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La Justicia de Paraguay condenó a 29 años de prisión a Antonio Ramón Aponte Martínez, de 26 años, al ser declarado culpable del feminicidio de su expareja, María Selva Cano, de 30 años, crimen ocurrido el 6 de febrero de 2023 en el distrito de Mbuyapey, departamento de Paraguarí.
La sentencia fue dictada por el Tribunal Colegiado de Sentencia de Paraguarí, presidido por el magistrado Pedro Nazer Ávila e integrado por los jueces Hugo Ignacio Ríos Alcaraz y Fabiola Quintero. El condenado deberá cumplir la pena en la Penitenciaría Regional de Misiones, en Paraguay.
Un ataque ocurrido a plena luz del día
Durante el juicio oral y público, la Fiscalía acreditó que Aponte Martínez interceptó a la víctima cuando caminaba hacia un arroyo por un camino vecinal del barrio Itatí, donde la atacó con un cuchillo, provocándole heridas mortales. La mujer falleció en el lugar.
Las pruebas permitieron demostrar que el crimen fue presenciado por el hijo menor de la víctima, además de una vecina identificada como Catalina Duré y el hijo de esta, quienes acompañaban a María Selva Cano al momento del ataque.
La Fiscalía probó un historial de violencia de género
Durante el debate, el Ministerio Público expuso que la víctima había sufrido reiterados episodios de violencia física, amenazas de muerte y conductas de control durante la relación con el ahora condenado.
Según la investigación, el hombre nunca aceptó la separación y continuó acosando a la mujer para intentar retomar la relación. La Fiscalía sostuvo que esa situación de violencia persistente terminó desencadenando el feminicidio.
Además, se conoció que María Selva Cano había iniciado una nueva relación sentimental. Tras enterarse del crimen, su pareja, Jorge Daniel Britos Pintos, de 28 años, falleció posteriormente en un hecho que las autoridades informaron como un suicidio.
También intentó quitarse la vida
Luego de cometer el asesinato, Aponte Martínez intentó suicidarse, aunque fue asistido por personal de emergencias y trasladado a un centro de salud, donde recibió atención médica antes de quedar a disposición de la Justicia.
La acusación fue impulsada por el fiscal Óscar Fernández, mientras que la defensa estuvo a cargo de la defensora pública Cristina Espinoza. Tras valorar las pruebas reunidas durante el proceso, el Tribunal resolvió imponer la pena de 29 años de prisión por el delito de feminicidio.
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