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El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de ley denominado “Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias”, conocido públicamente como “Súper RIGI”, una iniciativa que propone otorgar amplios beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios a proyectos de gran escala vinculados a sectores tecnológicos y productivos considerados estratégicos.
El texto ingresó por la Cámara de Diputados mediante el mensaje N.º 181/2026 remitido al titular del cuerpo, Martín Menem, y forma parte del paquete legislativo impulsado por el Gobierno de Javier Milei junto con otras iniciativas anunciadas la semana pasada.
La propuesta establece un esquema especial destinado exclusivamente a proyectos con inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares, orientados a actividades que el Ejecutivo define como “genuinamente nuevas” dentro de la estructura económica argentina o aún en fase experimental.
Entre los sectores mencionados aparecen la inteligencia artificial, los semiconductores, la biotecnología avanzada y la infraestructura digital, áreas donde el Gobierno sostiene que la Argentina quedó relegada frente a otros países por décadas de inestabilidad económica y regulatoria.
Un régimen diferencial para proyectos de gran escala
El proyecto crea un marco de promoción específico para inversiones de gran magnitud, con requisitos y condiciones particulares. Las empresas interesadas deberán canalizar cada iniciativa mediante un Vehículo de Proyecto Único (VPU) y ejecutar al menos el 20% de la inversión comprometida durante los primeros dos años.
A cambio, el Estado nacional ofrecería un conjunto de ventajas tributarias y regulatorias significativamente más favorables que las vigentes para el resto de la economía.
Entre los principales beneficios contemplados en Súper RIGI figuran:
- reducción del Impuesto a las Ganancias al 15%;
- amortización acelerada de inversiones;
- posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal;
- retención reducida sobre dividendos;
- exenciones de derechos de importación y exportación;
- acceso a certificados de crédito fiscal para IVA;
- flexibilización del régimen cambiario;
- libre disponibilidad progresiva de divisas obtenidas por exportaciones.
El texto también prevé una estabilidad normativa por 30 años en materia tributaria, aduanera, cambiaria y previsional, uno de los puntos centrales del esquema y, al mismo tiempo, uno de los aspectos que probablemente concentre mayores discusiones parlamentarias.
El argumento oficial: atraer inversiones y reducir incertidumbre
En los fundamentos del proyecto, el Ejecutivo sostiene que la Argentina enfrenta desde hace décadas un escenario de “inestabilidad normativa”, alta presión tributaria y restricciones cambiarias que desalientan la radicación de inversiones de largo plazo.
Según el Gobierno, esa situación dejó al país fuera de las cadenas globales de valor en sectores tecnológicos de alta competitividad internacional.
La administración de Javier Milei argumenta que el nuevo régimen del RIGI busca generar previsibilidad jurídica y económica para proyectos cuya escala requiere horizontes extensos de planificación y recuperación de capital.
En ese sentido, el mensaje enviado al Congreso plantea que el país necesita emitir una “señal institucional” hacia inversores internacionales para posicionarse como destino competitivo dentro de las industrias de innovación tecnológica.
Debate fiscal y discusión sobre el alcance de los beneficios
Más allá de los objetivos planteados por el oficialismo, el “Súper RIGI” abre una discusión política y económica de fondo respecto del modelo de incentivos que el Estado está dispuesto a ofrecer para captar inversiones extranjeras.
Uno de los principales puntos de debate será el costo fiscal potencial del régimen, especialmente en un contexto de ajuste presupuestario, reducción del gasto público y caída de recursos en distintas jurisdicciones.
Este nuevo súper RIGI contempla beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios de largo alcance, además de garantías de estabilidad normativa durante tres décadas, un plazo inusual dentro de la dinámica económica argentina.
También podrían surgir cuestionamientos respecto de la diferencia de condiciones entre grandes corporaciones internacionales y empresas nacionales de menor escala, que continúan operando bajo el régimen tributario general.
Otro aspecto relevante es el grado de condicionamiento futuro que implicaría la estabilidad regulatoria propuesta, ya que limitaría durante 30 años la capacidad del Estado para modificar reglas impositivas, cambiarias o aduaneras aplicables a los proyectos adheridos.
El rol de las provincias y la disputa política
El proyecto establece además que las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y eventualmente municipios deberán adherir al régimen para garantizar condiciones regulatorias compatibles con los objetivos del esquema.
Ese punto anticipa nuevas negociaciones políticas entre la Nación y los gobiernos provinciales, especialmente en torno a cuestiones tributarias y de infraestructura.
En paralelo, el oficialismo buscará construir mayorías en la Cámara de Diputados para avanzar con una de las iniciativas económicas centrales de su agenda legislativa.
El debate parlamentario probablemente quede atravesado por dos visiones contrapuestas: por un lado, la necesidad de generar condiciones para atraer inversiones en sectores estratégicos y, por otro, los interrogantes sobre el alcance de las concesiones fiscales y regulatorias otorgadas a grandes grupos económicos.
Una de las principales apuestas económicas del oficialismo
Con el envío del “Súper RIGI”, el Gobierno profundiza una estrategia económica basada en la apertura al capital privado y en la reducción de regulaciones estatales como mecanismo para incentivar inversiones.
El proyecto representa una de las iniciativas más ambiciosas del oficialismo en materia de política económica e industrial, en momentos en que la administración nacional intenta consolidar señales de estabilidad macroeconómica y recuperar niveles de inversión de largo plazo.
La discusión en el Congreso definirá ahora no solo el futuro del régimen, sino también el alcance del modelo de promoción económica que el Gobierno busca consolidar para los próximos años.
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