La entrega de comprobantes informativos a pacientes atendidos en hospitales públicos de Misiones generó polémica y debate en redes sociales durante los últimos días. El documento detalla cuánto costaría cada prestación médica en el sector privado, aunque desde el sistema sanitario aclararon que la atención continúa siendo gratuita para los pacientes.
El tema fue abordado por el médico y exdiputado provincial Martín Cesino, quien defendió la medida y sostuvo que el objetivo es “mostrar dónde se invierten los recursos públicos”.
“Es importante que la gente sepa cuánto implica la inversión en salud. No es un cobro al paciente, sino una forma de transparentar lo que el Estado invierte en cada atención”, explicó.

Según indicó, el comprobante funciona como un detalle informativo del valor estimado de consultas, estudios, medicamentos o procedimientos realizados dentro del sistema sanitario público. “La salud sigue teniendo costo cero para la persona que se atiende”, remarcó.
Sin embargo, la iniciativa despertó críticas en redes sociales, donde algunos usuarios interpretaron la medida como una forma de “hacer sentir culpables” a los pacientes por utilizar el sistema público.
Ante esas opiniones, Cesino consideró que hubo “mala información” y aseguró que el espíritu de la propuesta es generar conciencia sobre la importancia de sostener el sistema sanitario.
“Es la inversión que hacen todos los misioneros con sus impuestos para garantizar derechos fundamentales como la salud”, expresó.

El médico también contextualizó la discusión al señalar el fuerte crecimiento de la demanda en hospitales públicos de la provincia. Según afirmó, solamente el Hospital Madariaga atendió cerca de 200 mil pacientes en los primeros meses del año.
Además, aseguró que una parte importante de quienes recurren al sistema público posee obra social o prepaga, pero enfrenta dificultades para acceder a turnos, cobertura médica o medicamentos.
“Muchos pacientes dejaron de pagar la prepaga porque no pueden sostener el costo. Otros tienen obras sociales que no cubren estudios o demoran prestaciones, y terminan recurriendo al hospital público”, explicó.
En ese sentido, defendió el rol del sistema sanitario provincial y destacó que la atención se mantiene garantizada independientemente de la situación económica o cobertura médica de cada paciente.
“El hospital atiende a todos. Lo único que se pide es el documento para ingresar al sistema”, afirmó.
La polémica continúa abierta en redes sociales, donde usuarios debaten entre la necesidad de transparentar el gasto público y el temor a que la medida pueda interpretarse como un intento de “poner precio” a la salud pública.



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