El magistrado de instrucción de Posadas, fue denunciado por su –por entonces– esposa por “sucesivos hechos lesivos” para la convivencia familiar en mayo del 2012, pero no fue convocado a declarar ante el Juzgado de Familia interviniente, donde la titular fue ascendida a camarista, en los últimos años. El acusado ni siquiera enfrentó acusaciones ante la Magistratura misionera
La denuncia por violencia de género contra el juez de instrucción Fernando Verón, que presentó la expareja del magistrado el 17 de mayo del 2012, quedó cajoneada en el Juzgado de Familia que presidía Julia Marta Alegre, luego ascendida a camarista en 2018. Toda una muestra de lo que viven muchas mujeres en la provincia, al momento de demandar a sus parejas por violencia machista.
La denuncia presentada en la Comisaría de la Mujer de la Unidad Regional 1 Posadas, contra el juez Verón, se basa en una exposición de “sucesivos hechos lesivos” para la convivencia familiar. Por entonces, la mujer evitó recurrir al fuero penal para avanzar con más celeridad, por lo que radicó la denuncia ante el Juzgado de Familia que presidía Alegre. Sin embargo, la entonces jueza de Familia no citó a declarar a Verón. Ello pese a que, de acuerdo con la normativa vigente, el juez acusado no podía interponer fueros.
Por entonces, se supo que la mujer habría denunciado varios episodios sumamente violentos en su contra, que estarían vinculados a un consumo problemático de alcohol por parte del magistrado. Según trascendió en medios posadeños, el temor al juez y a las influencias en poder judicial y político, impidieron que la mujer radicara una denuncia antes de mayo del 2012. Pero la necesidad de proteger a sus hijos fue más fuerte y por eso habría presentado la demanda.
Incluso, la entonces esposa de Verón habría comentado en la denuncia que buscaba evitar que sus hijos sigan padeciendo esta situación, ya que estarían siendo afectados psicológicamente por la violencia de género. Asimismo, vecinos de la zona de Itaembé Miní, donde residía la familia, habrían sido testigos de las golpizas a la mujer. Y hasta habrían contado, extraoficialmente, que Verón conducía su vehículo en estado de ebriedad.
Sin embargo, el juez quedó blindado frente a la demanda. No sólo por la entonces jueza de Familia Alegre, que no lo convocó a declarar, sino también por los miembros del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, que no tomaron medidas administrativas como la separación temporaria en el cargo del juez denunciado. De hecho, no hubo una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento en el Consejo de la Magistratura provincial, que avanzara hacia un proceso de destitución. La violencia de género entraría en lo que se considera falta de decoro de un magistrado provincial.
A más de una década de la denuncia, está claro que la causa por violencia de género nunca habría llegado a la instancia de juicio. Y más significativo aún: la jueza de familia que cajoneó el expediente contra Verón, recibió el acuerdo legislativo en julio del 2018, para ser designada como Vocal de Cámara de Apelaciones en materia de Familia de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en Posadas.
Paradójicamente, Alegre juró en el cargo junto con otros seis magistrados, entre los que se encontraba Pedro Alberto Fragueiro, quien fue designado como Juez de Primera Instancia con competencia en Familia y Violencia Familiar de la Tercera circunscripción judicial, con asiento en Puerto Iguazú.
¿Por qué son paradojales estas designaciones de Alegre y Fragueiro? Porque a este último lo destituyeron del cargo por acumular denuncias de acoso y abuso sexual, en junio del 2021.
En cambio, a la jueza Alegre –famosa por denegar un aborto no punible a una niña violada de 14 años de edad, en agosto del 2011– la ascendieron a camarista, un tribunal estratégico en todas las causas por violencia de género, violencia intrafamiliar, alienación parental, entre otras.
