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El Gobierno nacional reconoció que 2,2 millones de afiliados al PAMI fueron excluidos de la cobertura total de medicamentos tras los cambios implementados en el sistema de acceso a los beneficios. La información surge de un informe oficial remitido al Congreso, donde además se detalla que 1,6 millones de esos beneficiarios utilizaban regularmente los medicamentos antes de la modificación del esquema, aplicada mediante la Resolución 2026-428.
La situación genera controversia porque la reducción del beneficio se mantiene a pesar de una medida cautelar de la Justicia que ordenó restablecer la cobertura integral. Desde la administración nacional argumentan que el nuevo mecanismo busca preservar la sustentabilidad financiera del sistema, mientras que organizaciones de jubilados y sectores opositores denuncian que la decisión afecta el acceso a tratamientos esenciales.
Según el informe, quienes perdieron la cobertura automática deben recurrir actualmente a subsidios sociales o solicitudes de excepción para obtener el beneficio completo. Este procedimiento, sostienen los críticos, implica mayores obstáculos burocráticos para una población que requiere atención médica permanente.
Las advertencias también llegaron desde especialistas vinculados a la defensa de los adultos mayores. El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, cuestionó la implementación del esquema y afirmó que existe un “incumplimiento efectivo” de las resoluciones judiciales. Además, señaló que resulta complejo determinar con exactitud cuántos jubilados necesitan medicación de manera constante debido a la dinámica propia de las enfermedades y tratamientos.
En paralelo, continúa vigente una resolución judicial que ordena restablecer el programa “Vivir Mejor”, una iniciativa que garantizaba la cobertura del 100% de los medicamentos para los afiliados. Sin embargo, los demandantes sostienen que el fallo todavía no fue aplicado en su totalidad, situación que derivó en un incremento de amparos individuales y reclamos contra el organismo.
El impacto económico también preocupa. De acuerdo con estimaciones de la Defensoría de la Tercera Edad, los medicamentos representan actualmente el 27,5% de la canasta básica de un jubilado, con un gasto cercano a los $500.000 mensuales, cifra que supera el valor de una jubilación mínima con bono incluido.
A esto se suma que el bono previsional de $70.000 permanece congelado, lo que habría provocado una pérdida aproximada del 50% de su poder adquisitivo frente al aumento del costo de vida y de los medicamentos durante los últimos meses.
