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El malestar del sector forestal y agropecuario de Misiones volvió a escalar. Luego de una reunión realizada en la sede de la Asociación de Madereros, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (AMAYADAP), productores, empresarios, asesores técnicos y legisladores provinciales difundieron un documento en el que expresan su "hartazgo" frente a las políticas impulsadas por el Gobierno provincial, al considerar que restringen la producción y generan un clima de incertidumbre para quienes invierten y generan empleo.
En ese contexto, el activista de la producción Alfredo Gruber dialogó con Radio Up, donde profundizó las críticas al Ejecutivo provincial y enumeró una serie de medidas que, según sostuvo, afectan directamente al desarrollo del campo y de la industria forestal.
Las declaraciones reflejan la postura del sector representado por AMAYADAP y forman parte de un reclamo dirigido a las autoridades provinciales.
"Estamos hartos": el reclamo de los productores
Durante la entrevista, Gruber sostuvo que el descontento no responde a un conflicto puntual sino a un proceso que, según dijo, lleva años profundizándose. "Estamos hartos. Hace tiempo que vienen cercenando nuestros derechos a la producción", afirmó.
Según explicó, consideran que la política provincial prioriza otras actividades económicas mientras la producción agropecuaria y forestal enfrenta cada vez más restricciones.
Para el dirigente, existe una visión oficial que desalienta el desarrollo productivo y limita las posibilidades de crecimiento del sector privado.
La ley de bioinsumos, el punto de partida del conflicto
Gruber ubicó el origen del enfrentamiento en la sanción de la ley vinculada a los bioinsumos y la prohibición del glifosato, impulsada —según expresó— sin consulta previa con los productores.
Sostuvo que desde entonces comenzaron las gestiones para intentar frenar su aplicación y recordó que el actual gobernador decidió postergar su implementación, aunque insistió en que el objetivo del sector continúa siendo la derogación definitiva de la norma.
A su entender, las decisiones relacionadas con el manejo sanitario de los cultivos deben construirse junto a quienes trabajan diariamente en las chacras misioneras.
Las principales críticas al Gobierno provincial
El documento elaborado por productores y empresarios resume una serie de cuestionamientos que consideran prioritarios para recuperar competitividad en Misiones.
Entre ellos se destacan:
- Registro Provincial de Infractores Ambientales (RePIA), al que califican como una herramienta que evidencia el desconocimiento oficial sobre la realidad del sector.
- Demoras en los permisos de cambio de uso del suelo, consideradas uno de los principales obstáculos para producir.
- Prohibición de las quemas, incluso bajo condiciones controladas.
- Falta de participación de los propietarios de bosques en las decisiones relacionadas con los bonos de carbono.
- Prohibición del glifosato, cuya derogación continúa siendo uno de los principales reclamos del sector.
En el documento, los productores sostienen que estas medidas "limitan, condicionan y amedrentan" la actividad económica y reclaman que el Gobierno provincial adopte decisiones basadas en "el sentido común" y en el conocimiento de la realidad de la chacra misionera.
RePIA: la medida que "rebalsó el vaso"
Uno de los cuestionamientos más duros estuvo dirigido al Registro Provincial de Infractores Ambientales.
Gruber afirmó que el sector interpreta la iniciativa como un mecanismo de persecución administrativa hacia los productores. "No queremos que el Ministerio de Ecología se transforme en una Gestapo o una KGB para perseguir a todos los productores", expresó.
Aunque aclaró que respaldan la protección ambiental, cuestionó que un productor pueda quedar condicionado por sanciones administrativas que luego dificulten el acceso al crédito o generen consecuencias sobre su actividad económica.
También remarcó que quienes trabajan en el sector son los primeros interesados en conservar los recursos naturales. "Nadie protege más su tierra que el propio productor", sostuvo al describir prácticas de economía circular implementadas en su establecimiento, donde los residuos orgánicos son reutilizados como fertilizantes.
Bonos de carbono: reclaman mayor participación
Otro de los ejes del reclamo apunta al programa provincial vinculado con los bonos de carbono.
Según Gruber, el Gobierno avanzó en definiciones sin consultar previamente a los propietarios de los bosques.
Indicó que existen productores interesados en participar, pero otros desean mantener libertad para decidir sobre el uso de sus tierras.
Además, cuestionó los montos que, según afirmó, corresponderían a cada hectárea conservada, al considerar que no alcanzan siquiera para cubrir los costos mínimos de mantenimiento y vigilancia del monte.
También criticó la metodología utilizada para calcular los beneficios derivados de la certificación de carbono.
Permisos demorados y multas millonarias
El dirigente también reclamó la liberación inmediata de los permisos para cambio de uso del suelo.
Aseguró que desde hace años numerosos expedientes permanecen demorados y sostuvo que esa situación obliga a muchos productores a continuar trabajando sin autorización definitiva, exponiéndose posteriormente a sanciones económicas.
Según explicó, las multas aplicadas pueden alcanzar montos millonarios y representan otra de las formas de presión que denuncia el sector.
"Estamos trabajando a pérdida"
Consultado sobre la situación económica de la actividad forestal, Gruber fue categórico.
Afirmó que numerosas empresas del rubro operan actualmente con pérdidas y que, en algunos casos, deben recurrir a la venta de sus propias forestaciones para sostener la estructura empresarial.
Reconoció que algunos establecimientos poseen mayor respaldo financiero para soportar la crisis, aunque advirtió que el panorama afecta a buena parte de la cadena forestoindustrial.
También señaló que, pese a reconocer avances impulsados por el Gobierno nacional en otros aspectos de la economía, el sector todavía no observa mejoras concretas para la producción misionera.
Acciones judiciales y advertencia política
Frente a la falta de respuestas oficiales, Gruber anticipó que los productores avanzarán por la vía judicial para impugnar la Resolución 182/26.
Asimismo, sostuvo que continuarán impulsando sus reclamos mediante el acompañamiento de legisladores provinciales y advirtió que, si las demandas no encuentran eco en el Gobierno, buscarán respaldo político en las próximas elecciones.
"Las cuestiones que no se resuelvan terminarán dirimiéndose en las urnas", afirmó.
Un pedido de diálogo para redefinir la política productiva
El documento difundido por AMAYADAP concluye con un llamado al Gobierno de Misiones para modificar su actitud frente al sector productivo.
Los productores sostienen que una provincia con mayor desarrollo agropecuario y forestal requiere reglas claras, menor burocracia y decisiones consensuadas con quienes trabajan diariamente en la producción.
El reclamo también enfatiza la necesidad de compatibilizar la protección ambiental con la sustentabilidad económica, evitando que las regulaciones se conviertan —según entienden— en un obstáculo para el crecimiento de una de las actividades históricas de la provincia.
Reforma tributaria: crece la incertidumbre sobre el futuro del Monotributo https://t.co/LzvPMbgeCu pic.twitter.com/8gFFQLauFA
— Radio Up (@radioupar) July 13, 2026
