. Los colegios no protegen al consumidor; protegen su exclusividad. Y cuando persiguen a quien trabaja sin su permiso, no están defendiendo calidad: están eliminando competencia con la fuerza del Estado”.
Por otra parte, el Ejecutivo también trabaja en una reforma del Código Aduanero. De acuerdo con fuentes vinculadas al organismo, el borrador contempla simplificar procedimientos, reducir la burocracia, disminuir controles administrativos, reorganizar la estructura de personal y modificar el tratamiento legal y las sanciones previstas para el delito de contrabando, con el objetivo de agilizar el comercio exterior.
La propuesta ya despertó cuestionamientos del Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (SUPARA), que advirtió que avanzar con cambios estructurales sin la participación de los trabajadores podría debilitar el sistema de control aduanero.
Desde el gremio señalaron además que el comercio exterior no puede analizarse de manera aislada, ya que la Aduana cumple funciones de regulación, fiscalización y protección del interés nacional.
El sindicato, encabezado por Daniel Mallotti, también manifestó coincidencias con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) respecto de la necesidad de reforzar los controles fronterizos para combatir el comercio ilegal y reducir las pérdidas fiscales derivadas del contrabando.
