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La controversia por la construcción de un emprendimiento hotelero privado sobre la Costanera de Candelaria, a orillas del río Paraná, sumó un nuevo capítulo. El concejal de la UCR, Claudio Ponce, cuestionó con dureza la actuación de la Municipalidad, denunció la falta de respuestas a los pedidos de informe realizados por el Concejo Deliberante y sostuvo que existen "intereses" para sostener una obra que genera rechazo entre vecinos.
Durante una entrevista en el programa Arriba la Radio, de Radio Up, el edil afirmó que desde el inicio de la polémica el bloque opositor impulsó distintas acciones institucionales para conocer la situación legal del proyecto, aunque aseguró que el Ejecutivo municipal no respondió los requerimientos.
El supuesto propietario "nunca presentó documentación"
Ponce explicó que uno de los principales cuestionamientos radica en la falta de documentación que acredite la titularidad del terreno donde se desarrolla la construcción. "Se hizo un pedido de informe y se llamó al supuesto dueño. Lo digo supuesto dueño porque hasta ahora no presentó ningún papel."
Según relató, durante su exposición ante el Concejo el empresario únicamente exhibió un plano aprobado por un arquitecto del municipio. "Lo único que presentó fue un plano aprobado por el arquitecto del municipio y ningún papel más."
El edil sostuvo que la preocupación surgió inicialmente por las denuncias realizadas por vecinos de la zona y que, a partir de ello, comenzaron una investigación legislativa mediante pedidos de informes que, afirmó, nunca fueron contestados.
"Las ordenanzas son claras"
El concejal aseguró que la normativa vigente impediría que la obra avance bajo las condiciones actuales. "Las ordenanzas son claras para que este señor no se agarre del supuesto permiso municipal y pueda seguir adelante con una obra resistida por todos."
Además, remarcó que desde que asumieron como concejales en diciembre de 2023 la relación institucional con el Ejecutivo se caracteriza por la ausencia de respuestas. "Nunca contestaron nada y, si contestan, contestan a medias."
Ponce denunció intereses políticos detrás del proyecto
Uno de los pasajes más fuertes de la entrevista fue cuando el concejal vinculó la continuidad de la obra con presuntos intereses del Ejecutivo municipal.
Consultado sobre si considera que el intendente Carlos Flores respalda el emprendimiento, respondió: "Sí, obviamente que hay intereses."
Ponce explicó que esa conclusión surge luego de una reunión mantenida junto al presidente del Concejo Deliberante con autoridades del Ministerio de Ecología.
Según contó, desde el organismo provincial les informaron que la presentación administrativa vinculada a la obra fue realizada por el municipio y no por quien se presenta como propietario. "Si el municipio está más preocupado por un terreno y no el supuesto dueño, algo de interés tiene que tener."
Ya existe una denuncia penal presentada por vecinos
El edil confirmó además que el conflicto ya ingresó al ámbito judicial. Indicó que un grupo de vecinos presentó una denuncia penal por la construcción, preocupados por el posible avance del emprendimiento mientras continúan las discusiones administrativas.
Aunque evitó pronunciarse sobre el contenido de la causa, sostuvo que el camino judicial aparece como una de las alternativas frente a la falta de controles.
También cuestionó otro hotel sobre el Paraná
Durante la entrevista, Ponce amplió las críticas y aseguró que no es la primera vez que el empresario intenta desarrollar emprendimientos sobre la ribera.
Recordó que anteriormente solicitó informes sobre otro establecimiento denominado Puerto Lagier, el cual, según afirmó, cuenta con construcciones sobre el río e incluso invadiría parcialmente un terreno lindero. "Hice un pedido de informe hace más de un año y nunca contestaron."
A pesar de esas observaciones, indicó que el establecimiento se encuentra funcionando con habilitación municipal.
"No hay controles"
Respecto del presente de la obra cuestionada, el concejal sostuvo que la principal falencia es la ausencia de fiscalización. "Las partes que tienen que controlar no controlan."
En ese sentido aseguró que son los propios vecinos quienes observan diariamente el movimiento de la construcción debido a que utilizan la Costanera para actividades recreativas.
También relacionó esta situación con otras deficiencias de gestión municipal. "Hay mucha falta de control, también inseguridad. Antes existía la Dirección de Tránsito y cuando ingresó el intendente la eliminó."
Denunció falta de acceso a la información pública
Ponce sostuvo que las dificultades para controlar la gestión exceden el caso puntual del hotel. Como ejemplo, mencionó pedidos de informe sobre la nómina de empleados municipales, los lugares donde prestan servicios y el parque automotor comunal.
Según afirmó, ninguno recibió respuestas formales. Incluso relató que el propio intendente le sugirió revisar el presupuesto municipal en lugar de responder los requerimientos institucionales.
Un Concejo con problemas administrativos
El edil también describió un escenario complejo dentro del propio Concejo Deliberante.
Afirmó que existen ordenanzas extraviadas debido a una inundación del archivo y que durante una gestión anterior hubo meses sin confección de libros de actas ni registros legislativos.
Según explicó, esta situación dificulta verificar la normativa utilizada por el Ejecutivo para autorizar determinadas construcciones. "Nos dicen que se basan en una ordenanza antigua, pedimos esa documentación y nunca la enviaron."
Críticas al procedimiento del Ejecutivo
Finalmente, Ponce cuestionó la actuación del secretario de Gobierno, Aníbal Farías, durante la convocatoria realizada por el Concejo.
Indicó que los funcionarios exhibieron planos y documentación únicamente durante la reunión, pero luego se retiraron sin dejar copias para que los concejales pudieran analizarlas. "Le pedimos las pruebas y no las dejan. Esa no es mi forma de trabajar."
Mientras continúa la discusión sobre la legalidad del emprendimiento inmobiliario sobre la ribera del Paraná, el conflicto mantiene abiertas distintas instancias administrativas y judiciales, en un escenario donde la oposición reclama mayor transparencia, acceso a la información pública y controles efectivos sobre las construcciones que se desarrollan en la Costanera de Candelaria.
