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El diputado nacional por Misiones Oscar Herrera Ahuad, integrante de Encuentro Misionero dentro del bloque Innovación Federal, presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para declarar la emergencia salarial educativa en Argentina por un plazo de cinco años.
La iniciativa propone crear un mecanismo federal de recomposición salarial destinado a docentes de todos los niveles obligatorios, utilizando recursos provenientes del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
Según el proyecto, los fondos serían distribuidos de manera automática entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objetivo de fortalecer los salarios docentes, financiar infraestructura escolar y sostener la enseñanza técnica.
En los fundamentos, Herrera Ahuad sostuvo que el sistema educativo atraviesa un deterioro “grave” producto de la pérdida del poder adquisitivo, la caída de la inversión pública y la creciente conflictividad laboral en distintas jurisdicciones.
El texto remarca que el salario docente promedio nacional perdió un 19% real entre septiembre de 2023 y septiembre de 2025, situación que, según el legislador, impactó de manera directa en el funcionamiento del sistema educativo.
Incluye al sector privado y fija criterios de distribución
La propuesta declara la emergencia salarial de la educación obligatoria estatal, aunque también incorpora a la gestión pública privada, desde el nivel inicial hasta el secundario en todas sus modalidades.
El plazo previsto para la emergencia es de cinco años a partir del 1 de marzo de 2026.
Entre los argumentos centrales del proyecto aparecen tres variables consideradas críticas:
- La caída real del salario docente.
- La reducción del gasto educativo consolidado entre Nación y provincias.
- La conflictividad gremial que afecta el normal inicio de clases.
Uno de los ejes principales de la iniciativa es que los fondos ATN que ingresen entre enero de 2026 y diciembre de 2030 sean destinados íntegramente al financiamiento de un suplemento salarial educativo federal.
La distribución sería automática y proporcional a la cantidad de cargos docentes de cada jurisdicción, eliminando mecanismos discrecionales para la asignación de recursos. El esquema incluiría a docentes, directivos y personal no docente en actividad.
Según el proyecto, el 70% de los fondos asignados a cada provincia se distribuiría como “Complemento federal” entre los trabajadores alcanzados, mientras que el 30% restante se destinaría a una “Compensación federal” para quienes desempeñen tareas en escuelas de alta vulnerabilidad social.
Además, el acceso a los beneficios estaría vinculado con la presencia efectiva en las instituciones educativas y la participación en instancias de capacitación y formación continua.
En el caso de Misiones, la distribución transitoria prevista establece que la provincia recibiría el 3,09% de los recursos destinados al esquema salarial federal.
Fondos para infraestructura y escuelas técnicas
Otro de los capítulos relevantes del proyecto propone utilizar los remanentes no distribuidos de los ATN al 31 de diciembre de 2025 para financiar infraestructura escolar y educación técnica profesional.
La iniciativa prevé destinar:
- 75% de los fondos a obras de infraestructura educativa.
- 25% al fortalecimiento de escuelas técnicas, talleres y equipamiento.
El texto señala que se priorizarán obras paralizadas o neutralizadas, además de mejoras vinculadas con instalaciones sanitarias, eléctricas, conectividad y accesibilidad.
Para Misiones, el esquema contempla un 3,68% de participación en infraestructura escolar y un 2,45% en el fondo para educación técnica.
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Un proyecto con eje en el federalismo educativo
En los fundamentos, Herrera Ahuad sostuvo que el objetivo es transformar un fondo históricamente discrecional como el ATN en una herramienta de política educativa federal, basada en criterios objetivos y mecanismos de control y transparencia.
La iniciativa también establece cláusulas para impedir que las provincias reduzcan su inversión educativa mientras reciban los recursos nacionales, obligándolas a sostener el gasto real en educación durante todo el período de emergencia.
Además, incorpora sistemas de auditoría, declaraciones juradas, informes trimestrales al Congreso y evaluaciones de impacto para monitorear la evolución salarial y la ejecución de obras educativas.
Con esta presentación, el espacio Encuentro Misionero vuelve a posicionarse en una agenda vinculada al financiamiento educativo, el federalismo fiscal y la defensa de recursos para las provincias, en medio de un escenario nacional marcado por el ajuste del gasto público y el debate sobre el rol del Estado en educación.
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