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El oficialismo impulsado por el presidente Javier Milei busca avanzar esta semana en acuerdos legislativos en el Congreso de la Nación, con el objetivo de obtener dictamen y aprobar la nueva Ley de Propiedad Privada. La iniciativa, que genera tensiones con bloques dialoguistas como la UCR, el PRO y espacios provinciales, propone eliminar restricciones a la compra de tierras por extranjeros, modificar la regularización de barrios populares y agilizar desalojos, lo que explica las negociaciones abiertas y las resistencias políticas.
Desde el entorno oficial reconocen que “aún no están los votos”, por lo que se intensificarán las conversaciones para introducir cambios que permitan sumar respaldos. En este contexto, todavía no fue convocado el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, presididas por los libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez.
Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es la eliminación del límite de 1.000 hectáreas para la compra de tierras por parte de extranjeros, establecido en la Ley 26.737 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La nueva propuesta oficial, firmada también por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, plantea que solo se requerirá autorización en casos vinculados a Estados extranjeros, con el argumento de proteger la soberanía sin limitar inversiones.
Sin embargo, incluso sectores aliados expresaron reparos. La senadora Edith Terenzi advirtió sobre el riesgo de concentración de tierras en manos extranjeras, especialmente en provincias con grandes extensiones estratégicas como Chubut. En paralelo, bloques dialoguistas coinciden en que no debería mantenerse el límite actual, pero tampoco habilitar una apertura sin controles claros.
En cuanto a los barrios populares, la iniciativa introduce cambios en la Ley 27.453 que generan preocupación. Entre ellos, se destaca la eliminación de mecanismos de expropiación, la descentralización del proceso de regularización y el fin de la suspensión de desalojos por diez años, lo que podría derivar en un aumento de conflictos habitacionales. Además, se reduce la participación de organizaciones sociales en obras de urbanización.
El proyecto también propone un sistema de desalojos más rápido, con plazos reducidos: tres días para intimación por falta de pago y cinco días para ejecutar el desalojo, simplificando los requisitos judiciales.
Otro capítulo relevante es la modificación de la ley de Manejo del Fuego, que elimina restricciones vigentes desde 2020 que impedían vender o cambiar el uso de tierras afectadas por incendios durante décadas. Según el Gobierno, estas limitaciones resultan ineficientes y afectan el derecho de propiedad, aunque críticos sostienen que su eliminación podría debilitar la protección ambiental.
Mientras el oficialismo intenta consolidar apoyos, el debate expone una fuerte disputa sobre el equilibrio entre inversión, soberanía territorial, derechos habitacionales y regulación estatal, en un escenario donde cada voto será determinante para el futuro de la ley.
