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El 9 de julio de 2024, en la Casa Histórica de Tucumán, el presidente Javier Milei y 18 gobernadores firmaron el denominado Pacto de Mayo, un acuerdo político que buscó establecer una hoja de ruta para transformar la economía y el funcionamiento del Estado argentino mediante diez compromisos considerados estratégicos.
Dos años más tarde, el escenario muestra un cumplimiento parcial. Mientras la administración libertaria logró avanzar en aspectos vinculados con el equilibrio fiscal, la flexibilización laboral, la apertura económica y la promoción de inversiones, aún permanecen sin resolución varias de las reformas más profundas que el propio Gobierno definió como indispensables para consolidar su programa económico.
La visita de Milei a Tucumán este 9 de julio volvió a poner el foco sobre aquel documento que pretendía convertirse en el eje político de su gestión y cuya implementación quedó condicionada tanto por la dinámica legislativa como por la relación con las provincias.
Del anuncio al acuerdo: cómo nació el Pacto de Mayo
Originalmente, el Presidente había proyectado firmar el acuerdo el 25 de mayo de 2024 en Córdoba. Sin embargo, las negociaciones por la Ley Bases y los conflictos con los gobernadores derivados del ajuste fiscal demoraron la concreción del acto.
Finalmente, el documento fue rubricado el 9 de julio en Tucumán con la presencia de la mayoría de los mandatarios provinciales dialoguistas y aliados de la Casa Rosada. Los principales gobernadores peronistas, entre ellos Axel Kicillof, Gildo Insfrán y Ricardo Quintela, decidieron no participar.
Meses después se constituyó el Consejo de Mayo, integrado por representantes del Poder Ejecutivo, las provincias, el Congreso, los sindicatos y el sector empresario. Su misión consistió en transformar los diez puntos del acuerdo en proyectos legislativos. El organismo trabajó entre junio y diciembre de 2025.
Los objetivos que el Gobierno considera encaminados
Reforma laboral
Uno de los principales compromisos del Pacto fue la modernización del régimen laboral.
Tras extensas negociaciones parlamentarias, el Congreso aprobó la reforma durante el verano de 2026 y posteriormente fue promulgada por el Poder Ejecutivo. Para la Casa Rosada, representa uno de los principales logros derivados del acuerdo firmado en Tucumán.
Equilibrio fiscal
El objetivo de mantener equilibrio en las cuentas públicas es otro de los puntos que el Gobierno considera cumplido.
Durante mayo de 2026, el Ministerio de Economía informó un superávit primario cercano a los $1,9 billones y un resultado financiero positivo superior a los $478.000 millones, consolidando la estrategia fiscal impulsada desde el inicio de la gestión.
No obstante, distintos analistas advierten que buena parte de ese equilibrio fue posible gracias a una fuerte reducción del gasto público y a una significativa disminución de las transferencias nacionales hacia las provincias.
Diversos estudios privados sostienen que parte del ajuste terminó siendo absorbido por los gobiernos provinciales, que debieron afrontar mayores responsabilidades con menores recursos enviados desde la Nación.
Apertura económica y promoción de inversiones
Otro de los ejes centrales del Pacto consistía en insertar nuevamente a la Argentina en el comercio internacional.
En ese sentido, el Gobierno avanzó con una política de apertura comercial, reducción de restricciones a las importaciones y promoción de exportaciones.
Los datos oficiales muestran que durante mayo de 2026 el país registró un superávit comercial superior a los 3.500 millones de dólares, impulsado por exportaciones récord y una caída de las importaciones medida en cantidades.
Sin embargo, economistas e industriales señalan que la mayor apertura también produjo efectos sobre la producción nacional, especialmente en sectores manufactureros que enfrentan una creciente competencia externa.
Recursos naturales y RIGI
Uno de los compromisos del Pacto promovía el desarrollo de los recursos naturales como motor de crecimiento.
En este aspecto, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) se convirtió en la principal herramienta del Gobierno para atraer capitales.
Provincias mineras como Catamarca, San Juan, Salta y Jujuy comenzaron a captar nuevos proyectos, mientras que Neuquén y Río Negro profundizaron las inversiones vinculadas a Vaca Muerta.
Hasta el momento, 16 provincias adhirieron al régimen con la expectativa de impulsar inversiones millonarias durante la próxima década.
Las grandes reformas que todavía esperan
Si bien el Ejecutivo exhibe algunos avances, buena parte del núcleo del Pacto de Mayo permanece pendiente.
Reforma tributaria
Uno de los principales compromisos consistía en simplificar el sistema impositivo, reducir la presión fiscal y fomentar la competitividad.
Pese a los anuncios oficiales y las conversaciones mantenidas con los gobernadores, todavía no existe un proyecto definitivo que haya ingresado al Congreso.
Reforma previsional
La modificación del sistema jubilatorio continúa siendo uno de los temas más sensibles de la agenda económica.
Aunque forma parte de los objetivos originales del Gobierno, la iniciativa todavía no logró avanzar políticamente debido a la complejidad del debate y la falta de consensos legislativos.
Coparticipación federal
Otro de los puntos centrales proponía discutir un nuevo esquema de distribución de recursos entre Nación y provincias.
Si bien gobernadores de distintos espacios políticos coincidieron en la necesidad de abrir esa negociación, hasta ahora no se alcanzó ningún acuerdo concreto.
Mientras tanto, las provincias continúan reclamando por la disminución de las transferencias nacionales y la caída de la coparticipación real registrada durante los últimos meses.
Propiedad privada
El fortalecimiento de la protección jurídica sobre la propiedad privada también forma parte de las iniciativas pendientes.
El proyecto impulsado por el oficialismo aún espera tratamiento definitivo en el Congreso luego de varias postergaciones en el Senado.
Gasto público y educación: objetivos con resultados parciales
Entre las metas originales también figuraban reducir el gasto público hasta representar alrededor del 25% del Producto Bruto Interno y mejorar sustancialmente la calidad educativa.
En materia fiscal, si bien el gasto disminuyó respecto de años anteriores, los indicadores aún permanecen por encima del nivel planteado en el acuerdo.
Respecto del sistema educativo, el Gobierno destacó los resultados obtenidos en las Pruebas Aprender 2025, donde alumnos de sexto grado alcanzaron los mejores desempeños de la última década en Lengua y registraron mejoras en Matemática.
Sin embargo, especialistas sostienen que todavía resulta prematuro evaluar si esos avances representan un cambio estructural en la calidad educativa o una mejora coyuntural.
Balance a dos años del Pacto de Mayo
El balance muestra un escenario mixto para el Gobierno nacional.
La administración de Javier Milei consiguió avanzar en varios de los compromisos vinculados con el equilibrio fiscal, la reforma laboral, la apertura económica y la promoción de inversiones privadas. Sin embargo, las reformas consideradas más profundas —como la tributaria, la previsional, la redefinición de la coparticipación federal y la reducción estructural del gasto público— continúan pendientes y representan algunos de los principales desafíos para la segunda mitad del mandato presidencial.
Dos años después de la firma del Pacto de Mayo, el documento mantiene vigencia como referencia política del programa libertario, aunque su implementación todavía está lejos de completarse.
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