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La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) solicitó al Senado de la Nación la incorporación de una serie de modificaciones a la Ley de Inocencia Fiscal, con el objetivo de suspender embargos, reducir multas y establecer planes de pago especiales para pymes, en un contexto de fuerte presión fiscal y caída del consumo. El pedido fue realizado en el marco del debate legislativo del anteproyecto que ya se encuentra en tratamiento en el Congreso y apunta a evitar el deterioro financiero del sector productivo.
La iniciativa fue dirigida a los presidentes de todos los bloques del Senado y se apoya en el incremento de medidas de ejecución fiscal por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Según la entidad empresaria, el avance de embargos y sanciones agrava la situación de miles de pequeñas y medianas empresas, que enfrentan dificultades para sostener su actividad en un escenario económico contractivo.
Entre los principales puntos planteados, CAME pidió que durante el denominado “Período de Espera” de ARCA no se apliquen sanciones, y que quienes regularicen su situación dentro de los 15 días posteriores accedan a una reducción del 50% de las multas, evitando la aplicación total de las penalidades en ese lapso.
Otro eje central del reclamo es la suspensión temporal de ejecuciones fiscales y embargos sobre el sector pyme, una medida que, según la organización, permitiría aliviar la carga financiera inmediata y dar margen de recuperación a empresas en situación crítica.
Asimismo, la entidad propuso la creación de un plan de facilidades de pago de hasta 48 cuotas, con condonación del 50% de los intereses devengados y una tasa de financiación equivalente al 50% de la tasa pasiva del Banco Nación. El esquema alcanzaría deudas vencidas al 31 de mayo, además de planes vigentes y caducos.
Desde CAME sostienen que el pedido se enmarca en un contexto de consumo deprimido y presión tributaria creciente, al que se suma la discusión sobre reformas impulsadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) que, según la entidad, podrían impactar en el poder adquisitivo y la formalidad laboral.
El coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios de CAME, Vicente Lourenzo, afirmó que esperan un tratamiento prioritario en la Cámara alta y remarcó que las medidas buscan proteger la continuidad de miles de empresas y puestos de trabajo en todo el país.
